SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Desde que el periódico The Wall Street Journal reveló las investigaciones sobre corrupción que se llevan a cabo en Brasil y en Estados Unidos, sobre la compra de los aviones Tucano que el gobierno dominicano compró a la empresa brasileña Embraer en el gobierno de Leonel Fernández, hay una pregunta que requiere respuesta: ¿Quién es el senador que junto al coronel Carlos Piccini participó del cobro de US$3.5 millones para aprobar la operación?
Sin embargo, esa respuesta será más fácil obtenerla en Estados Unidos o en Brasil, porque en la República Dominicana ya las autoridades del Ministerio Público fijaron su posición sobre el caso de los aviones Tucano, a través de un comunicado de la Procuraduría General de la República, que ayer, jueves 25, dejó claro que no dará nombres por el momento:
"Por lo menos en este momento, debemos contraernos a la más estricta reserva sobre los detalles del caso", declaró la Procuradoría General de la República.
Esta posición de la Procuraduría General deja bajo sospecha a la totalidad de los 32 senadores dominicanos de ese entonces.
Por otro lado, la Procuraduría General de la República Dominicana se limitó a decir que existe un proceso de investigación internacional con relación al presunto soborno y fraude en la adquisición por parte del Estado dominicano de ocho aviones Súper Tucano a la empresa brasileña Embraer.
La Procuraduría se limitó a decir que existe un proceso de investigación internacional con relación al presunto soborno y fraude en la adquisición por parte del Estado dominicano de ocho aviones Súper Tucano a la empresa brasileña Embraer
La Procuradoría confirmó así una información difundida esta semana por The Wall Street Journal, pero no aportó detalles sobre la investigación que, según el diario, parte de una acción penal presentada por las autoridades brasileñas contra empleados de Embraer, según el reporte de la agencia EFE.
La Procuraduría General se limitó a señalar en un comunicado que "en interés del éxito de la investigación internacional, existe el compromiso formal y expreso de confidencialidad en el presente caso".
Según The Wall Steet Journal, las autoridades alegan que ejecutivos de ventas de la empresa acordaron pagar un soborno de 3,5 millones de dólares al coronel de la Fuerza Aérea de República Dominicana Carlos Piccini. Este oficial sigue activo, a pesar de que el diario estadounidense lo reportó como retirado.
El coronel se desempeñaba como director de proyectos especiales de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana en 2008, en la época de las negociaciones del contrato.
Para disfrazar el pago del soborno, los funcionarios dominicanos, militares y civiles, crearon empresas fantasmas en cuyas cuentas se depositaron diversas cantidades de dinero. Según The Wall Street Journal, las empresas fantasmas fueron registradas en Jordania, país que según los entendidos constituye una especie de paraíso fiscal por su carencia de normas contra el lavado y la evasión de impuestos.
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