Con el golpe de Estado contra el gobierno constitucional de Juan Bosch y del Partido Revolucionario Dominicano, el 25 de septiembre de 1963, terminó el experimento democrático más importante inmediatamente posterior a la muerte del dictador Rafael L. Trujillo.[1] El país pasó a ser gobernado por un gobierno colegiado, que gobernó al margen de la constitución, llamado “Triunvirato”. Los triunviros se juramentaron el día 26 encabezados por Emilio de los Santos, quien lo presidió, además de Manuel Tavarez Espaillat y Ramón Tapia Espinal. En el gabinete estuvieron representados los partidos que apoyaron la acción anticonstitucional, principalmente la Unión Cívica Nacional, Alianza Social Demócrata, Vanguardia Revolucionaria y el Partido Progresista Demócrata. Condenaron el golpe de Estado el PRD, el Partido Revolucionario Social Cristiano y las agrupaciones de izquierda.
Entre las medidas inmediatas tomadas por el nuevo gobierno, se cuentan: ilegalizar los partidos de izquierda; declarar como inexistente la Constitución de 1963; disolver el Congreso Nacional; proclamar el respeto a los compromisos internacionales, y promover el desarrollo económico, exonerando de impuestos y otros beneficios al sector empresarial. [2]
Protestas contra un gobierno ilegitimo
Desde el 26 de septiembre de 1963 se iniciaron las protestas contra el gobierno, los paros de labores simbólicos y huelgas de trabajadores y del transporte público fueron cotidianos. Para impedir esos movimientos, las autoridades aplicaron la represión política contra los líderes opositores y en especial contra los dirigentes de los partidos comunistas y del PRD; muchos de ellos se asilaron en embajadas, o fueron apresados y confinados en cárceles dominicanas.
Las movilizaciones populares se acrecentaron a partir octubre con manifestaciones organizadas por la Federación de Estudiantes Dominicanos (FED), y los legisladores se reunieron secretamente en Asamblea Nacional para desconocer al Triunvirato. Dentro de las Fuerzas Armadas se dieron conatos de resistencia al nuevo gobierno, mientras el llamado “Clan de San Cristóbal”, vinculado al ex presidente Joaquín Balaguer, intentó promover una rebelión entre los soldados de la Base Aérea de Santiago y entregar el gobierno al presidente del Congreso.
Otro sector militar, bajo el liderazgo del Teniente Coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, intentó un contragolpe a favor del regreso de Juan Bosch a la presidencia, pero fueron descubiertos. Domínguez fue sacado del país en condición de agregado militar en la embajada dominicana en España. Además, las autoridades apresaron al capitán Héctor Lachapelle Díaz, al teniente Lorenzo Sención Silverio y a otros oficiales simpatizantes del regreso de Juan Bosch a la presidencia.
Levantamientos guerrilleros
En octubre de 1963 el Movimiento Popular Dominicano (MPD) organizó un levantamiento guerrillero en la zona de Cevicos, de la Provincia Sánchez Ramírez, pero fue rápidamente controlado por las autoridades y sus integrantes apresados. Otro grupo de presuntos guerrilleros corrió la misma suerte en la zona montañosa de San Juan de la Maguana y en la tercera semana de noviembre, el Movimiento Revolucionario 14 de Junio dio inició a un levantamiento armado dirigido por su principal líder, el doctor Manuel (Manolo) Aurelio Tavarez Justo, declarándose abanderado del régimen constitucional, y la reforma agraria.
La acción guerrillera del 1J4 estuvo acompañada de algunas escaramuzas en la capital dominicana, con el lanzamiento de artefactos explosivos, manifestaciones callejeras, y cierre de las escuelas. Una crisis en el gobierno, resultado de la muerte de Tavarez Justo, conllevó a la renuncia del presidente del Triunvirato doctor Emilio de los Santos, siendo sustituido de inmediato por el empresario Donald J. Reid Cabral como principal responsable del gobierno, desde el 29 de diciembre hasta el 24 de abril de 1965. A Cabral se le tenía como un empresario vinculado a la Embajada Americana. El ambiente de protesta tenía relación con el clima de represión política, el aumento del costo de los productos de primera necesidad y la corrupción administrativa.
