II. Crisis: causas y consecuencias
Obviamente, en estos momentos la causa común a jóvenes y a todos los dominicanos de buena voluntad es sacar algo positivo de esta crisis. Tal y como reza el comunicado de Participación Ciudadano: “Aprovechemos para impulsar cambios profundos. Con un gran impulso nacional podemos avanzar en nuestros anhelos de que en la República Dominicana se respete la democracia, la institucionalidad y a la ciudadanía, que se ponga fin a la corrupción y la impunidad que estimulan los delitos que han provocado esta crisis” (2020).
Se trata de un llamado serio y dotado de credibilidad proveniente de una organización cívica no partidista que tiene muchos años insistiendo en la necesidad de cambiar las reglas del juego político y el papel de las instituciones en la construcción de una sociedad más democrática y participativa.
Por aquello de que al árbol no se le conoce por las raíces, sino por sus frutos, el origen de lo acontecido el 16F está ahora mismo expuesto a la pericia de investigadores foráneos. Estos se encuentran dotados, presumiblemente, de credibilidad y como forma de evitar que actores nacionales terminen haciendo las veces de jueces y partes de sus respectivas causas.
Mientras tanto, esas causas ocultas traslucen en diversos escritos. Yendo al fondo de la cuestión, por ejemplo, Participación Ciudadana manifiesta que “la actual crisis es el resultado de la falta de voluntad de cambio, de la debilidad institucional, pero, sobre todo, la reedición de la vieja y perniciosa cultura del continuismo a toda costa, corrupción desmedida e impunidad que tanto daño han hecho a este país. Ninguna nación puede avanzar con estos lastres. Estas reflexiones, por tanto, buscan llamar la atención para que esta crisis y sus graves repercusiones nos impulsen a aprovechar esta oportunidad para dejar atrás las prácticas políticas que impiden que la democracia avance” (Ibid).
Por su parte, Melvin Mañón nombra al sector responsable del fraude electoral y explica el por qué de su comportamiento. “el danilismo instrumentó el fraude electoral del día 16-02-2020 que tenía preparado. Lo hizo porque estaba obligado a seguir adelante, igual que en las primarias del 6 de octubre y lo hizo porque ellos no pueden bajarse de ahí a las buenas”, (Mañón 2020).
¿Cómo lo hicieron?, prosigue el incisivo relato,
“Horas antes del inicio de la votación, personal técnico del PLD, con y sin carnet de identificación de la JCE, procuró entrar a los centros de votación hasta tener acceso a las máquinas de votación. Era un trabajo máquina por máquina. Las alteraron no para sabotear las elecciones sino para “ganarlas”. Eran muchas máquinas, poco tiempo y personal que no tenía todo el dominio técnico ni tampoco la sangre fría. La jefatura de la JCE supo al menos una parte de esto y trataron de corregirlo pero a ellos, como a los falsificadores, los desbordaba la escala. Resultó que muchas de esas máquinas alteradas no quedaron funcionando bien pero ellos, los falsificadores, no lo sabían”. (Ibid)
A partir de ahí, el desenlace era previsible. “El domingo 16 temprano, una parte de las maquinas alteradas empezó a dar problemas que fueron debida y rápidamente documentados por los delegados de los partidos. La escala y magnitud de los problemas fue tan grande que declaró el fraude sin necesidad de denunciarlo otra vez, deslegitimó el proceso y desbordó a la JCE que hasta entonces había sido dócil, servil y cómplice del danilismo. Pero entonces sucedió lo impensable. La JCE entendió que el fraude era demasiado grande y al descubierto y no quiso echarse encima la comisión de un delito tan grave” (Ibid).
Estableciendo culpas, el citado autor decididamente parcialmente exonera de culpa a los jueces de la Junta Central Electoral: “Al suspender las elecciones la JCE arruinó el fraude y no consumó sino que evitó una masacre” (Ibid).
