Por Germano Oliveira/Cortesía de ISTOÉ
El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, podría encontrarse próximo a una condena por su supuesta participación en el caso del tríplex de Guarujá por corrupción pasiva y lavado de dinero, según una publicación hecha por la revista semanal brasileña ISTOÉ.
El medio señaló que en los próximos días, el juez Sergio Fernandes Moro, de la 13ª Vara Federal de Paraná, anunciará la sentencia que condenará a Lula a prisión.
El expresidente está acusado de haber recibido el inmueble de la empresa OAS como contrapartida a la generosidad que el contratista obtuvo del Gobierno en el período en que el dirigente del Partido de los Trabajadores estuvo en el poder. Según el Ministerio Público Federal (MPF), el expresidente fue beneficiado con al menos R$87,6 millones dados por la OAS, de los cuales R$3,7 millones fueron utilizados por Lula en el apartamento de tres pisos.
Según el reportaje de ISTOÉ, junto a los integrantes de la Lava Jato, el expresidente podría pagar 22 años de cárcel −10 por lavado de dinero y 12 por corrupción pasiva -. En el cronograma de Sergio Moro solo una etapa lo separa del anuncio de la condena de Lula: la definición de la pena a ser aplicada al exministro Antonio Paloccí, hoy preso.
Asimismo, afirma que la defensa de Lula está tan perdida en ese proceso como el propio cliente. Sin argumentos sólidos para defenderlo, los abogados del petista apelan al juego sucio y chicanas jurídicas.
Llegaron a afirmar que los procuradores utilizarían en la acusación a Lula la misma teoría aplicada por Hitler en su primer discurso como canciller de Alemania, en la que el dictador nazi defendió la “elasticidad de los veredictos”.
Es decir, que la posición de los fiscales sería manifiestamente contraria a las pruebas de los autos. Una excrecencia. Al contrario de lo que alardean los abogados del petista, el Ministerio Público Federal (MPF) dispone de abundante documentación y testimonios que demuestran que el expresidente ocultó la propiedad.
En los alegatos finales enviadas al juez Moro la semana pasada, el dueño de OAS, Léo Pinheiro, afirmó que el inmueble era de Lula. “El tríplex nunca fue puesto a la venta y las reformas se realizaron siguiendo orientaciones de los propietarios reales del inmueble, el expresidente Lula y su esposa.
“El proyecto de reforma fue aprobado en la residencia del expresidente”, escribe el abogado de Pinheiro, José Luiz Oliveira Lima. El abogado aclara en la defensa de OAS que el tríplex, “mucho más caro que el apartamento que Lula tenía en el lugar”, no salió gratis. “Los gastos realizados eran contabilizados y descontados de la ‘propina’ debida por la empresa al PT en obras de Petrobras. Todo con la anuencia de su líder partidista (Lula)”, afirmó.
A pesar de todas las evidencias de que cometió varios delitos, Lula, como todo acusado que cae en las garras de la Justicia, insiste en alegar inocencia. En una entrevista con Radio Tupi de Río en la mañana del pasado martes 20, el expresidente calificó de “chiste” la pieza acusatoria de los fiscales de la Lava Jato. “Espero que el Moro lea los autos y anuncie a Brasil mi inocencia. Ya he probado que soy inocente. Quiero que ahora prueben mi culpa”, agregó.
En una nota oficial, los fiscales del MPF fueron contundentes frente a la refutación de Lula. “La defensa del expresidente está utilizando recursos éticamente dudosos para atacar. Quiere convertir un juicio de delitos por corrupción en juicio político”, dicen los fiscales del MPF. Reiteraron que “a pesar de todas las dificultades para superar la impunidad, todo ese proceso puede restablecer la creencia de que es posible tener un país donde todos sean efectivamente iguales ante la ley”.
El inmueble, efectivamente, no está a nombre del expresidente, pero la corrupción está suficientemente probada, ya que las mejoras en que se le hicieron y constituyen una contrapartida al tráfico de influencia ejercido del petista en favor de la OAS.