Preparando la vuelta a la constitucionalidad
En diciembre de 1963, el PRD decidió suspender sus actividades proselitistas y procedió a organizar de manera clandestina, un movimiento para restaurar el gobierno de Juan Bosch en la presidencia “hasta que se retornara al estado de derecho”. Con el Movimiento Revolucionario 14 de Junio desarticulado, y el PRD con sus líderes en el exilio, este incrementó sus tareas conspirativas dentro de las Fuerzas Armadas, a la vez que firmaba el “Pacto de Rio Piedras” con el Partido Revolucionario Social Cristiano, en Puerto Rico, alejándose de las posiciones electorales. El propósito de todas estas acciones estaban motivadas por la vuelta a la presidencia de Juan Bosch sin elecciones, aunque la embajada, los empresarios y sectores políticos propensos al triunviro propendían por la llamada “formula de Santiago” que favorecía unas posibles elecciones generales para agosto de 1965, a lo que el profesor Bosch se oponía.
Explosión en depósito de armas
La noche del 11 de junio de 1964, una fuerte explosión destruyó los depósitos de armas y explosivos del Campamento Militar 27 de Febrero, situado en la margen oriental del río Ozama, en que murieron 8 soldados y 111 resultaron heridos. Donald J. Read Cabral, presidente del Triunvirato, acusó a los comunistas de ser los responsables de la explosión y dijo que ellos se encontraban ocultos en el campus de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la que fue de inmediato ocupada por tropas militares. El gobierno aprovechó la situación para suprimir, a través de la ley-decreto número 292, el fuero universitario. En esa oportunidad también se dijo que la explosión tenía como objetivo encubrir los actos de corrupción dentro de las Fuerzas Armadas, en los que el gobierno estaba implicado.
24 de abril: Rebelión militar contra Triunvirato
La situación de crisis permanente en el Triunvirato no desapareció del todo con la propuesta de convocatoria a las elecciones; pero todavía a principios de 1965 el gobierno se negaba a permitir el regreso de Juan Bosch y de Joaquín Balaguer a la República Dominicana, mientras grupos de militares relacionados con ambos líderes políticos conspiraban para ponerle fin al despótico gobierno. Los grupos más activos en ese propósito, los eran el balaguerista conocido como “Clan de San Cristóbal” y el constitucionalista que dirigía el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez. En marzo de 1965 los planes para el derrocamiento estaban avanzados, solo a la espera del momento oportuno. La rebelión se inició el sábado 24 de abril de 1965, en la Escuela de Entrenamiento del Ejército 27 de Febrero, ubicado en la Carretera Duarte, en el Campamento 16 de Agosto.
La rebelión de los militares constitucionalistas fue apoyada por el PRD, que alertó a la población a través del programa de radio “Tribuna Democrática” y en la voz de José Francisco Peña Gómez, de lo que estaba ocurriendo. Los dirigentes del PRD, junto a los militares rebeldes, procedieron de inmediato a tomar bajo control la emisora oficial Radio Santo Domingo, de donde anunciaron el final del gobierno de Donald J. Read Cabral. En el confuso momento, una parte importante de los campamentos de las Fuerzas Armadas se mantuvieron en actitud de expectativas sin apoyar a uno u otro bando.
Contradicciones en los mandos militares
Después de repetidas acciones militares y protestas de civiles armados en las calles de la ciudad de Santo Domingo, los sectores que apoyaban al retorno de la constitución de 1963 procedieron a tomar el control del Palacio de Gobierno y elegir como presidente provisional al doctor José Rafael Molina Ureña, a la espera del regreso de Juan Bosch. En medio del conflicto, los líderes militares del “Clan de San Cristóbal” presionaron las negociaciones para que se designara una “Junta Cívico-Militar” que los incluyera a ellos y a otros sectores castrenses, y se convocaran las elecciones generales en un período que no pasara de los 90 días, siendo la propuesta rechazada por los oficiales constitucionalistas, quienes se apegaban a la fórmula de “regreso de Juan Bosch a la presidencia sin elecciones”. La negativa produjo un movimiento de resistencia contra el golpe en la base aérea de San Isidro, encabezado por el Coronel Elías Wessin y Wessin, con el apoyo del Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas (CEFA).