Llegando momentáneamente hasta ahí el veredicto, Mañón acusa a la cúpula del oficialismo peledeísta del sabotaje e intento de fraude al proceso electoral. Y advierte entonces que el país se encuentra ante una estructura partidista, la del PLD, que “no ha sabido leer el ánimo de la población” (Ibid). Y no deja de observar que si algún ganador ha salido de estas lides es el ex presidente y candidato presidencial Leonel Fernández quien “emerge ganador del proceso” (Ibid) mientras que la población queda liberada de la amenaza del voto electrónico o automatizado que sirve en bandeja de plata los intereses del poder gestor de fraudes, pues ya nadie se atreverá a volver a proponerlo ni tendrá fuerzas para imponerlo.
En esa dirección apuntan buena parte de los mensajes que inundan las redes sociales, aunque lo hagan recorriendo otras lógicas. Uno de ellos es este relato articulado en base a cinco pasos escritos en WhatsApp:
“El plan
“Objetivo: quedarse en el poder.
“Fall back position: garantizar impunidad
“En cualquier escenario: rehabilitación DM.
“Paso 1: ganar en las municipales para relanzar la imagen del partido.
“Reto: todos las encuestas indicaban que este paso fallaría.
“Alternativa: sabotear el voto automatizado y mantener el manual para que mejorar los resultados.
“Imprevistos: suspensión total y reacción inmediata de la sociedad.
“Paso 2: como la mejor defensa es la ofensiva, acuso a la oposición del sabotaje.
“Paso 3: busco chivos expiatorios para “fundamentar” mi acusación coronel y técnico.
“Imprevistos: a) todo el mundo está convencido de quién es el verdadero responsable; b) la credibilidad del MP y los investigadores es “0”; y, c) La crispación social puede desbordarse.
“Alternativa: se activa botón de pánico. “Si no puedes con ellos úneteles”.
“Bocinas, actores políticos y empresariales reiteran que hay sabotaje y suben el tono para sumarse a los agraviados (manida estrategia del esposo que llega tarde a casa y oliendo a perfume ajeno y llega peleando a la esposa y estrellando puertas para cambiar el foco).
“Como la oposición y jóvenes piden OEA e investigación, les complacen.
“Paso 4: certifiquemos al investigador. Llamemos a todo el mundo a bendecir a la OEA.
“Resultados esperados: a)neutralizo cuestionamientos al investigador; b) desactivamos las protestas porque estamos dándoles lo que pidieron.
“Paso 5: OEA hace investigación técnica. Determina que hubo sabotaje. No establece responsabilidades. Sin embargo, en el reporte al hacer recuento de los hechos investigados hace alusión a los hallazgos de los organismos de inteligencia del Estado y cita los nombres de los chivos expiatorios. Como la OEA no pueden hacer más de ahí, la investigación cae en manos de la PGR. Esta saca de contexto el informe para decir que la OEA constató que el responsable es la oposición.
“Resultados esperados: deshabilitar la oposición y ganar las elecciones de mayo. Al mejor estilo chavista con Leopoldo López.
Imprevistos: revuelta popular a ser mitigada con dinero, propaganda, cansancio y reprensión.
“Ante crisis no se celebran elecciones y siguen los actuales incumbentes en el poder. En algún tiempo y con presión interna o externa se llega a un acuerdo de impunidad y rehabilitación y se entrega el poder.”
A propósito del mismo acontecimiento del 16F, Anselmo Muñiz y Carlos Morel brindan una novedosa y aguda interpretación a la actual crisis electoral dominicana.
Para dichos autores la democracia dominicana, al ser solo electoral y carecer del clásico contrapeso republicano de los poderes del Estado de derecho (“El Presidente de la República tiene un poder descontrolado”), viene dando tumbos desde las elecciones generales de 2012 y las posteriores.
“Lo ocurrido el domingo (16 de febrero) se puede entender como el resultado lógico cuando el grupo político dirigente, que no tiene frenos institucionales, se rehúsa a aceptar el resultado negativo de un proceso electoral” (Muñiz & Morel 2020: 3).
