La declaración del miércoles 8 del presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Poder Judicial, Mariano Germán, es una expresión de la profunda crisis generada por el secuestro de ese estamento del Estado, de la crisis del sistema político y de la intensa lucha en el seno del partido gobernante de cara a las elecciones generales del próximo año.
Pretendiendo defender procedimientos, el más alto funcionario judicial enjuició y condenó personalmente al Procurador General de la República (PGR) Francisco Domínguez Brito y de paso estigmatizó a los amplios sectores sociales y políticos que expresan alarma por el nivel de impunidad y la complicidad con la corrupción.
No una simple reacción
Para contextualizar y analizar la declaración del doctor Mariano Germán, hay que advertir que fue previamente escrita y posteriormente distribuida a los medios informativos, lo que hace inexplicable que personalizara un conflicto inexistente entre él y el procurador Domínguez con términos descalificativos, impropios de quien por su investidura debe ser ejemplo de ponderación y serenidad.
Pocos esperaban justicia en una corte cuyo presidente también era un socio y abogado personal de Fernández, con mayoría de jueces políticos.
Desde el inicio Germán monta un entramado para impugnar a Domínguez, al plantear que quienes ocupan altos puestos judiciales "sólo alcanzan niveles aceptables de éxito, si tienen fe, conocimiento y madurez, expresada esta última en actos de prudencia y sabiduría". Sostiene que "Sólo quien no tiene fe en ella (la justicia) es capaz de ocasionarle daños, como lo ha hecho el Procurador General". Sube de tono al sostener que el PGR "ha llegado al extremo de llamar a una desobediencia civil contra el Poder Judicial", lo acusa de promover "el exacerbamiento social", y concluye en que su actitud "ha sido inmadura, irreflexiva, irrespetuosa y propia del populismo judicial que lo caracteriza".
Sin citar una sola expresión de Domínguez Brito que justifiquen esos descalificativos, ni ningún juicio personal en su contra, el doctor Germán se presenta en tres párrafos como modelo de ponderación y proclama que ha sido "sumamente prudente ante acontecimientos que han manchado la toga de diversos representantes del Ministerio Público" para luego referirse a "actos impropios como aquellos que los ligan a las drogas".
Contra los sectores sociales
El presidente de la SCJ no enjuicia sólo al Procurador, sino que aprovecha para impugnar a los sectores sociales que desde el "viernes de dolores" cuando el juez instructor Alejandro Moscoso Segarra dictó el No Ha Lugar a procesar por corrupción al senador y secretario de Organización del PLD Félix Bautista, vienen expresando indignación y repudio a un sistema judicial que consideran secuestrado por el partido gobernante.
Dice Mariano Germán que si el PGR llama a la desobediencia, "no puede esperarse conductas diferentes de sectores propensos al desconocimiento del orden establecido y hasta de sectores tradicionalmente sensatos". No identifica a unos ni otros, pero se entendió una referencia, por un lado a sectores populares y contestatarios, políticos y sociales, que se manifiestan sistemáticamente contra la corrupción y la impunidad, y por el otro a entidades como la Confederación Dominicana de Religiosos, el Consejo Nacional de la Empresa Privada y otras que han ido más lejos que Domínguez Brito en condenar la impunidad y cuestionar el sistema de justicia.
La condena de la Confederación que agrupa a las órdenes religiosas, de sacerdotes y monjas, se expresó en comunicado del Martes Santo, cuatro días después del dictamen de Moscoso, donde dicen que comparten la preocupación de buena parte de la opinión pública sobre la corrupción, y que la desestimación del expediente del Ministerio Público contra Bautista "nos ha dejado perplejos", y que "también nosotros nos hemos sentido burlados y desconcertados". Se unen a "tantas voces que gritan alarmadas por la impunidad que parece reinar en la vida política y social dominicana, motivada en buena medida por las expectativas asociadas a la contienda electoral del año venidero". Declaran haber percibido una "indignación social generalizada y presente", que acogen para "evitar que la impunidad y el triunfalismo prevalezcan en la sociedad dominicana".
Clamor tras la Semana Santa
A quienes programaron el dictamen sobre los expedientes de corrupción contra Félix Bautista y seis asociados y contra el alcalde de San Francisco de Macorís para el Viernes de Dolores, se les atribuyó desde el primer momento la pretensión de que las vacaciones de la Semana Santa, dejarían atrás las reacciones. Pero si fue la intención, fallaron, al no contar con que las prédicas del Viernes Santo se concentrarían en la corrupción, y que había grupos sociales con determinación a la protesta de larga duración.
