Los agentes secretos del Servicio de Inteligencia Militar (SIM), los soplones, “chivatos”, y delatores que formaron parte de la red criminal que el pueblo identificó con el mote de caliés, sufrieron graves penurias como consecuencia del descalabro de la dictadura de Trujillo: perseguidos por el pueblo, cientos de ellos llevados ante los tribunales y muchos condenados a purgar largas penas en cárceles dominicanas, terminaron después de 1965 convertidos en personajes impolutos, pastores evangélicos, escritores de historia que justificaban sus acciones y hasta nombrados funcionarios de gobiernos conservadores y liberales. Pero todo esto tiene una corta historia que se desarrolló entre 1961 y 1966, cuando Joaquín Balaguer regresó a la presidencia imponiendo su autoritario gobierno de los “doce años”:
Coyuntura posterior a mayo de 1961
La Unión Cívica Nacional (UCN), desde su ascenso al gobierno como parte integrante del Consejo de Estado que presidió Rafael F. Bonnelly, en enero de 1962, se centró en la desarticulación del grupo trujillista que hasta ese momento dirigió los destinos del país bajo control de Joaquín Balaguer. Las medidas tomadas para satisfacer los reclamos de libertad hechos por la población, dejó sin protección a más de tres mil caliés y colaboradores del SIM, que hasta enero de 1962 se mantuvo operando con el nombre de Agencia Central de Información (ACI). Asediados por las protestas callejeras que el gobierno identificó como “turbas” que se expresaban con violencia, obligaron a que las autoridades procedieran a llevar a los tribunales a muchos de los señalados como peligrosos espías y torturadores en las cárceles del kilómetro 9 de la carretera Mella y de La Cuarenta.
Fue en ese ambiente desfavorable para los que participaron en actividades represivas, que la Procuraduría General de la República inició los procesos para enjuiciar a los acusados de haber cometidos acciones criminales durante la dictadura, que eran, de acuerdo a Cesar Rodríguez Villeta, unos tres mil agentes y espías. Ya antes, a finales de 1961, el doctor Balaguer permitió se iniciara el proceso judicial contra los que asesinaron en la “Hacienda María” de San Cristóbal, a los seis héroes del 30 de Mayo. El juicio formó parte de una estrategia que perseguía disminuir la presión contra el gobierno y de esa manera poder gobernar el país en un clima libre de protestas populares.
Sin embargo, la crisis política desembocó en la abrupta salida de Balaguer al exilio en enero de 1962, y con ella la consolidación de los propósitos de enjuiciar a los caliés de la dictadura. El Consejo de Estado bajo control de la UCN, impulsó la línea de encausar a los miembros del SIM con la intención de acrecentar la simpatía de la población con el nuevo gobierno, pensando que con la aprobación de la medida podían salir airosos en las elecciones generales de diciembre de 1962.
La marcada presión de la población sobre el gobierno de Rafael F. Bonnelly para que se apresara a los espías del SIM, hizo que el Procurador general Antonio García Vásquez declarara ante la prensa, lamentando “que algunas personas, sin conciencia de sus deberes y derechos, se dedicaran a hacerse justicia por sus propias manos, en vez de cooperar con la justicia denunciando a los malhechores y criminales”. Al mismo tiempo, ordenó la conducencia de 258 personas calificadas de caliés, para iniciar los procesos judiciales.[1]
Bajo las condiciones en procesos, en que la población airada perseguía por las calles a los agentes secretos ejerciendo niveles de violencia y de que la Procuraduría decidiera el inicio de los procesos judiciales, muchos de los más peligrosos agentes del SIM, desamparados de la protección oficial, decidieron desaparecer de la escena pública, tratando de escapar del país y de esa manera evadir ser llevados ante los tribunales.
Espías escapando al extranjero
Uno de los primeros en ser sacados del país, en una acción que buscaba disminuir la presión del Departamento de Estado de los Estados Unidos, lo fue el teniente coronel Johnny Abbes García, el 10 de junio de 1961; jefe del Servicio de Inteligencia Militar, y por consiguiente principal responsable de las acciones criminales de los caliés, era visto como una persona que podía entorpecer la democratización reclamada por Washington. En la semana de su salida, el gobierno de Balaguer también destruyó la cárcel clandestina de La 40, con el fin de encubrir las torturas que en ella se practicaban. El mandatario invistió a Abbes de la condición de diplomático para ocupar el puesto de “Consejero de la Embajada Dominicana” en Japón; pero pronto la designación hecha por Balaguer fue revocada y el director del SIM quedó para siempre en el exilio sin que la justicia lo juzgara por sus crímenes.
Por otro lado, a mediados de noviembre de 1961 se marcharon del país para residir en España y en otras naciones, los familiares más cercanos de Rafael L. Trujillo, entre ellos Rafael L. Trujillo hijo, también conocido como Ramfis. Junto a este, viajaron varios de los implicados en el crimen de los seis prisioneros héroes del 30 de Mayo, quienes perdieron la vida a manos del hijo del dictador, al caer la tarde del sábado 18 de noviembre en la “Hacienda María”. Entre los que acompañaron al hijo de Trujillo se encontraban Gilberto Sánchez Rubirosa, Fernando A. Sánchez hijo y Luis José León Estévez; este último esposo de Angelita Trujillo, la hija predilecta del tirano.