Ahora bien, como si eso no fuera suficiente, los autores citados significan el problema de fondo.
“Lo que realmente llama la atención de todo esto, es que la crisis electoral no se presenta para los principales actores institucionales y partidos políticos como un cuestionamiento al estado de cosas en el país. La solución más probable será un pacto de élites que permita celebrar las elecciones sin mayores garantías, y sin enfrentar la carencias democráticas del sistema electoral dominicano. Esta salida, se daría de espaldas a la ciudadanía que se moviliza en las calles exigiendo responsabilidad por lo sucedido el domingo 16 de febrero” (Ibid).
Escrito antes de que el pasado 25 de febrero se diera a conocer la gestión de conciliación propiciada por 97 organizaciones y asociciones de diversa pocedencia en la sociedad dominicana, todas bajo la iniciativa del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP; 2020), está por verse si esa “solución más probable” asumirá el reto de afrontar la crisis de legitimidad del régimen político dominicano y a favorecer su superación; o se circunscribirá a celebrar el certamen electoral del próximo 15 de marzo y posteriormente el del 16 de mayo de 2020.
Si solo resulta esa segunda instancia, no se estará en condiciones de remediar lo que ambos autores autores tildan como “una receta para el desastre” -dado el excesivo poder esgrimido por quien ejerce la presidencia de la República- y la sociedad e institucionalidad dominicana quedarán debido a dicho “pacto de élites” a merced de quienes violan la convivencia democrática en el país y la vuelven a encauzar bajo el dominio de los que ostentan el poder fáctico en el país, oculto bajo el consuetudinario tráfico de influencias y favores, a la sombra de la mera legalidad.
En la primera de aquellas dos instancias, empero, la ciudadanía entera sí se encaminará posiblemente hacia una superación realista de la actual crisis de legitimidad del sistema político dominicano.
La hora presente es crítica. Tanto más crítica, mientras no se entienda y asuma que, como reconoce el rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), P. Alfredo de la Cruz Baldera, las protestas protagonizadas por jóvenes en distintos puntos del país y en el extranjero obedecen al nivel de desconfianza que tienen en las instituciones del país. Mas, dado que sin confianza recíproca entre los actores y la población general imposible construir y sostener una estructura social democrática, el imperativo nacional debiera ser “que nos sentemos en la mesa y que seamos capaces de hablar con la verdad, porque eso es lo que están pidiendo los jóvenes, que se diga la verdad”.
Descubrir y decir la verdad siempre será duro. De lo cual se deriva el valor de las palabras del rector universitario al subrayar que la falta de confianza en las instituciones bien pudiera llevar a que el pacto propuesto por la cúpula empresarial insostenible si antes no se pacta con la verdad.
En tal encrucijada toma relevancia el llamado del empresario Celso Marranzini a favor de que la juventud -y podría añadirse no solo la juventud que asiste, apoya y sostiene a los congregados en la Plaza de la Bandera- pasen a ser “los vigilantes de la democracia”.
“Muchos de sus papas o ustedes mismos mucho más jóvenes, fueron de los que exigieron el 4% para la educación. Un movimiento precioso, pero no se le dio seguimiento debido y hoy ese dinero que nos sacan del bolsillo no ha servido para mejorar el nivel de la educación, porque el mismo se ha ido en salarios y hacer ricos a profesores políticos que hoy no tienen como justificar su patrimonio. Que no suceda lo mismo con lo que reclaman hoy, no se cansen, conviértanse en los vigilantes de la democracia” (Marranzini 2020).
Esa vigilancia, para ser capaz de movilizarse y movilizar a otros hasta llegar a ser tendencia cultural, implica “el desarrollo de nuevos discursos democráticos” y estos “el fortalecimiento de los ciudadanos como contrapoder, como vigilantes y órganos de control de sus representantes” (Muñiz y Morel 2020: 5).
