La Primera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional confirmó este lunes la prisión preventiva al mayor general Adán Cáceres Silvestre, acusado de corrupción dentro de la Operación Coral.

Los jueces Doris Pujols, presidenta, Carmen Mancebo y Rafael Vásquez, quienes integran el tribunal de alzada, conocieron el recurso de apelación interpuesto por los abogados del imputado y decidieron mantener en prisión al encartado y que cumpla los 18 meses que les fueron dictados en mayo pasado.

El Ministerio Público recordó que en mayo pasado presentó pruebas que llevaron a los tribunales a imponer la prisión preventiva en contra del mayor general y de Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), así como del cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la religiosa; el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.

Y en contra Raúl Alejandro Girón Jiménez se ordenó el arresto domiciliario por razones de seguridad, por cooperar con la investigación del Ministerio Público.

Los imputados guardan prisión en los centros de corrección y rehabilitación de Najayo Hombres y Mujeres, en San Cristóbal, mientras el Ministerio Público continúa profundizando la investigación del caso, que ha sido declarado de tramitación compleja.

Los imputados son procesados por incurrir en los delitos asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.

El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), destacó que jueces de distintas instancias ratifican como correcta la prisión preventiva como medida de coerción contra Adán Cáceres y certifican la solidez de la investigación y la acusación presentada por los fiscales.

“Ocho jueces han dicho que el proceso que ha presentado el Ministerio Público en contra de Adán Cáceres es un proceso blindado”, recalcó.

Según el MP, el entramado criminal desmantelado con el caso Coral desarrollaba sus actividades delictivas en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), principalmente, con el abultamiento de la nómina.

Destacó que en el transcurso del proceso judicial se estableció que realizaban operaciones fraudulentas para adquirir bienes muebles e inmuebles, vehículos de lujo y propiedades en diferentes lugares del país, valorados en millones de pesos.