SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La jueza Keila Pérez Santana, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ratificó hoy las medidas de coerción impuestas a los implicados en el caso de corrupción denominado Coral, que tiene de principal protagonista al mayor general Adán Cáceres Silvestre.
También a la pastora Rossy Guzmán, a su hijo Tanner Flete Guzmán, al coronel Rafael Núñez de Aza y al sargento Alejandro José Montero , todos quienes deberán seguir purgando prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo.
A Raúl Alejandro Girón Jiménez, a su vez, también le fue ratificada la prisión domiciliaria.
El fiscal de la Pepca, Wilson Camacho, afirmó que el proceso ha resultado “imbatible” para las defensas.
“Al día de hoy no han podido presentar un argumento que pueda afectar el caso del Ministerio Público y, sobretodo, tratándose de una revisión de medida de coerción, no han presentado un solo presupuesto que hiciera pensar, ni siquiera someramente, la posibilidad de que se variara las medidas de coerción”, señaló.
Explicó que el Ministerio Público ha seguido avanzando en la investigación y que además presentaron presupuestos nuevos que agravan la situación de los imputados y que le dieron razones suficientes a la jueza para mantener las medidas de coerción.
Dijo que presentaron evidencias de destrucción de pruebas, además de pagos millonarios que se habrían hecho a empresas que simularon suplir bienes que no se suplieron.
Además, según Camacho, presentaron pruebas de que unas armas que se ocuparon en el proceso ni tienen registro de ingreso a República Dominicana.