Si bien recordamos, fue el filósofo y escritor hispano-estadounidense Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana y Borrás (1863-1952), conocido en el mundo de la literatura y la filosofía como Jorge Santayana, quien más o menos acuñó la frase “Quienes no conocen su historia están condenados a repetirla”, en su obra La vida de la razón en la que plantea su pensamiento escéptico del realismo.
De igual manera, en la novela televisada Pablo Escobar: El patrón del mal, inspirada en la obra La parábola de Pablo: auge y caída de un capo del narcotráfico, del periodista colombiano Alonso Salazar, donde se resume el testimonio de Jhon Jairo Velásquez, alias “Popeye”, sicario y lugarteniente al servicio del connotado y finado capo que tanto dolor y sangre derramó sobre su noble pueblo, la lúgubre frase es citada en su contenido.
La razón de ambas cita de la frase hecha viene a colación tras el asesinato a balazos en una calle de Santo Domingo delex rector magnífico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Mateo Aquino Febrillet, y heridas a otras dos personas que lo acompañaban a bordo de un vehículo. Es la consecuencia natural de la filosofía de un expresidente, quien para sosegar el reto de los delincuentes, sugirió ofrecerles plata o plomo.
El ataque ha sido imputado al “sindicalista” del transporte público, Blas Peralta, y sus presuntos cómplices Franklin Vanegas y Geraldo Félix Batista, cuya audiencia de encausamiento está prevista para la jornada por parte del Ministerio Público, con miras a un posible juicio oral, público y contradictorio, con todas las garantías que estipulan las leyes. Una buena coyuntura para que el Estado se haga sentir y cumpla con su deber de proteger vidas y propiedades.
El hecho sangriento, dada la figura pública afectada, ha generado estupor y consternación en la sociedad dominicana. ¿Cómo se explica que la violencia sea la vía preferida de algunos hijos de las cavernas para dirimir diferencias personales o políticas? ¿Hasta qué punto la presencia de elementos de reputación dudosa pueden permear tejidos sociales y políticos para imponerse por la fuerza dentro y fuera de la sociedad y de los partidos políticos de manera impune? ¿Hasta cuándo?
De continuar persistiendo en el rumbo de invocar el recurso de la violencia por cualquier hecho insignificante, apelando a la plata para apaciguar a los criminales, gánsteres y políticos de mala calaña, o al empleo del plomo para resolver los asuntos políticos, personales o de intereses particulares, la nación podría caer en una espiral irreversible donde el más mínimo de civilidad avanzada retrocedería a la ley de la selva.
¿Cómo es posible que estos hijos putativos antisociales hayan adquirido la capacidad de “armar muñecos”, presionar, chantajear, sobornar, alterar la vida de los demás, abusar, monopolizar, desafiar, asesinar e imponerse por sus fueros, sin consecuencia contundente alguna; y encima de eso, aspirar a ser “honorables legisladores” con el objetivo manifiesto de obtener “inmunidad” y aumentar sus riquezas e intereses particulares en desmedro de los demás, bajo la sombra de la legalidad?
Hay varias posibles razones. Una de ellas sería obtener la legitimidad del origen dudoso de su poder económico y reforzarlo con el poder político. Es la combinación ideal, ya que si los objetivos no se logran por una vía se obtienen por la otra. Segundo, afincar el régimen político y social de no consecuencia ante hechos dolosos, en virtud del ejemplo ofrecido por una clase política decadente y primitiva que no ofrece soluciones válidas a los reclamos de un pueblo impotente.
Los delincuentes conocen por experiencia propia que el crimen paga. Y paga muy bien si las condiciones políticas, sociales y legales lo prohíjan. Y si el Estado –es decir jueces, fiscales y policías— ofrecen la percepción de haber sido desbordado por el desafío continuo de los antisociales, generando dudas e incertidumbres entre aquellos llamados a proteger, nada mejor para que el caldo de cultivo social tolere su auge y desarrollo ante la indiferencia y la ineficiencia de algunos de los métodos represivos públicos. Los partidos políticos tienen una cuota de responsabilidad ineludible al proteger a ese tipo de lacras, sicópatas y elementos afines a la delincuencia, cubiertos con el manto de la legalidad.
El caso del asesinato del ex rector Mateo Aquino Febrillet, una vez concluido el debido proceso de ley con todas las garantías para los implicados –por aquello de que todos somos iguales ante la ley– debería crear un precedente contundente. En algún punto de la ruta nacional se perdió la vergüenza y el respecto a la vida. Hay que detener y revertir la vorágine de violencia cruda que amenaza con engullirlo todo, destruyendo a su paso el más mínimo acto de bondad y decencia que aún queda en ciertos tejidos del seno de la sociedad dominicana.
De continuar persistiendo en el rumbo de invocar el recurso de la violencia por cualquier hecho insignificante, apelando a la plata para apaciguar a los criminales, gánsteres y políticos de mala calaña, o al empleo del plomo para resolver los asuntos políticos, personales o de intereses particulares, la nación podría caer en una espiral irreversible donde el más mínimo de civilidad avanzada retrocedería a la ley de la selva.
Los dominicanos aún están a tiempo de detener el avance de la barbarie. Y de paso impedir que la violencia, la plata y el plomo, frutos venenosos de la corrupción, impongan su reinado. El país real no puede darse el lujo de ignorar su historia pasada y reciente, y repetir la condena de sangre y fuego que supondría nuevas muertes violentas futuras de otros ciudadanos modelos como Mateo Aquino Febrillet, que apuestan a un nuevo país con un futuro mejor.