De lo contrario, el marco de referencia legal del país permanecerá como una norma para los ciudadanos de a pie, pero sin efecto alguno para los gobernantes y sus relacionados. Los mismos de siempre seguirán fuera y exentos de cualquier tipo de normativa e institucionalidad.
III. Contrapunteo civil y político
Aún en medio de la vorágine, casi imposible predecir de manera objetiva el futuro. Capaz que nunca se sepa qué sucedió, por obra y mandato de quién(es) y tampoco el verdadero propósito de los mismos. Al menos improbable si se buscan precedentes objetivos en el largo camino andado por el pueblo dominicano en su historia política.
En un franco contexto de incredulidad y ausencia de confianza habría que conformarse con leer y repetir de manera más o menos ilustrada algo así como este relato tomado de manera anónima de las redes sociales de estos días. En el mismo se argumenta en contra de fallo humano y a favor de la tesis de que hubo manos criminales en el sabotaje de las recién abortadas elecciones municipales:
“No creo que un equipo, capaz de crear todo un sistema automatizado con más de un año probando pudo cometer las imbecilidades que se plantean ahora. Para las primarias no sucedió nada de eso e IFES no vio que podrían haber semejantes fallas. Además en muchos lugares se votó bien. La contaminación la introdujeron en el proceso de clonación de determinado número de equipos, para que no se pudiera corregir y cómo sucedió, invalidar el proceso. Todo ha sido calculado. La trama quedará impune, porque se tiene al país en un vilo, ¿quién se va a atrever a acusar a los que ahora tienen los mecanismo de presión popular en sus manos? El crimen perfecto está hecho.”-
O bien, esto otro:
“La auditoría de la OEA es impredecible, el gobierno apuesta que demuestre indicios de sabotaje a través de (Roberto) Rosario, la oposición que demuestre un fallo que implique a un sector del partido de gobierno, pero la otra opción que no se debe descartar es que la JCE no es una empresa de software… De las recomendaciones técnicas hechas por IFES a la gran plataforma de 250,000 líneas de código en delphi y app en Xamarin había cosas tan básicas como un chagelog y estandarizar el lanzamiento de versiones del código en general. Así que no sorprende que sea un fallo técnico de arrogantes novatos que no supieron trabajar con metodología de ingeniería de software.”
Los puntos de vistas y sus razones y sin razones llenan las redes. También la prensa. A modo de ejemplo, el dedo acusatorio del “teniente” que relata, como si fuera una novela, la intervención oculta de uno de los servicios de inteligencia del Estado a la hora de vulnerar el voto electrónico el día de las elecciones municipales.
“Tres semanas antes de las elecciones las encuestas les decían que iban a perder en los grandes centros urbanos. No había ninguna duda, algo había cambiado, y los estudios que la Comisión estratégica hacía todas las semanas casi lo daban por hecho. Entonces se echó a andar la maquinaria. El DNI tiene desde un mes antes de las elecciones gente dentro de la juna y no es nada casual que el delegado técnico del PLD sea el vicedirector del DNI, miembro del Comité político del PLD. (…) ¡Fueron ellos los que elaboraron el plan, pero les falló, no es historia, es realidad, verdad!” (Mateo 2020: 9A).
Evidentemente, el relator de ese recuento matutino, habiendo oído eso de “Usted sabe que la ¨Comisión estratégica¨ funciona en el Palacio y todo lo analiza. El plan era boicotear el voto automatizado y continuar votando en las urnas en las cuales se votaba manualmente…”, no pudo menos que pensar en “la triste contabilidad de la mentira que es nuestra historia” y sentir que se esparcía en el ambiente “una especie de delicioso terror” (Ibid).
Mientras tanto, en lo que se verifica lo que en verdad aconteció, resuena el timbre de voz femenino de Faride Raful cuando denunciaba el pasado 23 de febrero durante la autoproclamada Gran Marcha por la Democracia de la mayoría de los partidos políticos opositores que:
“Nunca en la historia de esta nación se había producido una confluencia de 13 partidos, de distintas concepciones ideológicas y programáticas, y con tan distintas candidaturas, tres de ellas presidenciales, con numerosas organizaciones sociales. Para decirle a todo el que quiera escuchar que nos mantendremos alertas, en coordinación, para rescatar la institucionalidad democrática e imponer el imperio de la ley y de los principios democráticos. Entiéndase bien, ¡ésta es la marcha por la democracia!!! Bajo la consigna ¡“mi voto se respeta”!!!