Entre los cómplices de Trujillo hijo, que no pudieron viajar al exterior, quedaron en el país varios oficiales vinculados al Servicio de Inteligencia Militar, y al Servicio de inteligencia de la Aviación Militar Dominicana, señalados por el pueblo como destacados agentes represivos, y sometidos a juicio. Entre ellos Américo Dante Minervino Matías, Emilio Estrada Malleta, Ciriaco de la Rosa, y Ángel Salvador Rodríguez Villeta. Ese grupo pasó a ser juzgado el 26 de noviembre de 1961, y los que salieron al exterior, que eran los más cercanos colaboradores de Ramfis, juzgados en contumacia.
Al comenzar el año de 1962, después de la salida de Balaguer al exilio, la persecución a los miembros del Servicio de Inteligencia se incrementó, y la amenaza de llevarlos a la cárcel para ser enjuiciados se hizo más creíble para ellos. Esto provocó el auge de las salidas, de maneras clandestinas, de muchos de los espías y miembros del SIM. Esta situación se incrementó considerablemente a partir del mes de abril, cuando se comenzaron los primeros procesos ante los tribunales.
Un espía trató de escapar vestido de mujer
El 10 de mayo de 1962, el calié Ángel Salvador Rodríguez Villeta, hermano del también miembro del SIM Cesar Villeta y primo de otro conocido delator y torturador de La 40 conocido como Francisco-Cholo-Villeta, fue detectado en el aeropuerto de Punta Caucedo intentando salir del país disfrazado de mujer. Ángel Salvador laboró como miembro del SIM y de la Agencia Central de Información (ACI), de servicio en la cárcel de La 40. A principios de mayo de 1962, este personaje pretendió escapar al extranjero portando pasaporte falso, con el que intentó abordar un vuelo de la línea aérea Varig con destino a Puerto España.
Vestido y maquillado al estilo de mujer, llevaba puesta una peluca que simulaba larga cabellera; aunque “peinada a lo macho”, utilizaba un pañuelo sobre su cabeza y sus labios destacados con rojo “pintalabios”: “adornado como tal, con un pañuelo en la cabeza que cubría la cabellera que tenía, producto de 4 meses sin pelarse. Los cabellos sin embargo, pese a los bucles, no eran propios ni de una mujer peinada a lo macho”. Detenido por oficiales de Migración, permitió ser entrevistado por el periodista Juan José Ayuso a quien le confesó que trató de escapar debido a la persecución desatada contra él y que tenía varias semanas escondidos para evitar ser localizado por las autoridades.[2]
Otro del SIM tratando de escapar por aeropuerto
Un mes después de ser apresado el calié Ángel Salvador Rodríguez Villeta, las autoridades del aeropuerto detuvieron a Francisco de Paula Portorreal, quien también buscaba la forma de llegar hasta Puerto Rico utilizando la línea aérea Panamerican, el 9 de junio de 1962.[3] Al ser apresado, el espía negó que fuera miembro del SIM, lo que era común en aquellos días cuando muchos de los que habían practicado la represión contra el pueblo, negaban su participación en la tenebrosa institución responsable de la seguridad del Estado.[4]
La extradición de Clodoveo Ortiz.
El agente del Servicio de Inteligencia conocido como Clodoveo Ortiz, quien era además miembro de la Marina de Guerra, logró abandonar el país de manera secreta posiblemente a mediados de noviembre de 1961. Estando fuera del país se radicó en la ciudad de Nueva York de forma ilegal. Apresado por las autoridades norteamericanas en esa ciudad, donde trabajó como “pastelero” y “confitero” el 15 de noviembre de 1962, luego de que el gobierno dominicano iniciara un proceso de extradición en su contra. En juicio sometido en esa urbe, fue asistido judicialmente por el abogado Faustino Pérez quien también había escapado del país y estaba sindicado como uno de los principales torturadores de la cárcel de La Cuarenta.
