SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El doctor Guido Gómez Mazara solicitó formalmente a los nuevos miembros de la Junta Central Electoral que, bajo los parámetros de la ley de Libre Acceso a la Información Pública, se ponga en manos de la ciudadanía los manejos financieros y administrativos de la pasada gestión, tipificados como extraños por él, debido a la red de empresas y contratistas que por montos y reiterados beneficiarios en concursos deben ser transparentados.
En carta depositada el día 28 de noviembre y fundamentada en la ley 200-04, el profesional del derecho señaló a empresas que suplían productos tan diversos como repuestos, materiales eléctricos y muebles cuando no constituye una característica proveer esa multiplicidad de elementos y la entidad electoral facilitaba la compra a compañías, sin impacto ni amplio reconocimiento en el mercado, pero de una enorme capacidad de hacer transacciones en la JCE.
El dirigente político estableció que en la política de edificación de Oficialías de Estado Civil en todo el territorio nacional mueve a suspicacias inversiones como en el caso de Valverde, Mao donde sólo en el relleno sanitario se invirtieron 16 millones de pesos y los ingenieros del Codia encargados de certificar la construcción se negaron a validar la obra.
Además, un reconocido “ganador” de obras dentro del esquema de las oficialías tiene vínculos de familiaridad con un funcionario de primera línea del órgano electoral y ese tipo de conductas no deslindaba entre el compromiso profesional con la JCE y trabajos realizados a funcionarios que utilizaban esos profesionales en actividades particulares como la reparación, diseño y obreros en sus residencias particulares.
En el requerimiento hecho a los miembros de la JCE, se consigna los “extraños procedimientos” para seleccionar los ganadores del concurso de chalecos al personal que trabajó en las elecciones de mayo pasado, especialmente en el caso de una empresa que se le planteó no participar en la licitación que, ganada en buena lid por esa compañía, se sometió a un proceso de acoso y hostilidad sin precedentes.
En ese mismo orden, Gómez Mazara calificó de alarmante que una empresa fumigadora promediaba 50 millones de pesos al año facturados para desinfectar oficinas administrativas, cheques retirados por un mismo ciudadano de dos empresas no relacionadas entre sí que ofertaban servicios diferentes y la compra de canastas navideñas a compañías que sólo eran suplidoras de la Junta Electoral.
Gómez Mazara se comprometió a hacer de público conocimiento las informaciones que, solicitadas por él ante la JCE, deben ser oficializadas en el plazo de 14 días.
Finalmente, el abogado y dirigente político pidió a las nuevas autoridades una revisión profunda de las redes familiares que operan en todo el cuerpo administrativo de la JCE para darle un verdadero carácter institucional a empleados que con méritos y sobrada capacidad no eran promovidos debido a una altísima carga de lazos primarios existentes entre el funcionariado dentro de la pasada administración.
Documento para descarga:
Solicitud a la JCE de manejos financieros y administrativos de la pasada gestión