SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Durante toda la historia de nuestro país se ha contado con distintos órganos de Gobierno que administran el Estado y a la vez han existido entidades y cargos públicos destinados a obligaciones o funciones muy parecidas o duplicadas, situación que ha generado que tanto las nóminas del sector público como el presupuesto nacional sobrecarguen el erario.
El tema de la reorganización de la administración pública con el fin de eliminar, sustituir y fusionar entidades que comparten quehaceres ha sido uno de los compromisos asumidos por el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, quien ya ha anunciado el cierre de algunas entidades, no obstante se entiende que existen cargos o posiciones que de igual manera deben desaparecer.
Recientemente, Luis Abinader designó 31 mujeres como las gobernadoras de cada provincia, pero exactamente ¿qué se hace en una gobernación provincial? ¿Reciben un presupuesto?
Las gobernaciones provinciales existen para que el jefe de Estado de un país pueda mantener contacto directo con las diferentes provincias. Su función principal es representar al presidente en cada demarcación.
La Ley 2661 de 1950, Sobre las Atribuciones del Gobernador (a), explica que también deben de velar porque se cumplan la Constitución y las leyes del país, así como los decretos y reglamentos del Poder Ejecutivo para su provincia, controlar las actividades de los individuos "condenados a la vigilancia de la alta policía", cooperar con el orden público, discutir, analizar y proponer estrategias de desarrollo según corresponda, promover la participación de los ciudadanos a través de las organizaciones locales.
Asimismo, velar por el cumplimiento de la ley sobre policía rural, mantener libre de obstáculos los caminos públicos, inspeccionar oficinas municipales.
En cuanto al salario de los gobernadores provinciales, hasta el momento estos funcionarios y funcionaras tienen establecido un salario de $150,000 pesos. Si se suman las 31 demarcaciones, esto indica que el Estado dominicano estará pagando la suma de unos $4, 650,000 pesos por mes y $55, 800,000 al año. Los icumbentes de las gobernaciones también cuentan con vehículos asignados por el Estado, con mantenimiento incluido y combustible. Además, deben disponer de una oficina equipada y un personal de servidores públicos bajo sus órdenes.
A través del Ministerio de Interior y Policía, las gobernaciones reciben los recursos presupuestarios para sus gastos corrientes, que incluyen pago de empleados. Para este año por esa vía las gobernaciones terminarán recibiendo $35 millones. Conforme a las estadísticas, los gastos mensuales de estas oficinas rondan el millón de pesos.
Un dato importante es que, si el gobernador no puede desempeñar sus funciones por cualquier motivo entonces lo hará el alcalde del muncipio cabecera de la provincia. En otras palabras, las tareas que debe desempeñar el gobernador civil provisional son asignaciones que pueden cumplirse desde las alcaldías, razón por la cual algunos articulistas como Pablo Gómez Borbón, colaborador de este medio y Pablo Vicente del Nuevo Diario, pidieron analizar este tema con la intención de su eliminación o el relanzamiento de esa figura para que su representación sea verdaderamente efectiva.
Sin embargo, en el marco legal, la figura del gobernador provincial está presente en el Constitución Dominicana por lo que para eliminar ese cargo público, se deberá hacer una reforma a la Carta Magna.
Específicamente en el artículo 198 de la Constitución se expresa lo siguiente: “El Poder Ejecutivo designará en cada provincia un gobernador civil, quien será su representante en esa demarcación. Para ser gobernador civil se requiere ser dominicano o dominicana, mayor de veinticinco años de edad y estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos. Sus atribuciones y deberes serán determinados por la ley”.
Debido al interés mostrado por el presente Gobierno en hacer más funcional y austero el Estado, no han faltado voces de juristas y politólogos que proponen que se debata con seriedad la pertinencia de mantener la gobernación provincial, un cargo que en sus tareas colide o se tropieza con las que ya tienen a su cargo los alcaldes, las autoridades del Ministerio Público, la Policía Nacional y los legisladores.