La consigna de la hora: “armas para el pueblo”
Mientras tanto, los partidos de izquierda Movimiento Popular Dominicano (MPD), Movimiento Revolucionario 14 de Junio (1J4) y Partido Socialista Popular (PSP), comenzaron a participar en escaramuzas de guerra contra pequeños destacamentos policiales y procedieron a armar a sus militantes, exigiendo a los soldados constitucionalistas repartieran armas a la población. Las armas fueron repartidas: había comenzado la “Revolución de Abril”. Los primeros combates se concentraron en el Puente Duarte que une la capital con la parte oriental de la ciudad y del país, lugar en que estaba situada la Base Aérea de San Isidro y el CEFA, donde el coronel Wessin tenía sus tropas reforzadas con unidades de tanques de guerra y flotillas de aviones “vampiros” y “P-51”, que bombardearon durante varios días la ciudad de Santo Domingo.
Atentos a lo que acontecía en territorio dominicano, los Estados Unidos bajo la presidencia de Lyndon B. Johnson, trasladaron hasta las costas dominicanas portaviones norteamericanos y otras embarcaciones de guerra, favoreciendo la formación de una Junta Militar, procediendo a reunirse con los líderes de ambos bandos. En la entrevista la Embajada Americana exigió la rendición de los constitucionalistas. En ella estaban presente el presidente provisional José Rafael Molina Ureña y varios oficiales que les seguían, entre ellos el coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, quien a partir de ese momento y al rechazar las propuestas norteamericanas, tomó el liderazgo de la insurrección popular en la que ya habían muertos cientos de dominicanos y miles habían resultado heridos, mientras que el presidente Molina Ureña se refugió en una embajada extranjera.
El 28 de abril, Washington ordenó el desembarco de sus tropas en la ciudad de Santo Domingo y poblaciones cercanas, con el supuesto objetivo de salvar vidas y evacuar a los ciudadanos norteamericanos que residían en el país. Los soldados de la “División 82 del Cuerpo Aéreo del Fuerte Bragg”, tomaron como zona de operación la Base Aérea de San Isidro, en la que hicieron causa común con los hombres del coronel Wessin y Wessin.
Dos Gobiernos en medio de la lucha
La zona constitucionalista, que en principios se extendía por toda la parte occidental de la ciudad, no incluía a los barrios de Los Minas, Villa Duarte, Ensanche Ozama y otros sectores de la Zona Oriental. Posterior a la “Operación Limpieza”, acción criminal contra la población civil dirigida por lo que a partir de mayo se llamó “gobierno de Reconstrucción Nacional”, que ordenó el 13 de mayo el ataque masivo contra los barrios populares de la llamada “Zona Norte”, los revolucionarios seguidores de Juan Bosch se replegaron a lugares más seguros. La ofensiva de los soldados del CEFA, apoyados por las tropas norteamericanas, obligó a la concentración de los rebeldes en la “Zona Rebelde” que también fue llamada “Zona Constitucionalista”, donde operaba el alto mando de la “revolución”.
La “Zona Rebelde” comprendía la parte colonial de la ciudad y partes importantes de los barrios aledaños conocidos como Borojol, Villa Francisca, San Carlos y Gazcue. En ellos se concentró la mayor cantidad de los soldados y civiles armados defensores de la constitucionalidad y del regreso de Juan Bosch a la presidencia, y en el Edificio Copello en la calle El Conde, se instaló la sede central del gobierno de Caamaño, quien fue proclamado el 3 de mayo de 1965 por el Congreso Nacional. El coronel Caamaño procedió de inmediato a la formación de su gobierno. En el territorio bajo su control se organizaron las unidades cívico-militares que integraban a 1,800 militares y 5000 civiles armados, distribuidos en 117 unidades de combate conocidas como los “comandos constitucionalistas”.
El 7 de mayo de 1965, los Estados Unidos lograron unificar las tropas contrarias a la rebelión y dejaron formado el Gobierno de Reconstrucción Nacional, presidido por el general Antonio Imbert Barrera. Apoyado por las tropas norteamericanas, la iglesia católica y los empresarios, ese gobierno procedió a controlar las principales ciudades del país, que hasta ese momento habían permanecido como “tierra de nadie”.
