El portavoz del Vaticano ha indicado recientemente que el pederasta y ex-embajador de la Santa Sede en la República Dominicana, Josef Wesolowski, ya no trabaja como diplomático y que por lo tanto, no tiene más inmunidad diplomática.
Resulta inaceptable la impunidad que ha caracterizado a este y otros casos similares en el país, al atribuir competencia exclusiva a los tribunales eclesiales. La pederastia no es solo un delito en el derecho canónico, sino que también es un crimen que viola las leyes penales en cualquier país civilizado. La Iglesia tiene la obligación de cooperar con la ley civil y denunciar esos crímenes.
Indigna sobremanera que las autoridades eclesiales locales hayan estado en complicidad protegiendo a perpetradores en vez de presentarlos para ser investigados y sancionados por las autoridades civiles. Preocupa que nuestro excelentísimo Cardenal haya tenido conocimiento y haya informado al Vaticano (y no a la justicia dominicana) de sus crímenes luego de enterarse de que los medios de comunicación harían públicas las acciones delictivas en que estaba implicado.
La procuraduría tiene el deber hacer justicia por los niños y las familias afectadas por los crímenes del ex-nuncio. La Santa Sede no puede privilegiar la reputación de la Iglesia Católica por encima de la protección a los menores afectados.
Por lo tanto, Wesolowski debe ser extraditado y juzgado en suelo dominicano, donde se cometieron los crímenes. Si realmente existe un Dios, el ex-nuncio irá derechito a la cárcel de la Victoria, donde estoy seguro se le dará el trato que merece.