SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez Liranzo, explicó que la ley 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos actual establece topes muy altos para el financiamiento a los candidatos y candidatas en procesos electorales a nivel de precampaña y campaña, y recordó que la misma no contempla ningún tipo de consecuencia a la hora de su violación.
“Por ejemplo, las informaciones que manejamos desde nuestra Dirección de Fiscalización es que prácticamente de los candidatos en las elecciones pasadas, fueron muy pocos los que rindieron informe con relación al tope”, reveló Jáquez Liranzo.
Ante esto, recordó que la propuesta de la JCE contempla en el caso de los topes, reducirlos en la precamapana en un 75 % y en la campaña a un 65 %.
“Por ejemplo, si fuese un candidato presidencial el tope sería en una precampaña, de aproximadamente unos 500 millones de pesos, nosotros proponemos reducirlo a unos 200 millones de pesos; pero también se reduce el tiempo de la campaña de 115 días a 60 días. Ya en la campaña proponemos 65 % de reducción, pasaría de 900 millones de pesos aproximadamente, a unos 400 millones de pesos”, indicó.
Ante la observación de si se presenta la oposición de los partidos en esta parte de la propuesta, Jáquez Liranzo recordó que hay una realidad y una doble partida destinada a los candidatos (financiamiento privado y público).
“Usted va a recibir fondos del Estado y estos son los gastos que hacen individualmente los candidatos y candidatas para su precampaña y campaña, que normalmente se agencian de esa contribución privada”, dijo.
Apuntó que esa fiscalización debe ser, según la propuesta de ley de la JCE, cada dos semanas a partir de la proclama con un registro y un software de contabilidad y de auditoría que debe ser estandarizado.
Señaló que incluso partidos políticos que han ido a la JCE han expresado estar de acuerdo en ser fiscalizados.
Sanciones propuestas por la JCE
El presidente de la JCE detalló que entre las sanciones en caso de que un candidato o candidata viole lo establecido a los topes de financiamiento, la propuesta que presenta el órgano comicial contempla multas e inhabilitación de la candidatura para el periodo vigente y también el próximo.
“El que no hace el reporte, que ojala sea digital, porque la documentación se borra normalmente… si no cumple con esto podría ser inhabilitada su candidatura al cargo de elección popular al que usted aspira con una multa de 100 a 200 salarios mínimos”, señaló.
Dijo que en la propuesta también se reduce la contribución individual que hace cada persona a los candidatos, que actualmente es de 1 % y se propone bajarla a un medio por ciento del tope individual.
“Es decir, porque todo dependerá de la circunscripción y de la cantidad de electores. Por ejemplo, actualmente en la circunscripción de Santiago para un candidato a diputado en precampaña son 14 millones de pesos y 25 millones para la campaña; nosotros proponemos que eso baje a 3 millones en la precampaña y en la campaña a 9 millones de pesos”, explicó.
Sobre la propuesta de que los partidos políticos puedan ser sujetos obligados en materia de lavado de activos, el magistrado Román Jáquez Liranzo señaló que la propia ley establece que cuando un partido político recibe fondos ilícitos, sus miembros y sus cargos directivos puedan ser sometidos en base a la Ley de Lavado de Activos: “Eso lo dice la ley actualmente”.
“El Pleno no ha propuesto esto, ahora sí de manera particular en el2014 nosotros como decano hicimos esa propuesta de que los partidos pudieran ser sujetos de lavado de activos”, rememoró Jáquez Liranzo.