Sin embargo, la idea era que el apartamento fuera transferido más tarde a Lula. Según Léo Pinheiro, la transferencia formaba parte del acuerdo firmado con Paulo Okamotto, director del Instituto Lula y brazo derecho del expresidente. La eclosión del escándalo, sin embargo, alteró los planes.
La semana pasada, el abogado de Lula, Cristiano Martins Zanin, mostró que la defensa del petista vino para confundir, no para explicar, como versaba la famosa frase de Abelardo Barbosa, el Chacrinha. Según él, el inmueble había sido transferido por la OAS a un fondo inmobiliario de la Caixa. El bluff se convirtió en un tiro en el pie.
De pronto, la Caixa aclaró que el inmueble jamás le perteneció. “Le fue dado por la OAS como garantía de una operación de debentures (bonos emitidos por las compañías que garantizan una tasa de interés fija) con financiamiento de la Caixa, pero el inmueble sigue siendo de la contratista”, afirmó la Caixa. El mismo dueño de la constructora, Léo Pinheiro, garantizó en testimonio al juez Sergio Moro que el tríplex estaba destinado a Lula y su familia desde el inicio de 2010, año en que la empresa asumió las obras de construcción del edificio Solaris, antes perteneciente a la Cooperativa De los Bancos de São Paulo (Bancoop). Pinheiro hizo hincapié en que la OAS sólo aceptó asumir las obras de Solaris porque supo, por medio de João Vaccari, extesorero del PT, que el entonces presidente Lula tenía un inmueble en el local.
Otros testigos importantes corroboraron la versión de Léo Pinheiro. Entre ellos, el ex guardián José Afonso. Según él, Lula estuvo dos veces en el inmueble, una de las cuales fue acompañado por el dueño de OAS. Y actuó como dueño del apartamento, no como alguien que deseaba visitarlo en la condición de futuro comprador.
A ISTOÉ, el celoso guardián llegó a decir que testificó en 2014, que la ex primera dama Marisa Leticia, esposa de Lula fallecida en febrero, pidió a ingenieros de OAS que construyeran el ascensor privado. “¿Cómo alguien, que no es dueño, pide la construcción de un ascensor?”, cuestionó Alfonso. La implicación de Lula en las prácticas de corrupción ha teñido su imagen ante la sociedad.
En un estudio realizado por el Instituto Paraná Investigaciones en el Distrito Federal, el 87.1 % de los encuestados aseguró que no votarán por candidatos citados en la Lava Jato. En la encuesta, Lula es considerado “el más nocivo para Brasil” para el 37 % de las personas encuestadas.
El expresidente fue denunciado en septiembre de 2016 por el MPF. Ese mismo mes, Sergio Moro aceptó la acusación, transformándolo en reo por quinta vez, afirmando que, de los R$3,7 millones donados por la OAS al expresidente, R$2,2 millones constituyeron ventajas ofrecidas a él por medio del apartamento 164-A del Edificio Solaris, en Guarujá.
En ese costo, se incluyen las reformas realizadas en el inmueble de 300 metros cuadrados, que pasó a contar con un ascensor privado, cocina completa y área de ocio con piscina. En la denuncia formulada por el MPF, Lula es considerado “el comandante de la corrupción” en Petrobras. Es decir, el jefe de la pandilla.
“Lula dominaba toda la empresa criminal, con plenos poderes para decidir sobre su práctica, interrupción y circunstancias. En los ajustes entre diversos agentes públicos y políticos, marcados por el poder jerarquizado, Lula ocupaba el cargo público más elevado (…) Los actos de Lula, cuando se analizan en conjunto, y en su contexto, revelan una acción coordinada por él, desde el principio, con el nombramiento de agentes públicos comprometidos con el desvío de recursos públicos para agentes y gremios políticos, hasta la producción del resultado, es decir, la corrupción efectiva. (…) Lula es uno de los principales articuladores del esquema de corrupción que defraudó contratos de Petrobras” −dice la denuncia firmada por 13 fiscales, entre ellos Deltan Dallagnol, que menciona a Lula como uno de los políticos que utilizó recursos de Petrobras para enriquecimiento ilícito.
