El movimiento cívico no partidista, Participación Ciudadana, expresó su apoyo a los esfuerzos propuestos por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) de fortalecer la institucionalidad nacional, para lograr una democracia de mayor calidad.

La entidad, a través de un comunicado remitido a la prensa, extendió este llamado a las demás organizaciones de la sociedad civil y a los actores políticos partidarios para que expresen su decisión de aunar voluntades y esfuerzos para iniciar los trabajos que concluyan con la implementación de un gran Pacto Político-Social por la Institucionalidad Democrática, que por su carácter y contenido debe preceder y ser fundamento de los pactos Eléctrico y Fiscal que están pendientes y confrontan evidentes dificultades.

“Un pacto entre los actores determinantes de los sectores políticos, sociales y económicos contribuirá a la viabilidad de los pactos sectoriales”, indicó.

Participación Ciudadana sostuvo que las violaciones al ordenamiento jurídico sin un régimen de consecuencias, las dificultades para que los órganos de control puedan ejercer sus funciones y las inequidades y abusos ocurridos antes, durante y después del reciente proceso electoral, las cuales fueron documentados por el movimiento cívico y organismos internacionales, “deben ser interpretados como un llamado a las fuerzas sociales, políticas y económicas responsables del país, para que unan sus voluntades y esfuerzos a fin de lograr la firma de un gran Pacto Político-Social por la Institucionalidad Democrática”.

A continuación el comunicado de Participación Ciudadana

UN PACTO POLITICO-SOCIAL POR LA INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA 

Participación Ciudadana apoya iniciativa CONEP

Las experiencias del desempeño de las Altas Cortes, la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas han evidenciado las consecuencias negativas para la institucionalidad democrática y la vigencia de un estado de derecho de una selección de sus miembros donde la probidad, la competencia profesional y la independencia funcional han sido sustituidas por la pertenencia o proximidad a los partidos políticos que acuerdan la composición de las mismas. Otras experiencias indican que el diseño actual del sistema político permite que el partido que gana las elecciones pueda controlar los órganos superiores del Estado y garantizarse que sus decisiones le sean favorables.

Las violaciones al ordenamiento jurídico sin un régimen de consecuencias, las dificultades para que los órganos de control puedan ejercer sus funciones y las inequidades y abusos ocurridos antes, durante y después del reciente proceso electoral, suficientemente documentados por Participación Ciudadana y organismos internacionales, deben ser interpretados como un llamado a las fuerzas sociales, políticas y económicas responsables del país, para que unan sus voluntades y esfuerzos a fin de lograr la firma de un gran Pacto Político-Social por la Institucionalidad Democrática. Este es el llamado que ha formulado el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) en su discurso del miércoles ante la Cámara Americana de Comercio.

Ningún sector debe ampararse en el prejuicio, el sectarismo o la prepotencia para evadir el llamado que ha formulado el Consejo Nacional de la Empresa Privada, en un ejercicio de auténtica responsabilidad social.

Participación Ciudadana apoya este llamado y expresa su firme decisión de participar en este esfuerzo por el fortalecimiento de las instituciones para lograr una democracia de mayor calidad. Extiende este llamado a las demás organizaciones de la sociedad civil y a los actores políticos partidarios para que expresen su decisión de aunar voluntades y esfuerzos para iniciar los trabajos que concluyan con la implementación de un gran Pacto Político-Social por la Institucionalidad Democrática, que por su carácter y contenido debe preceder y ser fundamento de los pactos Eléctrico y Fiscal que están pendientes y confrontan evidentes dificultades. Un pacto entre los actores determinantes de los sectores políticos, sociales y económicos contribuirá a la viabilidad de los pactos sectoriales.