Aunque por varias semanas el Estado dominicano sufrió una parálisis que llevó la incertidumbre a la población dominicana, posterior a la invasión norteamericana y a la formación del gobierno de Reconstrucción Nacional, el país fue recobrando parcialmente la estabilidad económica con el apoyo de los Estados Unidos, lo que facilitó que los empleados públicos cobrarán sus sueldos a partir del mes de mayo, y las recaudaciones tributarias comenzaron a recobrar su ritmo; sin embargo, las importaciones descendieron considerablemente, y el comercio, principalmente de la capital, fue afectado por la situación de conflicto.
La estabilidad que se iba recobrando, principalmente en las ciudades del interior de la República, se convirtió en un obstáculo para la ampliación del movimiento constitucionalista a nivel nacional, ya que los combatientes de las diferentes provincias habían dejado sus comunidades y concentrados en la zona constitucionalista en la que organizaron comandos que se identificaron con los nombres de procedencia de los comandistas. La operación más importante, con la que se quiso romper el cerco a que estaba sometido el sector “rebelde”, tuvo lugar el 25 de junio en la ciudad de San Francisco de Macorís, cuando varias docenas de rebeldes se adentraron en la ciudad y desde allí quisieron dar inicio a la insurrección, pero la operación había sido delata horas antes y enfrentada por las tropas del gobierno de Imbert Barrera. La acción fue desarticulada con un balance negativo para los revolucionarios con las muertes de varios combatientes.
El “movimiento cívico-militar con el propósito de instalar al depuesto presidente Bosch nuevamente en el poder, fue frustrado por el uso masivo de fuerzas militares de los Estados Unidos, que no salieron del país hasta que no quedó instalado un gobierno que claramente convenía a los intereses norteamericanos. Si por un momento existió la idea entre los dominicanos de que los Estados Unidos era incapaz de volver a intervenir militarmente en un país latinoamericano, la acción de 1965 creo la conciencia –y el convencimiento- de que la era de la no-intervención ha pasado y de que los Estados unidos seguirán interviniendo militarmente, cuando su permanente intervención diplomática no de los frutos esperados”. [3]
El balance de una tragedia
Los historiadores dominicanos han calculado en unas 5,000 personas las muertas como consecuencia del conflicto armado, incluyendo civiles y militares, lo que no puede ser confirmado por organismos oficiales nacionales ni internacionales, debido a que muchos de los muertos eran llevados a fosas comunes sin ningún control de las autoridades. El 9 de noviembre de 1965 la Cruz Roja Internacional registró 2,850 dominicanos muertos entre el 24 de abril y el 12 de julio, aunque esa institución aclaró que la cifra podría ser más elevada. Esa organización internacional informó haber incinerado 150 cadáveres y recoger a unos 3,0000 heridos, así como la evacuación de unas 200,0000 personas de la zona de guerra.
Buscando una salida negociada
La guerra civil de abril se prolongó, con altas y bajas, durante los siguientes cinco meses de 1965. Mientras el gobierno de Caamaño, que permanecía aislado en una zona restringida, y rodeado por tropas norteamericanas y de la Fuerza Interamericana de Paz (FIP), carecía de los recursos económicos necesarios para organizarse y pagar los sueldos de los empleados, el de Reconstrucción Nacional recibió la ayuda económica de los Estados Unidos, a través de la Agencia Interamericana para el Desarrollo (AID), para cumplir los compromisos de la administración pública.