El más nocivo
Además de la sentencia de Moro en el proceso del tríplex, nuevos reveses se revelan el horizonte de Lula. Para convencer al MPF a que aceptara un acuerdo de delación premiada, el exgobernador de Río, Sérgio Cabral, promete involucrar al petista en otra trampa.
Entre las historias que Cabral se dispuso a contar está una reunión realizada en 2009 con la presencia de Lula, en la que el expresidente habría autorizado al empresario Arthur César Soares de Menezes a pagar a los integrantes del Comité Olímpico Internacional a cambio de la elección de Río de Janeiro como ciudad sede de las Olimpiadas de 2016. En marzo, el diario francés Le Monde ya había abordado el asunto.
De acuerdo con la publicación, el Ministerio Público de Francia descubrió que Arthur César Soares pagó US$1,5 millones al presidente de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo, Lamine Diack, tres días antes de la votación que confirmó a Río como sede de los Juegos.
Incapaz de reinventarse, el expresidente petista insiste en el socorrido discurso de la victimización. “Ya probé mi inocencia. Ahora quiero que demuestren mi culpa. Se metieron con la persona equivocada”, dijo en tono de amenaza, como lo haría un capo mafioso.
Pero eso ya no resulta. A pesar de que las investigaciones de Lava Jato atestiguan que toda la política nacional está corrompida, resulta evidente que la corrupción institucionalizada en la era petista en el poder no fue mera continuidad de un sistema corrupto, como le encanta alegar sectores de la izquierda. Sin duda, existe un “antes y después de Lula”.
No es que la corrupción no existiera, por supuesto. Pero, bajo el expresidente petista, el bandidismo se transformó en política de Estado. Es como si el Estado hubiera sido puesto a la venta. En el Gobierno suyo y el de su sucesora, el equipo de acusados se valió del discurso histórico de izquierda, sea cual sea, de intensificación de la intervención del Estado en la economía para cosechar nuevas oportunidades de negocio para la cumbre petista.
El caso de la explotación del presal petrolero es emblemático. Detrás de lo que era presentado como defensa del interés nacional había una intencional y bien articulada ampliación del Estado como mostrador para los negocios −al servicio de un partido y de intereses particulares, como fue el caso del tríplex.
La realidad expuesta por los testimonios cosechados por Moro es pródiga en demostrar que el mito del héroe, cultivado por el PT en los últimos cuarenta años, sirve mejor a la literatura farsesca que a la política. Lula desempeñó un papel determinante en la construcción de la peor crisis política, económica y moral de la historia reciente de Brasil. Si aún quedan dudas sobre qué camino el país deberá seguir en 2018, el “lulopetismo” ya ha presentado abundantes motivos para que el brasileño sepa qué ruta debe evitar.
En un artículo escrito en 2004 para la Revista Jurídica del Centro de Estudios Judiciales sobre la Operación Manos Limpias ocurrida en Italia en los años 1990, el juez Sérgio Moro la describió como “una de las más impresionantes cruzadas judiciales contra la corrupción política y administrativa”. Y agregó: “Se encuentran presentes varias condiciones institucionales necesarias para la realización de una acción similar en Brasil”. Estaba en lo cierto el magistrado. Y la condena de Lula, que será confirmada también por la segunda instancia, será su apogeo, sin la cual la Lava Jato no tendría ningún sentido.
Manos limpias
En el mismo artículo, Moro analizó el caso de Bettino Craxi, líder del Partido Socialista Italiano (PSI), primer socialista jefe de un gobierno en Italia (1983-1987) y uno de los principales objetivos de la Operación Manos Limpias.
