SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El pacto eléctrico camina hacia el fracaso. Es la primera respuesta del físico e ingeniero nuclear Antonio Almonte cuando se le pregunta sobre la reforma del sector eléctrico dominicano.
‘‘Yo dudo que ese pacto eléctrico pueda tener éxito porque el primero que ni cree ni lo quiere es el gobierno. Quiere manos sueltas para administrar su Punta Catalina, para administrar la distribuidora, para subir y bajar tarifa, para hacer contrato con fulano.
‘‘El gobierno no quiere soltar el filón eléctrico al curso de las leyes, la institucionalidad, las normas y la regulación, sino que quiere el control’’, explica.
Las empresas eléctricas del gobierno ‘‘son centros de subcontrataciones y amiguismo político’’
Recientemente el superintendente de Electricidad, César Prieto, comentó que en la mesa de diálogo hay dos puntos de disenso: quién administrará Punta Catalina y el tema tarifario.
Sobre estos aspectos, Amonte plantea que se debe avanzar en componentes fundamentales: el sector de generación y qué hacer con Punta Catalina; el sector de regulación, se debe sacar la mano política de las decisiones fundamentales del mercado eléctrico y permitir que los agentes compradores, empresarios, sean los que decidan.
‘‘Quiero decir que el propio gobierno puede tener sus empresas, pero que operen como empresas, no como jefes políticos. Es decir, Punta Catalina o las distribuidoras deben operar como empresas, por consiguiente todas sus actividades deben ser regidas por la eficiencia de su participación en el mercado y el ahorro de gastos y de costos. Pero no es así: son centros de subcontrataciones y amiguismo político’’, advierte.
La regulación significa darle el poder a la Superintendencia para que interprete las normas y las leyes, expresa.
La tarifa: el precio depende del aire político
Recuerda que la tarifa le agrega transparencia a las transacciones en el mercado minorista porque es el mecanismo de precio que interesa tanto al consumidor como al inversionista que produce electricidad.
‘‘Si la tarifa está como aquí siempre ha estado, narigoneada por el poder político, nunca han aplicado la tarifa técnica, que se supone es la que reflejaría los costos, que determinaría que cuando suban los factores de producción, suba el precio; y cuando baje, realmente baje el precio’’.
Menciona que en el país ‘‘el precio de la tarifa se coloca a un nivel dependiendo del aire político’’ de la conveniencia política. ‘‘Y si no hay transparencia en el precio de venta de un producto, nunca habrá confianza e institucionalidad en ese negocio’’.
Señala que el inversionista privado cuando va a invertir en lo primero que se fija es ‘‘si me van a pagar y cómo es que se me paga’’.
Desde su mirada cercana del sector, dice que siempre estarán buscando ventaja, tratando de promover oligopolios y el gobierno utilizará la tarifa con fines políticos: cuando le conviene la sube y cuando no, la mantengo ahí estancada.
‘‘Un pacto eléctrico tiene que definir el mecanismo transparente autónomo de establecimiento de la tarifa’’.
Almonte desconfía que esto suceda porque al gobierno del presidente Danilo Medina ‘‘poco le importa que fracase el pacto eléctrico’’.