Los expertos en ciencias sociales deberán centrar su atención en la vertiginosa caída que registra la confianza de los dominicanos en las instituciones políticas y estatales, mayor que en la región, y en el futuro del país, pues ya pasan de la mitad los que confiesan que quisieran emigrar, con el agravante de que las fronteras de la migración se están cerrando progresivamente.
Hay quienes apuntan a la alta tasa de percepción de la corrupción, de la impunidad y la inseguridad, así como a la desigualdad, como causas eficientes de la cada vez menor credibilidad en las instituciones estatales y la actividad política, demasiado concentrada en agrias disputas que corroen los partidos y relegan las soluciones de los problemas fundamentales.
El último Latinobarómetro
La opinión pública nacional parece haber preferido ignorar los resultados del último estudio de opinión pública Latinobarómetro, publicado hace dos semanas, que muestra una caída alarmante de la confianza de los dominicanos en las instituciones estatales y especialmente en los partidos políticos y la democracia, así como también la acentuada tendencia a tratar de huir de la realidad del país.
La acreditada encuesta, basada en 20 mil entrevistas en 18 países latinoamericanos, viene evidenciando la crisis de credibilidad en la política en toda la región, en los últimos años, pero en el caso dominicano se ha acentuado alarmantemente, para registrar la peor puntuación con apenas 14 por ciento de confianza, con caída de 7 puntos en relación al año anterior. La última Gallup-HOY, publicada en octubre ya había marcado un muy bajo 23 por ciento.
El apoyo de los dominicanos a su democracia cayó de 60 a 44 por ciento entre el Latinobarómetro del 2016 y el del 2018, y diez puntos en el último año, siendo la primera vez que se sitúa por debajo del 50 por ciento, cuando en el 2004 estaba en 65 por ciento. Aunque todavía el 62 por ciento cree que la democracia es el mejor sistema de gobierno, con un 18 por ciento que prefiere la autocracia, un preocupante 29 por ciento dice que le da lo mismo cualquier modelo.
La Gallup-HOY de octubre ya había mostrado una alta incertidumbre en relación a las preferencias para las elecciones del 2020. En el Latinobarómetro el 35 por ciento de los dominicanos no identifica por qué partido votaría si lo pusieran a escoger ahora mismo. Más de la mitad, 55 por ciento, estima que la democracia dominicana tiene “grandes problemas”, con otro 20 por ciento que le atribuye “pequeños problemas”.
Poca confianza al futuro
Un resultado que debería disparar la preocupación del liderazgo nacional es que en este Latinobarómetro los dominicanos empatan con los venezolanos en proporción de los que se quieren marchar del país, con un 53 por ciento de la población total, 11 puntos más que en el 2017, liderando los 18 países del estudio. Otra investigación regional del año pasado, el Barómetro de las Américas, arrojó 42 por ciento, y cuatro años atrás, en el 2014, sólo 29 por ciento, 23 puntos menos que ahora. Y lo peor es que en la franja juvenil los que no confían en el país para vivir alcanzan tasas de hasta 60 por ciento. Esa baja expectativa es coherente con la cada vez más diagnosticada ausencia de los jóvenes de las actividades políticas.
Es más relevante el creciente incremento de los que quisieran huir por dos razones fundamentales, la primera es la persistente información de que RD es de los países de mayor crecimiento económico del mundo, y porque la preferencia por la migración se produce en medio de un clima universal de rechazo a los inmigrantes, incluyendo la abrumadora denuncia sobre ingreso de los haitianos, y las crecientes barreras en Estados Unidos y Europa, destino de la mayor parte de cerca de dos millones de dominicanos que emigraron en las últimas seis décadas.
La situación se complica cuando se advierte que la escasa confianza no es sólo en los partidos, sino también en las principales instituciones del Estado, con 20 por ciento en el poder legislativo, 21 en el judicial y 22 por ciento en el gobierno. Y con un abrumador 84 por ciento que manifiesta su convicción de que se gobierna para beneficio de pocos, 9 puntos por encima del promedio regional. Son peores resultados que en la Gallup-HOY donde la confianza en el gobierno alcanzaba el 38 por ciento, en la justicia el 31 y el 28 por ciento en el Congreso.