El proceso de extradición contra Clodoveo concluyó a mediados de julio de 1963 y el día 17 las autoridades de Nueva York anunciaron lo enviarían al país para que fuera juzgado por la justicia dominicana. Conducido de inmediato a República Dominicana se le acusó de torturar y provocar las muertes, el 12 de agosto de 1960, de los señores José Lantigua Deschamps y José Espertín Oliva.[5]
Al momento de la extradición ocupaba la presidencia de la República el profesor Juan Bosch, quien confirmó la especie en una alocución por radio y televisión. Clodoveo llegó a Santo Domingo el 19 de julio [6], siendo recibido por decenas de personas que lo acusaban de ser uno de los principales criminales del Servicio de Inteligencia. Una mujer que se encontraba entre la multitud, afectadas por las acciones contra un familiar, lo escupió en la cara como símbolo de repudio, lo que fue reseñado por el periódico El Caribe: “Un salivazo que hizo blanco en el lado izquierdo de la gruesa y empelotada cara de Clodoveo Ortiz González parece que resumió la forma en que unas doscientas personas reunidas ayer tarde en el aeropuerto de Cabo Caucedo, querían recibir al personaje de las ergástulas de La Cuarenta y El Nueve”.[7]
Confidentes en manos de la justicia
Aunque el proceso de extradición de Ramfis Trujillo y los vinculados con el crimen de la “Hacienda María” se inició antes de finalizar el año de 1961, no fue sino a partir del asilamiento del presidente Balague el 16 de enero de 1962, cuando las autoridades judiciales recibieron el mandato de traducir a los tribunales a los principales integrantes del Servicio de Inteligencia Militar, lo que se acompañó de acciones de la población que, en colaboración con los fiscales, procedieron a perseguir a los chivatos. En esa ocasión, el 24 de enero, cuarenta y dos asociaciones profesionales, cívicas y sindicales solicitaron “el enjuiciamiento inmediato de todos cuantos hicieron del crimen su actividad habitual durante la pasada tiranía. (…). Especialmente el castigo de aquellos a que se enriquecieron ilícitamente al amparo de la dictadura y de “quienes fueron responsables directa o indirectamente, de los sangrientos acontecimientos de los últimos meses”.[8]
Iniciados los enjuiciamientos, el Consejo de Estado designó al doctor Antonio García Vásquez como Procurador de la República y nombró al doctor Rafael Valera Benítez, quien había sido preso político y sufrió torturas en La Cuarenta, como “fiscal con jurisdicción especial”, con el único objetivo de perseguir y llevar ante la justicia a los miembros del SIM acusados de crímenes. Sin embargo, no todos los delatores fueron traducidos a la justicia. Solo un reducido grupo de estos sufrieron condenas que nunca terminaron de cumplir.
Por ejemplo, el jefe del SIM en la región del Cibao, capitán Alicinio Peña Rivera, sufrió prisión y fue juzgado por las muertes de las hermanas Mirabal. Después de ser condenado a 20 años de cárcel, se benefició del conflicto bélico de 1965 y con ayuda de militares constitucionalistas logró escapar hacia los Estados Unidos. Nunca más regresó a cumplir su condena, por el contrario durante los “doce años de Balaguer” ingresaba al país con el consentimiento de las autoridades, se movía libremente por todo el país y hasta puso en circulación varios libros utilizando para esto los salones de la Biblioteca Nacional.
Años después de su escapatoria, el capitán Peña Rivera relato en uno de sus libros, la situación por la que pasó, al momento en que se le mantenía en prisión a la espera de que las autoridades preparan el expediente acusatorio:
“Una tarde, asomado por una alta y enrejada ventana que permitía la entrada de cierta claridad del exterior, observe la llegada de algunos conocidos agentes del SIM, de inferior jerarquía, los que fueron encerrados en una celda común. Era parte de un grupo de agentes que temían por sus vidas frente a las turbas, temiendo también tener que matar en defensa propia. Habían buscado refugio en los recintos militares, y ahora el gobierno ordenaba encarcelarlos en espera de una formulación de cargos. La soga estaba rompiendo por lo más delgado. El SIM estaba bajo fuego. Poco después me entere que de los 47 agentes a mi cargo en la región del Cibao, 45 fueron a prisión. Posteriormente fueron todos condenados a penas que oscilaban entre dos y cuatro años, por “el delito” de haber pertenecido al SIM”. [9]
Entre los casos judiciales más sonados relacionados con los caliés, además del iniciado en 1961 contra Ramfis Trujillo y un grupo de 19 miembros del SIM con relaciones directa con el crimen de la “Hacienda María”, se encuentran los siguientes procesos:
1.- 26 de noviembre de 1961. Extradición de Ramfis Trujillo: siendo Joaquín Balaguer presidente de la República, las autoridades dieron inicio a la sumaria correspondiente al caso de las muertes de los héroes del 30 de Mayo, acaecidas el 18 de noviembre de 1961 y fueron interrogados varios de los implicados en el hecho. El 11 de enero de 1962, la Procuraduría de la República solicitó la extradición de Ramfis Trujillo, Luis José León Estévez y Gilberto Sánchez Rubirosa, todos vinculados con un grupo de militares y agentes del SIM en el asesinato de los seis implicados en el tiranicidio.
2.- 4 de enero de 1962. Proceso contra W. Bernardino: se inició el proceso criminal contra Félix W. Bernardino, quien además de dirigir instancias de los caliés en la zona Este del país, también se destacó como creador y jefe de la banda paramilitar conocida como “los Jinetes del Este”. El juicio de Bernardino comenzó el 22 de mayo, acusado de varios delitos contra la población: “La acción pública contra el criminal internacional Félix W. Bernardino ha sido puesta en movimiento por la vía del magistrado procurador fiscal de El Seibo, para que ordene la instrucción del proceso inmediatamente. Ha sido apoderado del caso el procurador de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís”.[10]
3.- 18 de marzo 1962. Juicio a los asesinos de las hermanas Mirabal: aunque el proceso de instrucción del caso se inició el 20 de enero, la Cámara Penal del Distrito Nacional fue apoderada del expediente contra el grupo de delatores que participó en el crimen contra las hermanas Mirabal y el chofer Rufino de la Cruz, en el lugar conocido como “La Cumbre”, en la carretera Santiago-Puerto Plata, el 18 de marzo.
