Las elecciones del 15 de mayo costarán al contribuyente dominicano la suma de 3 mil 492 millones, 756 mil 932 pesos, según informó el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario Márquez.
Al participar como orador invitado en el almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio (AMCHAMRD), Rosario Márquez explicó que de esa suma, 2 mil 213 millones, 481 mil 343 pesos serán invertidos en gastos relativos a salarios y a servicios.
Detalló que esta inversión es utilizada en los preparativos para la elección de los 4 mil 106 cargos públicos, que abarcan los niveles presidencial, congresual y municipal.
Recordó que en el presente proceso compiten por esos cargos 24 mil 296 ciudadanos y ciudadanas candidatos, que se disputarán los votos de 6 millones 765 mil electores.
Resaltó que la JCE instalará 16 mil 067 colegios electorales en 4 mil 381 recintos.
El presidente de la JCE expresó que la ciudadanía no suele percatarse de que el ejercicio de votar tiene un costo.
Expresó que la actual gestión de la Junta Central Electoral se ha ocupado de transformarla en una institución de servicios públicos, con capacidad de administrar las funciones puestas a su cargo, con eficiencia y transparencia
“Posiblemente, si le dijeran que tiene un costo, una parte importante de la población no concurriría”, dijo.
Consideró que el ejercicio del este derecho sí tiene un costo, ya que el costo de todos esos materiales, equipos y personal involucrado se sostiene con los impuestos.
“Por tanto, se trata de la protección de un derecho esencial, fundamental, pero a su vez también del uso racional de recursos públicos, para garantizar el ejercicio de esos derechos, personales y universales”, señaló.
No obstante, explicó que este costo no significa que ése es el valor del derecho al voto, ya que costo y valor son dos conceptos distintos.
Asimismo, se refirió a la relación entre los procesos electorales y la marcha de la economía.
Expuso que, a su entender, la influencia en la dinámica económica está condicionada por el nivel de confiabilidad en la institucionalidad democrática, incluyendo los principales actores políticos, y de manera especial, las instituciones que tienen a su cargo la función electoral.
Expuso que en contra de esta tesis podría argumentarse que en las naciones desarrolladas suele existir variación en los porcentajes de las bolsas de valores, lo cual es cierto, pero casi siempre en proporciones no significativas, y regularmente pasajeras. Dijo que en coyunturas de crisis, las elecciones son partes del nerviosismo que parece ser transmitido a la moneda por los actores humanos.
“Según el Banco Mundial, desde 1992 hasta 2014, el PIB real de la República Dominicana creció a una tasa promedio de 5.6. En todo este período tuvimos estos procesos: En el 1994, fueron celebradas unas de las elecciones más cuestionadas, polémicas, e influyentes en el devenir político de la nación. Recordemos cómo la crisis postelectoral indujo a una modificación de la Carta Magna, a la reducción del período gubernamental y a la prohibición de la reelección del Presidente. En ese año, la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto fue de 2.3%, mostrando un descenso drástico, en relación con 1992 (10.5%) y 1993 (7.2%)”, subrayó.
Recordó que en 1990, donde también las elecciones fueron cuestionadas, el Producto Interno Bruto fue de -5.5%. Sin embargo, recordó que previo a estas elecciones, había una crisis grave en la economía, con escasez de productos y grandes filas. En 1991 se comenzó a recuperar la economía, alcanzando un crecimiento del 0.9%.
Añadió que en 1995 la economía continuó su proceso de recuperación, con un 5.5% de crecimiento, y para el 1996, año de elecciones presidenciales, llegó al 7.1%.
Expuso que entre los acuerdos para superar la crisis postelectoral de 1994, las fuerzas políticas acordaron que la Junta Central Electoral estuviera integrada por personas confiables ante los ojos de los contendientes por la primera magistratura, y de la ciudadanía.
“Esa Junta estuvo presidida por el reconocido jurista César Augusto Estrella Sadhalá. A partir de esta fecha, ningún proceso electoral dominicano puede ser asociado a crisis económica, pese a que en varios de éstos, hubo sobresaltos e imperfecciones. Se realizaron elecciones municipales y congresuales en 1998, 2002, 2006 y 2010, con crecimientos del PIB de 7.3%, 4.1%, 10.7%, y 7.3%, respectivamente, superiores todos al 5.6% promedio del PIB real”, indicó.
Asimismo, indicó que después de 1996, hubo elecciones presidenciales en los años 2000, 2004, 2008 y 2012, y aunque solo en el 2000 se registró un crecimiento por encima del promedio (7.8% del PIB), los analistas coinciden en atribuir otras causas al bajo índice de crecimiento registrado en los años electorales, destacándose la crisis bancaria local, y la crisis financiera mundial, sobre todo en Estados Unidos.
“En el 2004, el crecimiento del PIB fue 2%, superior al del año anterior (-0.4%). En ese año, siendo electoral, la economía dominicana reinició el crecimiento que se vio afectado por la crisis bancaria del 2003”, precisó.
Expresó que la actual gestión de la Junta Central Electoral se ha ocupado de transformarla en una institución de servicios públicos, con capacidad de administrar las funciones puestas a su cargo, con eficiencia y transparencia; ha modernizado la administración del Registro Civil, e igualmente la Cédula de Identidad y el Registro Electoral.
“Se ha convertido en un socio confiable de todo el sistema financiero y comercial, siendo el soporte fundamental en la confirmación de la identidad de sus usuarios; interviene activamente en programas de cooperación con organismos de seguridad del Estado, en la lucha contra el crimen organizado, y la identificación de los imputados”, resaltó.
A continuación el discurso completo del presidente de la JCE
Integridad electoral y desarrollo económico(1)
Discurso de Gustavo Tavarez, presidente de AMCHAMDR