El economista y vicepresidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Guillermo Caram, afirmó este miércoles que el aumento salarial hecho por los senadores, se trató de una interpretación “graciosa” de la ley 135-13, en beneficio de los legisladores, sin que se dé cumplimiento a las limitaciones y obligaciones que la misma establece.
El dirigente político sostuvo que la aplicación de la normativa debía abarcar a todos los servidores públicos susceptibles de aplicación y no solo una parte de ellos que son los legisladores, lo cual calificó como injusto.
“No es ético ni justo, limitarse a cumplir la parte graciosa de la ley y de una sola ley de entre otras que regulan la función pública sino que la responsabilidad del buen gobierno exige cumplir toda la ley. Y todas las leyes que regulan la función pública”, sostuvo Caram a través de un documento enviado a la prensa.
Entre las exigencias de la normativa, el economista resalta que los gastos de representación no deberán exceder el 15 % del salario (Art. 21), además la asignación de combustibles deberá ser un 10 % (Art. 22). Asimismo, el artículo 24 establece que los funcionarios no podrán recibir otra remuneración del Estado diferente a la inherente a su cargo ni podrán ejercer otras funciones que conlleven pagos con cargo al Estado, las cuales deben ser evaluadas en conjunto al salario.
“Cabría preguntarse si estas previsiones éticas y conducentes al manejo pulcro y eficiente de los recursos del Estado van a ser observadas concomitantemente con el aumento salarial que los legisladores intentan autoimponerse”.
Otros aspectos de la ley destacados por Caram son la evaluación de desempeño de los funcionarios públicos (art. 46) , el cumplimiento de una jornada de trabajo entre 30 y 40 horas semanales (art.51), actuar imparcialmente en su desempeño, incluyendo la no discriminación político partidista (art. 79.5) y finalmente las prohibiciones contenidas en el Art. 80 desde “Solicitar, aceptar o recibir” cualquier género de gratificaciones y dádivas para sí, familiares, allegados y empresas asociadas; aceptar más de un cargo en el Estado, intervenir en contratos a su favor, valerse de su posición para recibir beneficios, entre otros.
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Más implicaciones de la aplicación parcial ley 135-13 sobre incrementos salariales