Inseguridad e impunidad
No es tan difícil encontrar explicaciones en la desconfianza manifiesta en las instituciones del Estado y en el futuro del país, pues sólo hay que verificar en las encuestas las preocupaciones que expresa la población dominicana, dominando el empleo, con 32 por ciento de los jóvenes desempleados, además del costo de la vida, inseguridad ciudadana, corrupción y la impunidad.
Para recuperar la confianza en los órganos del Estado y los partidos será fundamental desmontar el andamiaje de malversación, corrupción, clientelismo y rentismo en que se fundamenta el accionar partidista y especialmente de los que alcanzan el gobierno para prolongarse en el mismo. Lo advierten todas las investigaciones, los estudios y pronunciamientos de los organismos internacionales y hasta los diplomáticos de las naciones desarrolladas.
Esta misma semana la recién llegada embajadora de Estados Unidos, Robin Bernstein, siguió los pasos de sus antecesores planteando en un discurso escrito que “el imperio de la ley y tolerancia cero hacia la corrupción son esenciales para seguir atrayendo la inversión norteamericana”. Llegó a decir que su gobierno trabaja con el dominicano para desarrollar procedimientos de compras y contrataciones.
En el Latinobarómetro el 77 por ciento de los dominicanos consideró que la corrupción está en aumento, en encuestas nacionales pasa del 80, mientras se generaliza la percepción de que es incentivada por todo un andamiaje de impunidad, montado sobre el control partidista de la justicia y del ministerio público. Con el agravante de que la generalización de la impunidad arriba incentiva la corrupción abajo que se expresa en asaltos, robos e inseguridad ciudadana.
Nada tiene solución
Con registros tan altos de malversación, como los que contiene el Indice
de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, entre los 10 mayores de 140 países, el país desaprovecha la oportunidad de traducir su crecimiento económico nominal en desarrollo humano, como han diagnosticado persistentemente los organismos internacionales, y las limitadas contribuciones de la minoría más afortunada para las que se gobierna, según la percepción del 84 por ciento, no permiten solucionar las graves carencias nacionales.
Los niveles de desigualdad son señalados entre los más altos de la región, con baja calidad del empleo, un 59 por ciento informal, RD se aproxima a la tercera década del segundo milenio con la mitad de las viviendas sin agua potable dentro, con apagones todavía de hasta 8 horas diarias en la mitad del territorio, con elevadísimas tasas de mortalidad materno-infantil y de accidentes, y deplorable calidad de la educación y la salubridad general. Y el sistema de seguridad social en creciente incertidumbre.
El sistema político y los gobernantes se burlan persistentemente de las normativas constitucionales y legales e invierten más energías en discutir cómo lograr modificar una y otra vez la Constitución que en centrar su atención sobre los problemas que más preocupan a la población. Durante dos décadas se cifró esperanza de que una ley de partidos reduciría el tiempo y el costo de las campañas electorales, pero los límites establecidos en la Ley 33-18 de agosto pasado, ya están siendo violados sistemáticamente. Y pocos políticos reaccionan a las advertencias de las investigaciones sociales.
Oxfam: las democracias capturadas
La reconocida institución mundial Oxfam publicó la semana pasada su estudio “Democracias Capturadas”, donde se resalta que el 75 por ciento de la población latinoamericana tiene la convicción de que se gobierna para unos pocos grupos de privilegiados que han capturado el Estado y subordinado la democracia, y que el 65 por ciento muestra insatisfacción con el sistema democrático de la región más desigual del universo. Proclama que “sólo reduciendo la desigualdad tendremos más democracia”.
El estudio sostiene que el 1 por ciento de los latinoamericanos y caribeños concentra el 37 por ciento de la riqueza, cuatro puntos de incremento sobre el año 2000, y que el 20 por ciento más rico concentra el 45 por ciento de los ingresos, mientras el 20 por ciento más pobre apenas recibe el 6 por ciento de los ingresos.
Plantea también que las políticas fiscales en vez de reducir las desigualdades a menudo las incrementan, citando los casos de los países más pobres de la región, como RD, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Bolivia. Y que los grupos privilegiados dominantes han desarrollado una decena de mecanismos de control que les permiten “socializar los costos y privatizar las ganancias”.