SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La salud, que según la Constitución es un derecho fundamental, se privatiza y convierte en un negocio más, regido por la regla de la oferta y la demanda; una mercancía a la cual se accede según se tenga empleo e ingresos individuales suficientes.
Este es uno de los planteamientos del informe “¿Seguros de salud o Negocio seguro?, un análisis del modelo de financiamiento y mercantilización de la salud bajo el régimen de seguros en República Dominicana” que presentó la Fundación Juan Bosch.
En el estudio realizado por Matías Bosch Carcuro, presidente de la Fundación Juan Bosch, y Airon Fernández Gil, economista, se dan argumentos teóricos, conceptuales y estadísticos que demuestran que en República Dominicana se instauró un modelo de salud y protección social basado en el aseguramiento, esencialmente neoliberal, que sistemáticamente desfinancia al sector público y lo relega a un papel residual y caritativo, con recursos cada vez más bajos y desiguales que lo ponen al borde del colapso, mientras se engorda una gigantesca industria privada de finanzas y servicios.
‘‘Como consecuencia de la vocación capitalista de los servicios de salud, cada semana salen numerosas noticias, que nos informan de los graves problemas de salud que aquejan a la población dominicana; alta mortalidad materno-infantil, negación de atenciones en su totalidad o parcialmente, falta de equipos y materiales esenciales, epidemias que causan muertes evitables, crisis de los hospitales, penosas condiciones laborales de médicos y enferme-ros(as), son solo algunos de los males que dan cuenta de un sistema de salud funcionando mal’’, dicta el análisis.
Bosch Carcuro explicó que “al mismo tiempo, se nos dice que no hay recursos disponibles o que son difíciles de encontrar para emprender las mejoras y los cambios que se requieren. Los recursos —se insiste— son escasos y, aunque las leyes digan otra cosa, no alcanzan para todo y la salud es una víctima de esta realidad”.
Destacó que la dinámica actual ha convertido el derecho fundamental a la salud en un lujo que está fortaleciendo una industria poderosa de aseguradoras de riesgos de salud (ARS) y de servicios privados que, de acuerdo con el sistema implantado desde 2001, prometen ser la solución a todos los problemas.
En consecuencia, la población ha quedado dividida en dos segmentos: uno que puede pagar y otro que no, del cual debe encargarse el Estado. Lo público —se nos ha dicho— funciona mal y contamina la administración, a lo sumo está para proteger al desvalido y a quienes “no tienen”, mientras lo privado ofrece libertad, seguridad y confiabilidad”
Buscando soluciones
Esta investigación plantea que para alcanzar un verdadero sistema universal de salud y protección social es necesario y urgente llamar al país a un debate objetivo y franco, sobre lo que se está haciendo en República Dominicana con el financiamiento a la salud y las repercusiones que esto tiene para la dignidad y el disfrute de los derechos fundamentales consagrados en la propia Constitución nacional y en los pactos internacionales.
“Necesitamos recolocar la democracia y los derechos humanos, económicos, sociales y ambientales, que protegen el bienestar colectivo, en el centro de la organización de la sociedad, y desmercantilizarlos. Tal como están administrados hoy en día, ponen todo el esfuerzo de la colectividad al servicio de la ganancia de una casta minoritaria, y condicionan la dignidad humana y la calidad de vida a su buen rendimiento financiero”, concluye.