Del caso contra los responsables del asesinato múltiple, se apoderó a una Cámara Penal con Jurisdicción Nacional compuesta por los magistrados Osvaldo B. Soto y Rafael Valera Benítez, además del aguacil Juan Ramón Hernández Alberto. En la parte civil actuaron en el caso los abogados Héctor Sánchez Morcelo, Miguel Arcángel Vásquez Fernández, Lourdes Guzmán Ariza y Antonio Guzmán. En la defensa de los miembros del SIM participaron Héctor Barón Goico, Leo Nanita Cuello y Francisco Mendoza Castillo, como abogado de oficio.
La audiencia se abrió el 28 de junio para “continuar el conocimiento de la causa seguida a los nombrados Ciriaco de la Rosa Luciano, Manuel Alfonso Cruz Valerio, Emilio Estrada Malleta, Ramón Emilio Rojas Lora y Néstor Antonio Pérez Terrero como co-autores del crimen de asesinato en perjuicio de las señoras Minerva Mirabal de Tavárez, María Teresa Mirabal de Guzmán y Patria Mirabal de González y del señor Rufino de la Cruz”. También se juzgó al capitán Víctor Alicinio Peña Rivera, y en contumacia como coautor del crimen al agente del SIM Cándido Torres, quien había escapado al exterior. Por igual fueron juzgados Sindito Almonte, Silvio Antonio Gómez Santana, Viterbo Álvarez (Pechito), Pedro Peña Ortiz, y David Enrique Olivero Segura.[11]
En la causa seguida, el señor Jesús Espinal actuando como testigo del hecho del que era imputado el grupo de caliés, y que al momento del hecho se encontraba trabajando como jornalero en la carretera Santiago-Puerto Plata, relató la forma en que presencio, oculto en los matorrales, el vil asesinato que tuvo lugar el 25 de noviembre de 1960:
“El 25 llevo la mañana de trabajo y pasaban maquinas (…); como al medio día llegó un jeep con tres mujeres manejado por un señor, a quienes no conocía. El chofer con precaución se detuvo y dijo una de las señoras: “Bajemos para que pase el jeep”. Se montaron nuevamente y se fueron de Santiago a Puerto Plata, ya se estaba terminando el trabajo. Más tarde, como a eso de las cuatro, llego un carro Mercedes Benz color rojo ladrillo y un carrito cepillo y siguieron a prisa. Un compañero dijo: ”esos carros del SIM pasan como el diablo” y otro dijo: “no mencione SIM que tú sabes cómo está la cosa”. (…). Salí a La Cumbre en busca de vehículo (…) Lo primero que alcance a ver fue un jeep parado, seguí caminado y vi el carro Mercedes Benz rojo y vi a Alicinio Peña Rivera que bajaba. Cuando vi el tiburón me agache porque era peligrosísimo, me agache y vi que en el jeep venia una sola persona, en lo que abrió la puerta y la agarró, agarró una mujer por los cabellos y cayo boca abajo, la levantó y delante de la mujer venia un señor blanco, de cada lado venía un hombre. Uno de ellos la echó afuera otro señor indio alto sacó otra y se me parecieron a las señoras que yo vi, tenía el pelo corto, vi que se quintaron una venda, vi cuando un hombre con un punzoncito fino brilloso le enterró a la mujer; esta gritó, entonces el otro hombre vi que le enterró otro punzoncito, un señor gordito indio estaba refregando con ella pegado al jeep. Ellos buscaban hacia arriba, Peña Rivera dio la vuelta y halo por la pistola y dijo: “ustedes no son hombres”, cuando ellos acabaron de matar las tres mujeres, llegó otro jeep con otros hombres y vi que sacaron un hombre amarrado y el hombre dijo: “hasta mí me van a matar”.
“Vi a Alicinio cuando le dio con el punzón, Peña Rivera rompió la capota del jeep, vino un gordito y halo la capota. La primera que Peña Rivera entró en el jeep fue la gordita gallardona, tiraron el hombre que quedó cruzado de la señora y la otra fue tirada y luego vi cuando cuatro hombres la tiraron con el jeep a la zanja, vi cuando una soltó un zapato. Llegó un cepillo y Peña Rivera dio la vuelta seguido. Pensé que podía haber alguna persona acechando que estuviera escondida, yo seguí la carretera a paso doble. A pocos momentos como a tres cuarto de hora llegue a la Cumbre”. [12]
El 24 de noviembre de 1962, la Cámara Penal con jurisdicción nacional, dicto la sentencia contra los caliés Manuel Alfonso Cruz Valerio, Emilio Estrada Malleta y Ramón Emilio Rojas Lora condenándolos a 30 años de cárcel. A 20 años fueron sentenciados Ciriaco de la Rosa Luciano, Néstor Antonio Pérez Terrero, Cándido Torres Tejada y Víctor Alicinio Peña Rivera, mientras que Silvio Antonio Gómez Santana y Viterbo Álvarez (a) Pechito recibieron la condena de 5 años de cárcel. Además, recibieron condenas de 3 los enjuiciados Pedro Peña Ortiz y David Olivero Segura; por último, a solo 2 años resulto condenado Sindito Almonte.[13] Posterior a esa condena, y en diferentes momentos, los que así resultaron afectados por la decisión judicial, fueron saliendo de las cárceles cubiertos por la complicidad oficial.
