SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Frente de Abogados del Partido Revolucionario Moderno (PRM), expresó su preocupación e indignación por la manera alegre como el Consejo del Poder Judicial, ha estado degradando a los jueces de los tribunales de la República Dominicana, con traslados antojadizos y sin contar con la aprobación de los magistrados afectado, en franca violación a la ley.
Belgia Soler, presidenta de los abogados del PRM, hablando en rueda de prensa, celebrada en el Instituto doctor José Francisco Peña Gómez, manifestó que todos los traslados y degradaciones se han producido por asuntos políticos, como manera de castigo a quienes no acaten la línea política que los miembros del Consejo de Poder Judicial, bajan a algunos magistrados.
De igual manera, denunció que muchos jueces de las altas cortes, no ha cerrado sus oficinas, y han designado al frente de ellas, hijos y familiares, valiéndose éstos del tráfico de influencia para obtener ganancia de causas y sentencias complacientes, como es el caso del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, quien nunca ha cerrado su oficina, siendo dirigida por cuatro de sus hijos, todos abogados en ejercicio.
Señaló que la Ley 327-98, en su párrafo único del artículo 18 establece que “Para los traslados o ascensos se tendrán en cuenta, rigurosamente, además de las condiciones exigidas por la Constitución, el mérito personal y la antigüedad en el ejercicio de la función en la categoría o grado inferiores y, en igualdad de condiciones, se preferirá al candidato de mayor edad. PARRAFO.- Los traslados y los ascensos deben contar con la anuencia previa de los beneficiarios, aún en el caso previsto en el literal b) del Artículo 23 de la presente ley”.
También, el Frente de abogados del Partido Revolucionario Moderno (PRM), tildó de muy sospechoso el archivo de expedientes ligados a actos de corrupción y de violaciones sexuales, como son el expediente del ex ministro de obras públicas, Víctor Díaz Rúa, y el expediente del padre Johnny, de Constanza, los cuales constituyen una vergüenza para el sistema de justicia de la República Dominicana.