“Se planificó y ejecutó un bloqueo de las elecciones municipales cuando vieron que sufrirían en las urnas uno de los más dramáticos rechazos de la historia electoral dominicana. Porque el cuerpo social viene mostrando fatiga por los abusos del Estado, por la inseguridad ciudadana, el crecimiento de la desigualdad que arrincona gran parte de la población y la condena a la pobreza, y por los más altos niveles de corrupción e impunidad, que incentivan la delincuencia en todas sus expresiones.
“El asalto de las elecciones municipales forma parte de una cadena de intentos por quebrantar la institucionalidad democrática, que se han venido estrellando contra la herencia libertaria sembrada por los trinitarios y padres fundadores de la República, y abonada por la sangre y el sudor de los dominicanos y dominicanas en 176 años de historia republicana.”
Entre esos intentos, por supuesto, se incluyó “durante más de dos años” “comprarse una segunda reforma constitucional reeleccionista” y por tanto “esta marcha es una contundente demostración de la indignación y la consternación producida por el descarado asalto al sistema electoral ejecutado el 16 de febrero recién pasado para impedir que la ciudadanía patentizara la fatiga y el hartazgo que han generado los abusos del patrimonio público y el secuestro y la manipulación de las instituciones” (Ibid).
Ante tal rosario de cuentas se alza la suspicacia y el escepticismo nacional. Por algo el Gobierno Dominicano, en la vocería del Consultor Jurídico de la Presidencia, Flavio Darío Espinal, reconoce sin rondeos que:
““No se logra nada si la explicación que se ofrezca, aún pueda ser verdadera, no cuenta con esa credibilidad que es la base de la confianza que debe existir entre gobernantes y gobernados. Reconociendo esto, hay que buscar una vía para dar credibilidad a cualquier investigación que se lleve a cabo para determinar qué pasó y si hubo alguna actuación dolosa en esa interrupción inesperada de las elecciones municipales. (…)
“El Gobierno dominicano reconoce que en un ambiente de tanta desconfianza como en el que nos encontramos, cualquier investigación que se lleve a cabo sin la debida independencia de todos los actores políticos, incluyendo al Gobierno, generará suspicacia y descreimiento tanto en los partidos políticos de oposición como en amplios segmentos de la sociedad dominicana” (Thomas 2020).
Ese reconocimiento de desconfianza e incredulidad de las autoridades ante la población es loable. La verdad de los hechos ocurridos, sin embargo, probablemente permanezca oculta con o sin la colaboración de la OEA, pues los equipos que serán auditados no fueron resguardados en las bóvedas del Banco Central o de alguna otra institución bancaria, -como fuera recomendado oportuna y alertamente por la IFES el pasado 7 de febrero (La Información 2020)-, si no por el contrario custodiados en los mismos depósitos de la JCE.
En lo que se revelan la metodología y los resultados del estudio solicitado por las autoridades al organismo hemisférico, no se despejan las dudas en los medios de comunicación y ni siquiera queda claro cómo interpretar qué significa la respuesta presidencial.
La verdad, para retomar dicha palabra, permanece oculta al momento de escribir este recuento el 28 de febrero del año 2020.
En medios radiales el periodista Euri Cabral, había solicitado, entre otros, que el Presidente hablara; solo que se aventuró a decir que él no creía que el primer mandatario de la Nación desconociera lo que sucedió (Cabral 2020). Silencio incriminatorio o expiatorio.