Otros casos ante la justicia
4.- 3 de abril 1962. La justicia reclamó presencia de caliés: fueron citadas “todas las personas que hayan estado vinculadas, directa o indirectamente, a la disuelta Agencia Central de Información (ACI), antiguamente denominada Servicio de Inteligencia Militar (SIM), han sido requeridas a presentarse ante el Juzgado de Instrucción de la Primera Circunscripción del Distrito Nacional, por el juez doctor Fernando A. Silié Gatón, con el fin de recabar informaciones de interés para la justicia relacionados con hechos delictuosos cometidos por los referidos inculpados, así como por sus cómplices”.[14]
5.- 7 de abril 1962. Orden de conducencia contra grupo de agentes: el Procurador General de la Republica doctor Antonio García Vásquez dictó mandamiento de conducencia contra 258 personas señaladas de caliés y de pertenecer al SIM. Antes, a finales de enero ya el periódico El Caribe había publicado el listado que contenía los nombres de 360 miembros del SIM y del ACI; sin embargo, algunas personas reclamaron su exclusión de la nómina por entender que con ellos se cometió un error al incluirlos, alegando que no pertenecían a la organización de inteligencia del régimen de Trujillo.
6.- 12 de abril. Peña Rivera ante la justicia; En la región del Cibao, y en gran parte del país, fue de interés la conducencia a juicio del jefe del Servicio de Inteligencia Militar en esa zona, el capitán Alicinio Peña Rivera, junto al también delator y criminal Alfonso Cruz Valerio; ambos acusados de la muerte del licenciado Joaquín Gerardo Santaella, y por igual implicados en horrendos asesinatos y torturas en la cárcel de La 40.
7.- 6 de junio. Justicia contra caliés desaparecía cadáveres: continuando con las redadas que buscaban llevar a los integrantes del Servicio de Inteligencia ante los tribunales, el 6 de junio se ordenó “arrestar a dos antiguos miembros del SIM”: Julio A. Lara y Freddy Vallejo Rivera que se afirmaba cometieron varios crímenes; detenidos por orden del fiscal especial con jurisdicción nacional Rafael Valera Benítez. De acuerdo a las declaraciones de Julio A. Lara, su trabajo en la cárcel clandestina del kilómetro 9 de la carretera Mella consistía en transportar los cadáveres de los asesinados en el centro de torturas y llevarlos a una “guagüita” que “finalmente los conducías a los arrecifes del lugar conocido como La Caleta—próximo al aeropuerto—donde eran tirados al agua”, mientras que a Vallejo se le señalaba como responsable de las muertes de 13 personas, entre ellos el locutor Cesar Federico Larancuent.[15]
8.- 8 de junio. Aplazamiento juicio contra Rodríguez Villeta: el periódico El Caribe publicó la noticia de que se estaba juzgando al ex agente del SIM Cesar Rodríguez Villeta, pero que la causa fue aplazada para otra fecha.[16] Villeta estaba acusado de apropiarse, siendo miembro del Servicio de Inteligencia, de un automóvil propiedad del doctor Amaury Dargam.
9.- 9 de junio. Persiguiendo caliés para llevarlos a la justicia: una muchedumbre se unió al fiscal Rafael—Fefé—Valera Benítez para capturar a un calié,[17] y el día 13 las autoridades hicieron presos a otros 7 acusados de cometer varios delitos mientras pertenecían al Servicio de Inteligencia Militar. El fiscal con jurisdicción especial, era el responsable de la persecución judicial contra los que se habían destacados como torturadores y asesinos en las cárceles secretas de la dictadura de Trujillo.[18]
10.- 25 de julio. Niegan libertad de asesinos héroes del 30 de Mayo: las autoridades judiciales negaron la libertad a un grupo del SIM que interpusieron un habeas corpus a su favor: Manuel Ramón Viñas Rivas, Rafael Antonio Palma Pichardo y Andrés Manuel Ruiz Lumi, [19] acusados de complicidad en el asesinato de los héroes del 30 de Mayo, en la “Hacienda María”. En el juicio participó el doctor Ramón Morel Cerda, quien refutó los argumentos de los abogados de la defensa.