En medio del conflicto, la situación dominicana fue llevada a debate tanto a la Naciones Unidas (ONU), en la que el gobierno constitucionalista recibió oportuno respaldo solidario de la Unión Soviética, de Francia, Chile, China y México. Sin embargo, la mediación entre los sectores en pugnas era llevada principalmente por la Organización de Estados Americanos (OEA), quienes se mostraron casi siempre parcializados a favor del Gobierno de Reconstrucción Nacional.[4]
Como parte de la estrategia norteamericana, que invadió el territorio dominicano con 42 mil soldados de los estados Unidos el 28 de abril, la OEA aprobó su propuesta para un mando interamericano de las tropas de ocupación, presentada en la Décima Reunión de Consulta de los Ministros de la OEA y aprobada con la oposición de México, Chile y Perú, y la abstención de Venezuela. Con el beneplácito de Brasil, Paraguay, Bolivia, Costa Rica, Honduras y Nicaragua, quienes integraron representaciones militares para participar con sus soldados en la ocupación de la República Dominicana, fue formada la Fuerza Interamericana de Paz (FIP), comandada por el brasileño general Hugo Panasco Alvin, y por el mayor Bruce Palmer, de los Estados Unidos, como segundo responsable.
La situación internacional resultó desfavorable para un triunfo contundente e inmediato de las tropas norteamericanas y del gobierno de Reconstrucción Nacional contra los militares y civiles constitucionalistas, lo que incidió para que el conflicto fuera dirimido en la mesa de negociación de la OEA, a cargo de un Comité Ad-Hoc encabezado por Ellsworth Bunker embajador de los Estados Unidos ante esa organización. El 18 de junio la Comisión entregó su propuesta de paz aduciendo que su misión era de conciliación, pero evidentemente parcializada con el gobierno de Imbert Barrera. Propusieron ponerle fin a la guerra mediante el establecimiento de un gobierno provisional que organizara las elecciones generales.
Los gobiernos de Imbert Barrera y del coronel Caamaño mostraron sus desacuerdos con la OEA, rechazando propuestas o insistiendo en puntos favorables que los beneficiaran en el tratamiento de los acuerdos.
Estados Unidos, gobernados por el demócrata Lyndon B. Johnson, favorecía la convocatoria a elecciones en un período de seis a nueve meses, para las que contaban con un candidato de su agrado, el doctor Joaquín Balaguer, para oponerlo a Juan Bosch cuando llegara el momento. Balaguer, que había salido al exilio en 1962, ingresó al país con el consentimiento americano a finales de junio de 1965, bajo la excusa de que lo hacía para visitar a su madre enferma, mientras que Juan Bosch, que fue sacado del país a finales de septiembre de 1963, regresó a Santo Domingo el 25 de septiembre de 1965.
Las negociaciones se prolongaron por meses, hasta llegar a la formula presentada por la Comisión de la OEA a los diferentes actores participantes en las mismas. El 30 de agosto el Gobierno de Reconstrucción Nacional renunció, sin firmar el Acta de Reconciliación, mientras que el Partido Revolucionario Social Cristiano y el Movimiento Revolucionario 14 de Junio se opusieron a la misma. En cuanto al Partido Revolucionario Dominicano, este se acogió a la propuesta, que incluía el gobierno provisional y el alto mando constitucionalista se abstuvo de votar, aprobándose la formula presentada por la OEA.
En el acuerdo, firmado de manera definitiva el 31 de agosto, fue aceptado el doctor Héctor García Godoy como presidente provisional, quien tomó posesión el 3 de septiembre de 1965, haciéndose responsable de preparar todo lo relativo a las elecciones generales, propuestas para ser celebradas el 1 de junio de 1966. Con el acuerdo de paz y la juramentación del gobierno provisional, había llegado a su fin lo que se conoce en la historia dominicana como la “Guerra de Abril de 1965”.
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(Notas: [1] Parte del presente texto, de mi autoría, forma parte del libro Historia del Ministerio de Relaciones Exteriores 1844-2000, de Eduardo J. Tejera y A. Paulino R., publicado por MINREX en el 2018, pp.275-290; [2] Eduardo J. Tejera, Cincuenta años de democracia y desarrollo dominicano 1961-2011, Santo Domingo, Fundación Dominicana de Estudios Económicos, 2012, p. 137; [3] Frank Moya Pons, El pasado dominicano, Santo Domingo, Fundación J. A. Caro Álvarez, 1886, p. 345; [4] Gautreaux Piñeyro, “El gobierno del Coronel Caamaño: sus ejecutorias y encrucijadas”. En: Guerra de Abril: inevitabilidad de la historia, Santo Domingo, CPEP, 2005, pp. 88-90)