SANTO DOMINGO, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana (PC) exigió hoy que tomen licencia o renuncien a sus funciones estatales todos los ministros y otros funcionarios a los que les atribuye haberse integrado a la precampaña electoral de precandidato del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Gonzalo Castillo.
Esta instancia, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, sostiene que con estas designaciones se está perpetrando “una violación" a diferentes leyes, además de que "rompe la equidad" y, principalmente, "constituye un indicio del uso (corrupto) de recursos del Estado”.
“A través de nuestro programa de Observación Electoral hemos podido constatar -asegura PC- que el uso de los recursos del Estado en beneficio del precandidato Gonzalo Castillo ha llegado a niveles intolerables al involucrar a los titulares de los principales ministerios, organismos descentralizados y direcciones generales".
A los titulares de estas oficinas, asegura PC en una declaración pública, se les ha asignado "tareas electorales territoriales", lo que implica "una clara violación a la Ley de Función Pública y a las nuevas leyes de partidos y de régimen electoral”.
Remarcó que ante esto la Junta Central Electoral (JCE) está en la obligación de “tomar medidas drásticas para reestablecer la equidad y el respeto a las leyes violentadas con el uso de recursos públicos”.
Para su precampaña, añadió PC, “Castillo ha designado como coordinadores y miembros de su equipo político con tareas territoriales a por lo menos quince ministros, entre los que se encuentran los de Agricultura, Turismo, Cultura, Industria y Comercio, Economía, Planificación y Desarrollo, Interior y Policía, Educación, Salud, Administración Pública, Medio Ambiente, Ministerio de la Juventud y Administrativo de la Presidencia”.
“Todos estos funcionarios son (receptores y administradores de) parte de los recursos que dispone el Estado", los que "ahora serán utilizados para fines partidarios con absoluto desparpajo, en la cara de toda la ciudadanía, sin el menor respeto por las leyes y las reglas que norman la función pública y las actividades electorales”, reiteró el texto del Consejo Nacional de PC.
“Si la Junta Central Electoral no interviene ante una situación tan descarada -insistió- no habrá forma de poner ningún tipo de límite y el país seguirá siendo tierra de nadie, donde se impondrá no el que tenga el favor de los votantes, sino el que pueda comprarlos de cualquier forma", incluso con "recursos del Estado”.
Recordó que la Ley 41-08 de Función Pública es muy clara en su artículo 80, numeral 13 al prohibir a los funcionarios públicos servir intereses de partidos en el ejercicio de sus funciones, y en consecuencia, organizar o dirigir demostraciones, pronunciar discursos partidistas, distribuir propaganda de carácter político o solicitar fondos para los mismos fines, así como utilizar con este objetivo los bienes y fondos de la institución.
El Consejo Nacional de Participación Ciudadana denunció y rechazó “la designación de tareas en la precampaña" de funcionarios que están al frente de "posiciones fundamentales para la buena marcha del Estado, tales como el Administrador del Banco de Reservas, el Director del Banco Agrícola, el Director de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), el Director de Aduanas y el Superintendente de Bancos”.
Asimismo, aseguró, “el Director de Presupuesto, el Director de SeNaSa, el Director del INDOTEL, el Director de OISOE, el Superintendente de Valores, el Director de la EGEHID, la Directora de Zonas Francas, el Director de Recursos Hidráulicos, la Directora del Plan de Asistencia Social de la Presidencia, el Director del Instituto Nacional de Educación Física, y el Vice Ministro de Políticas Sociales”.
También, “el Director de Comunicaciones de la Presidencia, el Director de Correos, el Director de Titulación, el Director de la CASD, la Directora del INTRANT, el Vice Ministro de Edificaciones del MOPC, entre otros funcionarios públicos”.
Recuerda, además, que la Ley de Función Pública en su artículo 79 establece que es deber del servidor público cumplir la jornada de trabajo, dedicando la totalidad del tiempo al desempeño íntegro y honesto de sus funciones.
Asimismo, que la Ley de Partidos Políticos prohíbe a los funcionarios o empleados del Estado el uso en cualquier forma y de cualquier título de recursos del Estado y faculta a la JCE a tomar medida cautelar respecto a cualquier bien o para hacer cesar de inmediato el uso indebido de los recursos del Estado, pudiendo procurarse para ello el auxilio de la fuerza pública”.