11.- 19 de noviembre. Sentenciados Cholo Villeta y otros miembros del SIM: condenados a diferentes penas un grupo de delatores y espías acusados de pertenecer al Servicio de Inteligencia y de haber ejercido violencia y torturas contra varios ciudadanos. En el proceso judicial el ministerio público estuvo representado por José Rafael Helena y los acusados asistidos por el doctor Héctor Barón Goico Castro, Rafael Nolasco Jiménez, Bienvenido Canto Rosario y otros abogados. Los imputados, que previamente eran identificados por el calié Cholo Villeta, fueron: Fernando Arturo Reynoso, William Díaz Bello, Silvilo González Peña, Héctor Tulio Torres Damirón, Andrés Norman, Rafael Emilio Arias Mota y Mario Arturo Guzmán Cabral. Todos adujeron no tener responsabilidad en la represión; que eran miembros del SIM, pero nunca hicieron daños a nadie.[20]
12-. 22 de noviembre. Rebaja de penas a agentes del SIM: antes de terminar el año de 1962, ya muchos de los agentes del Servicio de Inteligencia buscaban las formas de salir libres y no cumplir las penas que les fueron impuestas, tal y como pasó con Luis Castro Toledo, Andrés María Santana, Ramón de Jesús Hernández Núñez, José Abel Castillo y Federico Armando Báez Villalona quienes estaban “acusados del crimen de haber pertenecido al extinto Servicio de Inteligencia Militar (SIM)”. Todos alegaron que fueron miembros del SIM, pero que nunca cometieron crímenes, y las penas les fueron rebajadas.[21]
13.- 30 de noviembre. Juicio a los caliés. de la UASD: finalizando noviembre de 1962 fueron traducidos a la justicia varios agentes del Servicio de Inteligencia que integraban una unidad adscrita a la Universidad de Santo Domingo. El equipo del SIM responsable de espiar a los estudiantes, fue sugerido por el jefe del Servicio de Seguridad, el general Félix Hermida, y estaba integrado por catedráticos, bedeles, y ayudantes de mayordomía.
El tribunal estuvo constituido por el juez Miguel Román Coronado, asistido por el secretario Luis Cambero Gil, mientras que la acusación estuvo a cargo del doctor José Rafael Helena Rodríguez.[22] Durante el juicio, algunos integrantes de agrupaciones estudiantiles intervinieron a favor de varios de los señalados como delatores.
Por ejemplo, los estudiantes tuvieron palabras de descargo a favor del doctor Héctor Bienvenido Pereyra Ariza debido a que él era “dignos de toda confianza y que en ningún momento” perteneció al SIM. También expresaron, que en numerosas ocasiones estos señores protegieron al estudiantado “borrando letreros que aparecían en distintas partes en contra de Trujillo, y advirtiéndoles que tuvieran cuidado por la estricta vigilancia que sobre ellos ejercían otros funcionarios”.[23] Entre los estudiantes que actuaron como testigos se encontraban Eduardo Houellmont Roque y Rudy Antonio Rodríguez.
El juicio concluyo el 7 de diciembre con las condenas a ocho de los acusados, quienes insistieron en declarar que aun siendo miembros del SIM no hicieron daños, que su trabajo era solo de vigilancia y que lo hacían por la necesidad de “cobrar el sueldo que se pagaba”. Uno de ellos expresó que él “tenía muchos hijos que mantener, pero que no le había hecho daño a nadie”. Otro, que su función era solo de telegrafista, mientras que otro alegó que no espiaba en la UASD, sino en Radio Caribe.[24]
14.- 5 de febrero 1965. Condena en contumacia a Ramfis Trujillo: aunque el juicio contra Rafael L. Trujillo hijo (Ramfis) y compartes se inició a finales de 1961, todavía en 1965 la justicia hacía esfuerzos por concluirlo. El 5 de febrero de ese año, a solo semanas de la guerra civil, José Alfonso León Estévez y Ramfis Trujillo, fueron condenados en contumacia debido a que el proceso de extradición no alcanzó los objetivos perseguidos. Ramfis, que fue condenado a 30 años de trabajo público, y algunos de sus allegados residían en España.[25] En esa ocasión a León Estévez se le condenó a 20 años de trabajos públicos, acusado de las muertes de los héroes del 30 de Mayo. Junto a él también recibieron condenas Ramón Emilio Rojas Lora (Manota) y Viterbo Álvarez Corporán (Pechito); ambos a cinco años de cárcel.[26]
Un manto de impunidad cubrió a los caliés
Desde mediados de 1962, cuando todavía se estaban celebrando los juicios contra los caliés, ya la justicia daba muestras de estar interesada en disminuir las penas a las que fueron condenados varios de los más renombrados asesinos de la dictadura de Trujillo. En sentido general, todos buscaban la forma de eludir las condenas que les fueron impuestas. Miembros del SIM recurrieron en apelación a las condenas y las penas comenzaron a ser disminuidas, o simplemente se dejaban en libertad a los condenados:
Durante la guerra de Abril varios agentes liberados. El 24 de abril de 1965 el país fue conmocionado por la guerra civil encontrado a muchos de los caliés cumpliendo condenas en la Penitenciaria Nacional de La Victoria, mientras que otros, por ser exmilitares pagaban sus condenas prisioneros en la Fortaleza Ozama, de donde salieron liberados durante los primeros días del conflicto cívico-militar, aprovechando el momento de confusión y la ayuda de militares amigos.
