SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El coordinador general de Participación Ciudadana, Cándido Mercedes, lamentó este lunes 11 que a un año en que el Ministerio de Administración Pública (MAP) remitiera al Poder Ejecutivo el anteproyecto de Reglamento de Aplicación Ley de Salarios, el presidente Danilo Medina no promulgue tan importante normativa para la administración pública.

Mercedes dijo que no tiene explicación lógica alguna el rezago del Poder Ejecutivo para impulsar la implementación de la  Ley número 105-13 sobre Regulación Salarial del Estado dominicano, que fue promulgada el 6 de agosto del  2013, hace casi dos años.

“La ausencia del Reglamento de Aplicación permite el desorden, la desigualdad, la distorsión salarial, la inequidad, donde el funcionario público que más gana, percibe un ingreso de 205 veces más que un servidor público de menor ingreso; él tendría que trabajar 17 años para igualar u obtener un salario de los que más ganan en un mes”, expresó.

El coordinador general de PC, aseguró que se han violentado todos los plazos establecidos en la propia normativa, para la aprobación del Reglamento de Aplicación, que tenía un plazo de 6 meses para que el Ministerio de Administración Pública elaborara el reglamento de escala salarial e incentivos para los entes y órganos dependientes o vinculados al Poder Ejecutivo, el cual debió ser dictado por el presidente de la República.

“El Reglamento de La Ley de Salarios, se encuentra en el despacho  de la Consultoría Jurídica hace un año y  dice no comprender los retrasos y decidía para poner  a  caminar  ese importante instrumento  de la administración pública, que  vendría  a organizar  uno  de los  aspectos más neurálgicos del  Estado dominicano: El desorden salarial y la  desigualdad  que impera en el mismo,  a la hora  de su asignación”, señaló Mercedes.

Indicó que la ausencia  del Reglamento para la aplicación de la Ley de Regulación Salarial,  está vulnerando y  desconociendo la propia Constitución en su artículo 140, que reza: “Ninguna institución  pública o entidad autónoma  que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones  tendentes  a incrementar la remuneración  o beneficios  a sus incumbentes o directivos, sino para un período posterior al que fueron  electos o designados. La inobservancia  de  esta disposición será  sancionada  de conformidad con la ley”.

Puntualizó que la carencia de dicho Reglamento constituye una violación  a la Constitución y la cual demanda a que el mismo que está en manos del presidente de la República sea promulgado, ya que su inobservancia  a  esta fecha  está violando preceptos  constitucionales, así como a la misma ley, pues las fechas previstas para emitir sus respectivos reglamentos ya caducaron, poniendo en inmovilidad  los mecanismos institucionales, como la efectividad gubernamental, elementos primordiales de la gobernanza.