SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El representante legal de la familia del regidor Renato Castillo, Juan Dionicio Rodríguez Restituyo, aseguró este martes 02, que no descarta la implicación de un segundo autor intelectual en la muerte del funcionario de Bayaguana, asesinado el pasado miércoles 25.

Rodríguez Restituyo expresó que, a pesar de la acusación hecha al alcalde municipal, Nelson Osvaldo Sosa Marte (Opi), de contratar por 400 mil pesos a José Marcial Cuello Soto (Prieto), de 34 años, acusado de disparar contra el regidor y Yorkis Severino Alberto (Cocky), de 27 años, quien conducía la motocicleta utilizada al momento del crimen, debido a las pugnas internas dentro del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y las constantes denuncias realizadas por Castillo, podría existir un cómplice intelectual.

El abogado de la familia Castillo-Acosta, manifestó que debido a los hechos ocurridos durante la elección interna del Comité Central del PLD, los cuales señaló como violentos, el regidor (seguidor de la corriente Danilista) había manifestado a varios funcionarios públicos sentirse amenazado, aunque no especificó por quien o quienes se sintió intimado.

“La lucha a lo interno del PLD es cruenta, pero muchas de las cosas no salen a los medios, y no solo en el caso de Bayaguana, donde hubo amenazas y heridos”, aseveró.

Asimismo, expresó su preocupación ante el auge de los asesinatos a sueldo, especialmente en los que involucran a funcionarios del Estado, como el ocurrido en Bayaguana.

En ese orden, manifestó que República Dominicana se enfrenta a la inauguración de un nuevo modelo de sicariato, que implica ya un crimen político y que amenaza ahora a cualquier persona que quiera hacer una denuncia a cualquier funcionario público

“Cualquier funcionario puede contratar a un sicario, para que, ante cualquier acusación de corrupción como ocurrió en el caso del regidor, quien había solicitado una auditoría a la Cámara de Cuentas y que arrojó un desfalco en el ayuntamiento, pueda “resolver el problema”.

Expresó, además, que las autoridades han estado jugando con el sicariato, debido a que “no es posible que el sicariato esté tomando auge si no es con la complicidad de las autoridades”.

“El sicariato tiene un pie de amigo en un segmento de la Policía Nacional y las autoridades tienen la responsabilidad de detener el sicariato, a través de actuaciones, depurando la policía nacional y establecer un control social para evitar que sigan las ejecuciones de inocentes”.

Cuestionamientos.

Rodríguez Restituyo, declaró que en el caso de la defensa del Consejo de Regidores frente a la empresa minera Barrick Gold, en la que obtuvieron una sentencia gananciosa, evacuada por la Cámara Civil y Comercial de Monte Plata, y que obligaba a la empresa multinacional a pagar aproximadamente unos 92 millones de pesos anuales por el uso de suelo  en el que se habrían instalado más de torres eléctricas en ese municipio, así como el espacio aéreo, el sindico realizó una negociación por “encima” del cabildo, estableciendo un acuerdo de 22 millones de pesos  (10 millones suministrados por la Barrick Gold y 12 otorgados por la compañía eléctrica EGE Haina), el cual fue recibido de forma inmediata por el ayuntamiento.

Esto originó, en conjunto con la auditoría efectuada por la Cámara de Cuentas, serias interrogantes a la administración del alcalde de Bayaguana elevadas por Castillo, quien inquiría sobre el destino de los fondos suministrados por la empresa minera.

Conocimiento de medida.

“Este proceso ya debió de conocerse ayer lunes y todavía estamos en ese proceso por una incomprensión del defensor público y por un engreimiento de su abogado defensor, de que no pudo dar una sola explicación al juez de porqué tuvo que esperar más de una hora, aun declarado en abandono, no pudo dar una explicación”, afirmó Rodríguez Restituyo sobre el conocimiento de medida de coerción, aplazada para este martes 01.

El lunes 30, el juez de la cuarta Sala de Audiencia de la Corte de la provincia Santo Domingo, Darío Gómez, aplazó la audiencia en la que sería impuesta la medida de coerción al imputado Nelson Osvaldo Sosa Marte, para las cinco de la tarde, sin embargo, debido a la ausencia de la parte defensora, fue pospuesta nuevamente para este martes 01, a las dos de la tarde, en la Fiscalía de la Provincia Santo Domingo.

Asimismo, la oficina de defensoría pública rechazo defender al síndico de Bayaguana, debido a que el imputado cuenta con los recursos suficientes para costear un abogado.

Tomás Castro explicó que no pudo asistir a la audiencia pautada para la una de la tarde de este lunes 30, debido a que encontraba preparando la defensa de su cliente, retraso sufrido debido a que no pudo edificarse sobre el expediente acusatorio,  el cual no fue entregado a tiempo.

En lo referente a la negativa realizada por parte de la oficina de Defensoría Pública de representar a Sosa Marte, Rodríguez Restituyo manifestó que se trató de un error cometido por la oficina, y afirmó que es una acción “sospechosa y peligrosa”, el que un defensor público se ponga en alianza con la defensa privada para no defender a un imputado.

Indicó que el juez, como dueño de la audiencia, puede cambiar la defensa de un imputado, aunque tenga el dinero necesario para costear un defensor, debido a que su prioridad es asegurar una buena defensa dentro del proceso.

Finalmente, manifestó que entiende debe otorgársele prisión preventiva a Sosa Marte, no solo por la existencia de riesgo de fuga, sino para garantizar la seguridad del imputado, debido a la forma en la que se cometió el crimen, del cual supuestamente, es el autor intelectual.