Rafael-Fafa-Taveras, dirigente del Movimiento Revolucionario 14 de Junio que fue testigo de la toma de la Fortaleza Ozama por las fuerzas constitucionalista, cuenta la manera en que el coronel Manuel Ramón Montes Arache que era el jefe del comando de Hombres Rana, dejó en libertad al grupo de caliés relacionado con las muertes de las hermanas Mirabal y del chofer Rufino de la Cruz:
“Nosotros habíamos decidido el 27 de abril, tras la llegada del primer desembarco de 500 marines que habían venido por una orden del presidente de los Estados Unidos (…), que necesitábamos armarnos y guarecernos—dijo Fafa Taveras—. Por eso asaltamos la Fortaleza Ozama para conseguir armas y esto lo sabía Montes Arache y se nos adelantó esa noche del 27 de abril y sacó del lugar a los matones de las Mirabal y los protegió, algo que a mí me pareció grave y lamentable”. Entre los liberados se encontraban el capitán Alicinio Peña Rivera, quien fue jefe del SIM en la región del Cibao y el nombrado Ramón Emilio Rojas Lora, también conocido como (Manota). [27]
Años después, el capitán Peña Rivera, que para entonces residía en Puerto Rico, contó sobre la forma en que salió liberado de la cárcel en 1965: “Aquella “justicia” me condenó. Yo fui condenado y encarcelado. Salí de la prisión y de mi patria, en busca de la libertad. Todo quedó en una nebulosa, y sumido en un manto de misterio. ¿Cómo logre escapar? ¿Cómo logre salir de la Republica Dominicana?. Las preguntas que quedaban en el ambiente eran la secuela de aquel proceso castrista”. Escapo de la fortaleza Ozama—dice Alicinio—después de haber estado 4 años en prisión y se fue al extranjero donde ha vivido una vida correcta y ejemplar”.[28] Durante los “doce años de Balaguer”, el capitán Peña Rivera ingresaba a la Republica Dominicana de manera pública y aprovechaba para visitar al presidente en su oficina del Palacio Nacional, sin ser molestado por la justicia.
El presidente García Godoy libera grupo de caliés: muchos de los caliés que después de finalizada la guerra civil todavía guardaban prisión en la Penitenciaría Nacional de La Victoria, fueron liberados de manera irregular a principios de enero de 1966, por el gobierno provisional de Héctor García Godoy, como parte de un nutrido grupo formado por 43 prisioneros. En aquella ocasión, el incidente que envolvió al presidente provisional y al jefe de la Policía Nacional, el general Herman Despradel Brache, dejo un manto de dudas.
Al ser liberados, el Jefe de la Policía justificó la acción diciendo que él recibió una orden telefónica de parte del presidente García Godoy para que liberara los caliés y a otros prisioneros, lo que de inmediato fue negado por el mandatario, quien de ordenó la captura de los agentes del SIM. Sin embargo, varios de ellos lograron salir del país a través de la frontera con Haití, pero otros se quedaron en territorio dominicano y luego recibieron un tratamiento amigable de parte de las autoridades, especialmente a partir de la instauración del gobierno de Joaquín Balaguer; estos nunca más volvieron a la cárcel.
Entre los dejados en libertad y luego declarados prófugos se encontraban los asesinos de las hermanas Mirabal: Manuel Alfonso Cruz Valerio, Emilio Estrada Malleta (Manota), Néstor Antonio Pérez Terrero y Ciriaco de la Rosa Lucia, quienes guardaban prisión condenados a 30 años de cárcel. También José Antonio Jiménez (Balá), que cumplía 10 años de cárcel por los crímenes cometidos como jefe de “Los Paleros”.[29]
Meses después, con la ascensión de Joaquín Balaguer a la presidencia el 1 de julio de 1966, los espías del SIM que fueron liberados y otros a los que nunca se les llevó a la justicia, pasaron a ser protegidos por las autoridades. Muchos de ellos regresaron a la condición de agentes de los servicios de inteligencia, otros se reintegraron a las Fuerzas Armadas y algunos pasaron a ser empleados en la administración pública, además de integrarse al Partido Reformista, y algunos llegaron hasta mantener vínculos con el PLD y con el PRD.
En junio de 1976, después de que sectores de prensa informaron sobre la presencia en el país de agentes del SIM de los que habían sido condenados, y que lo hacían en complicidad con las autoridades, fueron requeridos por las autoridades y la Procuraduría General de la Republica reabrió algunos de los procesos. Entre los detenidos en esa ocasión se encontraban el ex coronel José Alfonso León Estévez y los antiguos miembros del SIM Ramón Emilio Rojas Lora (Manota) y Viterbo Alvares Corporán (Pechito).
León Estévez estaba condenado en contumacia por las muertes de los héroes del 30 de Mayo, mientras que Rojas Lara y Álvarez Corporán estaban condenados por las muertes de las Hermanas Mirabal.[30] En los días finales de junio de 1977, el juez de instrucción de la segunda circunscripción descargó al ex coronel José A. León Estévez,[31] mientras que Viterbo Álvarez fue dejado en libertad bajo fianza.[32] Igual recibió descargo de su crimen el nombrado Bienvenido Melo German, favorecido con un auto de no ha lugar debido a que la acción contra él se extinguió por prescripción, porque ya habían pasado 10 años de haber sido condenado, aunque nunca había guardado prisión.
De cómo la impunidad de la justicia y la complicidad de las autoridades garantizaron la libertad de los caliés más destacados de la dictadura de Trujillo, narra el dirigente del 1J4, Rafael-Fafa-Taveras lo siguiente:
Los “verdugos de las Mirabal sobrevivieron protegidos por los gobiernos dominicanos, sobre todo por los del extinto expresidente Joaquín Balaguer, que protegió a algunos de ellos hasta dándoles empleos con otros nombres”.