Moro subrayó que Craxi, a esa altura ya objeto de investigaciones y después de refutar varias veces su implicación, reconoció despuntada y cínicamente, sin rubor, el cometido de las prácticas ilícitas en un célebre discurso en el Parlamento italiano, el 3 de julio de 1992, sirviendo argumentos muy similares a los utilizados por el PT y por Lula: “Casos de corrupción y extorsión florecieron y se mezclaron. Lo que hay que decir y que todo el mundo sabe es que la mayor parte de la financiación de la política es irregular o ilegal. Los partidos y aquellos que dependen de la máquina partidista, de periódicos, de propaganda, actividades asociativas o promocionales han recurrido a recursos irregulares”.
Las coincidencias no paran ahí. En diciembre de 1992, Craxi recibía un documento de dieciocho páginas en el que era acusado de corrupción, extorsión y violación de la ley de financiación de campañas. La base de la acusación era la delación premiada de Salvatore Ligresti, amigo personal de Craxi encarcelado en julio de 1992.
Decía que el grupo empresarial de su propiedad habría pagado cerca de US$500,000 desde 1985 al Partido Socialista Italiano a cambio de favores. En enero de 1993, llegó a la residencia del político el segundo aviso con acusaciones de que el soborno habría beneficiado no sólo al PSI, sino también a él mismo. Un mes después, Craxi renunció al puesto de líder del partido.
Convertido en el símbolo de lo que había de peor en la política italiana, Craxi llegó a ser blanco de una lluvia de monedas al caminar por las calles de Milán. Al condenar a Lula, Sergio Moro, alcanzó, irónicamente 13 años después de haber escrito el artículo, la versión tupiniquim (basileña) del corrupto italiano Bettino Craxi.
Una relación delicada
La JBS, que al principio sólo se llamaba Friboi, se transformó en la mayor productora de proteína animal del mundo gracias al gobierno de Lula, que dio más de US$10,000 millones en préstamos del BNDES con intereses de padre a hijo al grupo de Joesley Bautista. Con todas estas mamadas, la JBS dio un salto de 3,600 % en la facturación durante el gobierno petista. En 2006 facturó R$4,7 mil millones y en 2016 pasó a R$170,4 mil millones. A pesar de que Lula regeneraba los negocios del amigo Joesley, el empresario viene tratando de esquivar esa relación más que cercana. La amistad era tanta que hubo rumores de que él era socio de uno de los hijos de Lula.
En una entrevista a Época, en la última semana, el empresario dijo que se había encontrado con Lula sólo dos veces para conversaciones “republicanas”: en 2006 y 2013.
Mintió. Al final, en el testimonio de la delación premiada que el propio dueño de JBS concedió a los fiscales del Ministerio Público Federal (MPF) en Brasilia, en marzo pasado, Joesley relató varias otras conversaciones con Lula.
Uno de esos encuentros, según Joesley, tuvo lugar en octubre de 2014 en la sede del Instituto Lula, cuando el empresario alertó al expresidente de que JBS ya había donado US$300 millones a la campaña del PT, lo que él consideraba “peligroso”, si se conocía públicamente. “Lula me miró fijamente, pero no dijo nada”, afirmó Joesley a los fiscales. Los encuentros entre ambos, por lo tanto, eran constantes. Los dos se hablaban con frecuencia por teléfono, también.
El ex diputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) desmiente a Joesley. En una carta escrita de su puño y letra desde la cárcel de San José de los Pinhais, donde está preso desde finales del año pasado, Cunha dijo que el dueño de la JBS faltó con la verdad. “El 26 de marzo de 2016 (víspera de Pascua), hubo un encuentro entre yo, él y Lula, a petición de Lula, para discutir el impeachment de Dilma, dice Cunha en la carta.
En esa reunión −añadió Cunha− realizada en la casa del empresario, “pude constatar que la relación de Lula y Joesley era de constantes encuentros”. El exdiputado afirmó que puede probar lo que está diciendo por medio de recibos del alquiler de los coches que utilizó en São Paulo para ir a la casa de Joesley a encontrarse con el expresidente petista.