Las protestas se multiplicaron esta semana, tras el asueto, incluyendo reiteradas manifestaciones públicas en esta capital, Santiago, San Francisco de Macorís y otras ciudades. Todo el liderazgo de oposición y de decenas de organizaciones confluyó el jueves en una parada frente al edificio de la Suprema Corte, mientras proliferaban los comunicados de condena, incluso pidiendo la renuncia de los jueces de las Altas Cortes.
La tercera visita en cinco meses del embajador de Estados Unidos al Procurador con declaraciones de apoyo a su labor contra la corrupción y la impunidad y comunicados como el del CONEP, Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, la Fundación Institucionalidad y Justicia, la Alianza contra la Corrupción y muchas otras pudieron motivar la virulenta reacción del doctor Mariano Germán.
El pronunciamiento del CONEP pudo haber sido el más urticante, al proclamar desde su título una "crisis de confianza en el Poder Judicial" y en el sistema de justicia, piedra angular para "garantizar la seguridad jurídica y un adecuado clima de negocios e inversiones", y como "factor imprescindible para la existencia de un verdadero estado de derecho y el sano desempeño de nuestra institucionalidad democrática" .
Lo más duro del pronunciamiento del organismo empresarial fue proclamar que "No puede haber confianza en las instituciones y en el Estado mismo, si no hay confianza en la independencia del Poder Judicial, y si sus decisiones son objeto de cuestionamientos públicos generalizados. Esto se agrava cuando se percibe que la administración de justicia no cumple su rol o constituye un obstáculo para las investigaciones relacionadas a actos de corrupción administrativa en sus distintas vertientes".
Crisis del sistema político
La Fundación Institucionalidad y Justicia formuló ponderaciones jurídicas para concluir, como muchos juristas y otras entidades, en que el dictamen que exonera a Bautista "haya extendido y reconocido hasta límite sin precedentes una serie de garantías a favor de los imputados… mientras desconoce disposiciones legales contenidas en la Ley Especial de Lavado y otras similares".
La Finjus alude al clamor generalizado de que se pusiera como juez de instrucción a un vinculado "histórica y afectivamente al principal imputado (compañero de dirección de partido) cuando había disponibles varios jueces de carrera. Dice que las decisiones adoptadas vienen a fortalecer la percepción ciudadana de que tanto la independencia interna como externa del Poder Judicial están más comprometida ahora que en el pasado y que las aprehensiones legítimas que se manifestaron por la cercanía de muchos de los magistrados electos en el 2011 en las Altas Cortes, con el poder político, desembocarían en decisiones que profundizarían el imperio de la impunidad en el sistema de justicia nacional".
En la misma dirección se expresa el comunicado de Transparencia Internacional y su capítulo nacional Participación Ciudadana, que piden "que se lleve a cabo una amplia reforma en el sector justicia para garantizar su autonomía y calidad, con particular énfasis en eliminar la interferencia política en las decisiones de los jueces".
Desde que el Ministerio Público sometió el expediente contra Félix Bautista, con lo que muchos juristas han considerados indicios y pruebas suficientes por lo menos para que se le hiciera un juicio, se advirtió que detrás está la responsabilidad y el vínculo con el expresidente Leonel Fernández, gran elector de los jueces de las llamadas Altas Cortes. Lo dijeron hasta los abogados defensores y Bautista hizo la señal de la L de Leonel cuando se produjo su no ha lugar. Pocos esperaban justicia en una corte cuyo presidente también era un socio y abogado personal de Fernández, con mayoría de jueces políticos. Y abundaron las acusaciones de que la persecución judicial tenía por objeto destruir las aspiraciones de volver al poder de Fernández para abrir posibilidades a una repostulación del presidente Danilo Medina. Por esa razón muchos ubican lo que se ha denominado como choque de trenes judiciales en la lucha interna que sacude al PLD .
Los 21 twiter despachados por la SCJ horas después del dictamen pro Bautista, supuestamente para explicarlo, quedan como indecorosa muestra del secuestro político de la justicia y de la crisis del sistema político, ya que las sentencias deben explicarse por sí mismas y las instancias superiores donde pueden llegar no deben adelantarse a defenderlas.