SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La directora ejecutiva de Participación Ciudadana, Rosalía Sosa Pérez, lamentó que mientras en el mundo claman por un cambio a través de pactos nacionales que aborden una solución real a la pobreza e invitan a materializar acuerdos políticos para cerrar las brechas de desigualdad, en República Dominicana se pacten acuerdos y se asumen compromisos para continuar con prácticas clientelares y reproducir el mismo modelo de Estado basado en un “crecimiento económico” cuyo efecto multiplicador es la pobreza, la exclusión y la desigualdad.
En ese sentido, Sosa Pérez recordó que siendo Danilo Medina candidato sostuvo que la reelección no es saludable para la democracia dominicana, por la carencia de instituciones sólidas; y hoy que es presidente de la República, cuenta con todos los mecanismos que le brinda el poder para fortalecer esa institucionalidad, y no lo ha hecho.
“Cuan alto tenemos que pagar los dominicanos y dominicanas el costo de la reelección: pactos de reparto de candidaturas, distribución de la demarcación política intermedia del territorio, una institucionalidad prostituida, una reforma no consensuada, una convocatoria a la Asamblea Nacional Revisora sin entrar en vigencia la Ley No. 24-15 en el territorio nacional”, sentenció Sosa Pérez.
La directora de Participación Ciudadana señaló que la convocatoria para iniciar los trabajos para la modificación a la Constitución, en cumplimiento del mandato de la Ley No. 24-15, no tiene ningún efecto porque dicha ley no había entrado en vigencia y por lo tanto no ha alcanzado el carácter de obligatoriedad en todo el territorio nacional.
Indicó que una ley tiene efecto cuando se le da la más amplia difusión para que se repute conocida. Esta irregularidad afecta irremediablemente la validez y la constitucionalidad de la convocatoria y el desesperado proceso de reforma del artículo 124 de la Constitución y hace permisible la declaración de la nulidad de la reforma constitucional.
"Mientras esto se desarrolla, los problemas que acogotan a la ciudadanía están en carpetas y en discursos con promesas falsas", manifestó la jurista y profesora universitaria.
La ley que declara la necesidad de la reforma a la Constitución fue promulgada el 2 de junio, publicada en la Gaceta Oficial número 10798 el tres de junio. Al día siguiente, se convocó a los Honorables Asambleístas para la reunión de la Asamblea Nacional Revisora el día seis de junio del 2015.
El artículo primero del Código Civil establece que las leyes se reputarán conocidas en el Distrito Nacional y en cada una de las Provincias, cuando hayan transcurrido los plazos, contados a partir de la fecha de la publicación. En el Distrito Nacional, el día siguiente al de la publicación, en el caso de la Ley No. 24-15 el 4 de junio y en todas las Provincias que componen el resto del territorio nacional, el segundo día, es decir el 5 de junio, "por lo que no se respetó el plazo para que una ley nacional sea conocida y se convocó antes de que entrara en vigencia y alcanzara la obligatoriedad", concluyó Rosalía Sosa Pérez.