“Un ejemplo de ello es que en 1971, siendo yo un prisionero me llevaron al hospital Marión, por una dolencia, y allá me encontré con Rojas Lora, quien trabajaba para ese tiempo en la cementera (…). Ciriaco de la Rosa murió en Boston, Estados Unidos, al igual que Alicinio Peña Rivera, quien convertido en pastor evangélico vivió en Puerto Rico, también falleció fuera del país. Sobre los demás, considera que “de seguro se han camuflado y tienen otras identidades y están vivos”.[33]
Por igual, Emilio Estrada Malleta murió en Haití en un confuso incidente vinculado a Johnny Abbes García, y Ramón Emilio Rojas falleció en un barrio de la ciudad de Santo Domingo. En cuanto a Ciriaco de la Rosa, este vivió en el municipio de Yamasá “dedicado a la actividad de curandero”, pero parece que se fue a residir a los Estados Unidos, donde era conocido con el nombre de “Chago”. Se dice que falleció en el Lawrence General Hospital en el 2003; mientras que Alfonso Cruz Valerio y Nelson Pérez Terrero se dice que todavía viven en el país pero llevando una vida discreta. Por su parte, Rafael Viterbo Álvarez Corporán, este murió acribillado a balazos en la ciudad de San Cristóbal.[34]
El manto de la impunidad, la protección oficial, la complicidad para que muchos de estos esbirros de la dictadura de Trujillo se mantuvieran participando en la vida política o en acciones delictuosas y criminales, arropó a parte importante de los gobernantes que dirigieron el país posterior al derrocamiento de Juan Bosch, principalmente los presidentes Héctor García Godoy y Joaquín Balaguer, sin que hasta la fecha hayan pagado por los crímenes cometidos contra la sociedad dominicana. Se impone, que a 58 años de finalizada la dictadura todo sea esclarecido. Una Comisión de la Verdad sería un importante aporte en la lucha por la libertad y la democracia.
(Notas bibliográficas: [1] “Ordenan conducencia 258 personas calificadas caliés”. El Caribe, 7 de abril 1962; [2] La Nación, 10 de mayo 1962; [3] El Caribe, 10 de junio 1962; [4] El Caribe, 19 de junio 1962; [5] “EU deportaran Clodoveo Ortiz”. El Caribe, 17 de julio 1963; [6] “Bajo fuerte custodia traen de EU a Clodoveo Ortiz”. El Caribe, 20 de julio 1963; [7] Ob. cit.; [8] “Asociaciones civiles del país piden procesar los criminales de las desaparecidas tiranías”. El Caribe, 25 de enero 1962; [9] Alicinio Peña Rivera, Trujillo: historia oculta de un dictador. New Yor, Plus Ultra Educational Publishers, 1977, p. 401; [10] “Mueven acción pública contra Félix Bernardino”. El Caribe, 4 de enero 1962; [11] Expediente relativo al juicio de los agentes implicados en las muertes de las hermanas Mirabal. En: El juicio a los asesinos de las hermanas Mirabal. Santo Domingo, CPEP, 2011, pp.19-20; [12] Interrogatorio al testigo Jesús Espinal. Ob. cit., pp. 197-198; [13] Véase el expediente del juicio sobre asesinato de las hermanas Mirabal. Ob. cit. pp. 329-333; [14] “Citan ante juez ex agentes del SIM”. El Caribe, 4 de abril 1962; [15] “Ordenan arrestar a dos antiguos miembros del SIM”. El Caribe, 7 de junio 1962; [16] “Aplazan fallo de una causa seguida a ex agente de SIM”. El Caribe, 9 de junio 1962; [17] “Muchedumbre únese a Fiscal para capturar a un ex calié”. El Caribe, 9 de junio 1962; [18] “Apresan otros 7 acusados haber pertenecido al SIM”. El Caribe, 13 de junio 1962; [19] “Deniegan la libertad acusados de complicidad”. El Caribe, 26 de julio 1963; [20] El Caribe, 20 de noviembre 1962; [21] “Condenan 9 antiguos agentes de represión”. El Caribe, 23 de noviembre 1962. Véase también: “Rebajan penas a acusados haber pertenecido a SIM”. El Caribe, 22 de noviembre 1962; [22] “Juzgan varios acusados haber servido en SIM”. El Caribe, 1 diciembre de 1962; [23] Ob. cit.; [24] El Caribe, 7 de diciembre 1962; [25] El Caribe, 8 de junio 1977; [26] Véase El Caribe, 18 de junio 1977; [27] Johanna García, “Asesinos de las hermanas Mirabal nunca cumplieron condena”. El Día, 25 de noviembre 2013; [28] Alicinio Peña Rivera, Ob. cit.; [29] El Caribe, 10 de enero 1966. Véase también: “Ordena recaptura autores muertes hermanas Mirabal”. Listín Diario, 20 enero 1966; [30] El Caribe, 17 de junio 1976; [31] “Ignora organismo fijaría residencia de León Estévez”. El Caribe, 30 de junio 1977; [32] El Caribe, 18 de junio 1977; [33] Johanna García. Ob. cit.; [34] Ob. cit. )
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