SANTO DOMINICANA, República Dominicana.- Decenas de organizaciones de las diferentes regiones de la República Dominicana reunidas en Asamblea Popular este domingo, 29 septiembre, acordaron un “plan de lucha contra los sobornados y por los derechos del pueblo”.
Mediante un comunicado remitido a la prensa, las entidades indicaron que decidieron reforzar los encendidos de velas contra “los sobornados de los jueves” en el Parque Independencia, los “plantones de los lunes” contra la violencia y los feminicidios frente a la Procuraduría, así el desarrollo de paros escalonados y movilizaciones en diferentes puntos del país.
Las organizaciones acordaron además hacer llamado a la población y todos los sectores en lucha y convocaron un nuevo encuentro nacional para el domingo 13 de octubre, donde se evaluaran las movilizaciones en curso y se fijaran fechas para nuevas movilizaciones que involucran todo el país.
Señalaron que las acciones serian permanentes hasta tanto “el régimen peledeista se vea obligado a dar a conocer los nombres de los sobornados en el caso de Odebrecht y otros actos de corrupción”.
Exigieron que se abra de inmediato una investigación de los actos de corrupción cometidos por Odebrecht y por las demás empresas que construyeron a Punta Catalina, y que se le brinde toda la cooperación a la investigación abierta por el Fiscal de Milán sobre la participación de la empresa italiana Grupo Marie Tecnimont en los actos de corrupción en este proyecto.
Apuntaron que los recursos públicos en “manos de mafias y sobornados” deben ser recuperados para atender los reclamos del sector salud, de las comunidades, de los servicios públicos, para prevenir y enfrentarlos feminicidios y los problemas de seguridad ciudadana como el sicariato y constante asesinatos de jóvenes.
Dijeron que “sin desmantelar las mafias desde el Estado” es imposible enfrentar la violencia generalizada que afecta a la República Dominicana, debido al irrespeto y el mal ejemplo que pone el régimen y las elites económicas y políticas corruptas.
“Los sobornados no pueden ser candidatos en las elecciones del 2020, ya que eso equivale a que puedan hacerse elegir usando los dineros del pueblo que están en su poder y utilizar eventuales posiciones publicas electivas para obstruir la justicia como en el caso de Punta Catalina”, indicaron las organizaciones a través del comunicado.
Desde enero del 2017, cientos de miles de dominicanas y dominicanos nos hemos movilizado a través de la Marcha Verde para detener la hemorragia de la corrupción y poner fin a la impunidad.
“Solo en Punta Catalina hay 39.5 millones de dólares documentados de sobornos, pero no vaya nadie a creer que Odebrecht sacó ese dinero de su bolsillo, NO, lo obtuvo mediante una sobrevaluación de 1,041.7 millones de dólares, casi 55 mil millones de pesos en una sola obra, gran parte utilizados para imponer una reforma y reelección en 2015-2016”, argumentaron.
Mientras eso ocurre, agregaron, el país vive una dramática situación de salud y social, con más 3 mil niños muertos de casos prevenibles en el 2018, cientos de muertos por dengue y decenas de centros hospitalarios y comunidades abandonadas.
A continuación, la declaración de las organizaciones
La crisis del sector eléctrico y el endeudamiento público son ahora mucho más graves, a pesar de que Danilo Medina y Rubén Bichara prometieron que en el 2017 con Punta Catalina terminarían los apagones.
Solo en la administración de Danilo Medina, se han tomado casi 20 mil millones de dólares en nuevos préstamos, una cantidad que supera el millón de millones de pesos a la tasa actual del 52 x 1.
En medio del caos económico y social que ha propiciado este gobierno, la prima del dólar ha estado aumentando sigilosamente y el costo de vida se ha disparado en los últimos meses, mientras persisten los salarios de miseria.
Rechazamos los teatros preparados por el régimen con los casos de Odebrecht, Cesar el Abusador, los demás escándalos de corrupción y los intentos de imponer a los sobornados en puestos electivos para reelegir la impunidad. El pueblo derrotara estas maniobras con la movilización de calle como hizo con las llamadas reformas de la reelección y la rehabilitación.
Exigimos que se detenga el uso de los recursos públicos en derroche de campañas partidistas.
Reclamamos que sea detenido de inmediato el endeudamiento público, una auditoria independiente a todas las deudas para determinar la legitimidad o ilegitimidad, uso e impacto social de cada empréstito.
Rechazamos los recientes incrementos desmesurados en el costo de la vida y demandamos un aumento general de salarios en los sectores públicos y privados.
Demandamos el desmantelamiento de las mafias del sector eléctrico y los combustibles y orientar el país hacia las energías renovables.
Reclamamos que se atienda de manera inmediata la crisis climática ambiental que padece la República Dominicana, que se cierren las plantas de carbón de ITABO I y II, Barahona Carbón, se convierta a gas natural a Punta Catalina, se descontinúe la licitación internacional para abrir pozos de hidrocarburos en 14 bloques en el territorio y plataforma marítima nacional, se detengan todos los proyectos de extracción minera que ponen en riesgo el acceso a agua y otros medios de vida para las presentes y futuras generaciones. Defensa de los parques nacionales y las demás áreas protegidas y restauración del parque nacional Manolo Tavarez Justo. Reiteramos que Loma Miranda debe ser declarada Parque Nacional.
Exigimos que sean desmanteladas todas las mafias policiales y militares dedicadas a la extorsión, persecución, asedio a la juventud, colocación de drogas y criminalización de la protesta sociales.
Reclamamos que se respete la vida y los derechos de los activistas populares Elías Gómez y Smith Ureña en Navarrete amenazados de muerte por la Dirección Regional del Cibao de la Policía Nacional.
Igualmente rechazamos el acoso a que está siendo sometido el periodista Marino Zapete por denunciar los actos de corrupción de Gonzalo Castillo, el Procurador Jean Alain Rodriguez y su hermana y condenamos los intentos dictatoriales del régimen imponiendo mordaza a los comunicadores independientes.