“No es verdad que Danilo Medina, el presidente de la República, no sabe lo que pasó en la Junta Central Electoral, se lo puede decir a otro pero no a Euri Cabral”, expresó el periodista en un programa radial transmitido ayer martes, antes de agregar “Danilo sabe lo que ocurrió en la JCE, Danilo lo sabe” (Cabral 2020).
En atención a esa solicitud o independiente de ella, el Presidente de la República, habló para revelar su ignorancia y por ende eso hizo sonar otra clarinada en medio del Congreso Nacional y de mayor atención de la población.
Al iniciar su rendimiento de cuentas por mandato constitucional el pasado 27 de febrero Danilo Medina se refirió a “la delicada situación que vive el país” tras la suspensión sorpresiva de las elecciones, evento que ha propiciado “una justificada indignación en toda la sociedad”. A seguidas, se puso por delante:
“Me identifico plenamente con el clamor de amplios sectores de la sociedad dominicana, especialmente las nuevas generaciones, en el sentido de que se busque a fondo la verdad, toda la verdad, sin cortapisas ni restricciones. El pueblo dominicano demanda y merece una respuesta.
“Un acontecimiento de esta envergadura no puede quedar sin explicar, o con explicaciones a medias o acomodaticias.
Comprometido como el que más a que esta situación se aclare, hemos dado el apoyo para que la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES) y la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE) realicen una investigación independiente y rigurosa para que ofrezcan al pueblo dominicano y a la comunidad internacional una explicación objetiva y veraz de lo que impidió que las elecciones municipales pudieran celebrarse, tal como estaban programadas” (Medina 2020).
Pero dejó el quid de la cuestión para el final de sus breves palabras respecto al tema electoral. La razón de su intervención es que él -al menos como individuo, pues no se refirió explícitamente a su gobierno o a un sector de éste y tampoco a su partido político- no teme las conclusiones de esa investigación porque -otro supuesto- no es responsable ni tiene algo que perder a causa del inaudito fiasco electoral.
Por eso insiste en hablar en primera persona.
“Reitero: debe ser una investigación completa, que no deje nada sin escudriñar y que saque a la luz pública absolutamente todo lo que resulte de esa investigación” (Ibid).
En otras palabras, para retener la confianza de “ese pueblo que nos ha dado su confianza y nos ha acompañado en todo momento, con su fuerza y capacidad, para lograr la transformación de nuestro país”; esa misma confianza que, “no les quepa duda, es el bien más preciado que llevo conmigo” (Ibid), el Presidente parece estar anunciando que no está dispuesto a cargar culpas y lodos ajenos.
“Restablecer la confianza perdida requiere como punto de partida que tengamos esa explicación independiente y objetiva, a la vez que trabajamos juntos para reencauzar el calendario electoral con todas las garantías para que algo similar no vuelva a ocurrir en los procesos electorales a celebrarse los días 15 de marzo y 17 de mayo próximo” (Ibid).
Pero mientras no reluzca la verdad, no solo ella sino la confianza que entreteje a las naciones también permanecerá siendo una de las dos primeras víctimas.
Como hubiera dicho Mario Moreno, Cantinflas, insuflando un poco de humor como en las tragicomedias griegas:
“No sospecho de nadie, pero desconfío de todo el mundo” (2018).
De ahí la conveniencia de que el mismo interesado de que todo sea escudriñado minuciosamente dé muestras de interés genuino por desenmarañar el enredo de culpas, disculpas y excusas. Ejemplo de una prueba conveniente, por ejemplo, pudiera ser que, aprovechando los últimos cinco meses y medio del período presidencial vigente, finalmente nombre un Ministerio Público, pero independiente, que haga lo nunca antes visto: ser consecuente con el régimen legal formalmente vigente en el país y con un régimen de consecuencia tradicionalmente adulterado a todo lo largo y ancho de la historia republicana del pueblo dominicano.
Ese Ministerio independiente y no otro sería el receptor legal, legítimo e idóneo para aplicar el régimen legal de consecuencias al y a los implicados en uno de los mayores y más vergonzosos robos democráticos que se registran en los arcanos de pueblo alguno.