SANTO DOMINGO, República Dominicana.-"Tratándose de una revisión de medida de coerción, no han presentado un solo presupuesto que hiciera pensar, ni siquiera someramente, la posibilidad de que se variara la medida de coerción y esa es la razón por la que se ha confirmado".
Estas fueron parte de las declaraciones del procurador adjunto, Wilson Camacho, para explicar la motivación que presentó el Ministerio Público para lograr la ratificación de la medida de coerción de prisión preventiva contra cinco imputados del caso Coral, incluyendo el mayor general Adán Cáceres Silvestre.
En un comunicado de prensa, la Procuraduría indicó que presentó nuevos elementos que "agravan la situación jurídica de los imputados del Caso Coral". Los otros imputados a los que se le ratificó la medida fueron Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora) y a su hijo, Tanner Antonio Flete Guzmán. También, al coronel policial Rafael Núñez de Aza y al sargento de la Armada, Alejandro José Montero Cruz.
Todos cumplen prisión preventiva en los centros de corrección y rehabilitación de Najayo, en San Cristóbal.
Sobre ellos, la jueza Keila Pérez Santana, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, acogió la solicitud del Ministerio Público y decidió mantener la prisión preventiva. El tribunal también confirmó el arresto domiciliario vigilado con impedimento de salida del país impuesto al mayor del Ejército, Raúl Alejandro Girón Jiménez.
Sobre esta decisión, el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) sostuvo que el proceso ha resultado imbatible para las defensas, "a tal punto, que en el día de hoy no pudieron presentar ni siquiera un argumento que pueda afectar el caso del Ministerio Público".
Camacho destacó que mientras la defensa no presentó ningún presupuesto para que se le pudiera variar la medida de coerción, el Ministerio Público, que ha seguido avanzando en su investigación y que ha hecho su tarea, sí presentó presupuestos nuevos que agravan la situación jurídica de cada uno de los imputados y que le dieron razones suficientes a la jueza para mantener la medida de coerción.
Se trata de "una gran cantidad de pruebas que resultan abrumadoras para las defensas y que quizás eso lo puede presionar a ellos (los abogados)”, comentó Camacho.
El procurador adjunto precisó que los fiscales presentaron evidencias de destrucción de pruebas en temas relativos al Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), sobre pagos millonarios que se hicieron a empresas que simularon proveer bienes que no se entregaron.
Igualmente, dijo que presentaron evidencias de unas armas que se ocuparon en este proceso, que no tienen ni siquiera registro de ingreso a República Dominicana, lo que agrega al caso el delito de tráfico de armas.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) quien encabeza el equipo de litigación junto a la directora general de Persecución del Ministerio Público, procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, ofreció sus declaraciones a la prensa luego de que el tribunal ratificara la prisión preventiva a los encartados.
Sobre el caso
El entramado criminal desvelado con la Operación Coral desarrollaba sus actividades delictivas en el Cusep y en Cestur, principalmente con el abultamiento de la nómina.
El Ministerio Público sostiene que el grupo realizaba operaciones fraudulentas para adquirir una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles, vehículos de lujo y propiedades en diferentes lugares del país. Además, que los acusados habían comprado propiedades millonarias, que incluyen un yate, con fondos sustraídos del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).