SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El periodista e investigador Miguel Guerrero envió este lunes una carta en la que analiza los planteamientos del partido gobernante y del bloque opositor sobre la ley de partidos.

‘‘Tanto la administración del presidente Danilo Medina como el partido oficialista coinciden con sus adversarios en la necesidad de que ambas leyes sean aprobadas por las cámaras legislativas’’, señala Guerrero, plantea el avance democrático que se lograría con la aprobación del proyecto de ley.

En tanto, calificó como ‘‘irreflexivo’’ y ‘‘muy peligroso’’ la decisión de llevar a la plaza pública y no a la mesa de negociación el reclamo.

En busca de una respuesta ante la ‘‘inmadurez de la clase política’’ dominicana, manifestó su deseo de que se aclare el panorama nacional tras la longevidad de un proyecto que plantea organizar a los partidos políticos.

A continuación la carta íntegra.

10 de abril de 2017

Sres. directores de los diarios nacionales.

Ciudad.

Distinguidos y estimados señores:

Las ediciones de los diarios de la fecha resaltan en sus portadas la decisión adoptada por el llamado Bloque de Oposición, integrado por diez organizaciones políticas de izquierda, centro y ultraderecha, de reclamarle en las calles al gobierno y al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) la aprobación de dos proyectos de leyes congelados en el Congreso: la de partidos políticos y la reforma electoral. Una somera revisión de los periódicos de los últimos meses muestra, por lo menos retóricamente, que tanto la administración del presidente Danilo Medina como el partido oficialista coinciden con sus adversarios en la necesidad de que ambas leyes sean aprobadas por las cámaras legislativas. Por lo menos eso es lo que ambas partes le han estado diciendo al país.

Cuándo se observan estas coincidencias de pareceres sobre temas que se consideran fundamentales para el mejoramiento de las actividades políticas y la institucionalidad democrática, cualquier ciudadano podría preguntarse: ¿Por qué entonces esas leyes no han sido aprobadas y continúan siendo el centro de una disputa indefinida a la que nadie parece interesado en ponerle término?

La decisión de llevar a la plaza pública y no a la mesa de negociación el reclamo de algo sobre lo que en apariencia la clase política admite estar en lo básico de acuerdo, me parece irreflexivo y en el marco de la situación actual muy peligroso, pues nadie podría garantizarle a la nación que el resultado pueda quedar bajo control.

Es innegable que esas y otras leyes pendientes son necesarias y alguna solución debe buscarse para zanjar esa deuda con la democracia dominicana. ¿Cuál sería entonces la solución? ¿Quién o quiénes son responsables de este doloroso impasse, que más que nada pone de resalto la inmadurez de nuestra clase política? Obviamente, ha faltado coraje, vocación, espíritu de equidad y, sobre todo, voluntad para llegar a un acuerdo. Y esa carencia lamentable de voluntad no se da sólo en el ámbito oficialista sino también en la oposición, en donde se observa una insólita renuncia de autoridad de partidos grandes en beneficio de un conglomerado de grupos que van ideológicamente de un extremo al otro, unidos únicamente por el deseo de sacar del poder al partido gobernante, sin oferta adicional con méritos para aglutinar los sentimientos de la mayoría del electorado nacional.

En una conversación reciente con un importante líder de oposición, le preguntaba la razón por la cual no se daba en el país lo que es una práctica común en naciones democráticas, como fue el caso de España, por ejemplo. Le insistí que a pesar de que las diferencias entre el  gobernante Partido Popular y el PSOE, Ciudadanos y Podemos son más profundas que las que pudieran existir entre el PLD y los partidos de oposición, los españoles dirimieron las diferencias que impedían la solución de su peor crisis en años, sentados a la mesa en La Moncloa, la sede del gobierno, y no en la Complutense; entre ellos, mirándose la cara, sentados uno al frente del otro, sin mediación de terceros.

La respuesta que recibí me aclaró el acertijo: “Si yo voy al Palacio a reunirme con el presidente Medina, me acaban en los periódicos y las redes y me acusan de estar vendido al gobierno”.

Los partidos con deseos sinceros de aclarar el panorama nacional y con representación en el Congreso, es decir aquellos que tienen autoridad para allanar el camino a la aprobación de ambas leyes, deben armarse de valor y sentarse a discutir seriamente el problema. Y no hay otro lugar que no sea el Palacio Nacional, no un recinto universitario o clerical, para hacerlo.

Creer que la calle es el método idóneo solo traerá más conflictos a una sociedad ávida de soluciones y harta de comunicados llenos de lugares comunes que a nada conducen.

Con sentimientos de la mayor estima,

Miguel Guerrero