Un estudio de la consultora Oxford Economics reveló, en días pasados, que Santo Domingo será la metrópolis latinoamericana que más crecerá en términos económicos en los próximos 15 años.
Leyendo esta noticia a la luz de lo que aconteció en Villas Agrícolas a raíz de la explosión de un camión tanque de una filial de Propagas, la ciudadanía estaría en derecho de exigir que haya un antes y un después en materia de ordenamiento territorial, seguridad industrial y gestión de crisis no solamente con relación a la empresa Polyplas, sino a todas las empresas del sector y a nivel nacional.
Por más que se quiera reescribir los acontecimientos y echarse culpas mutuas, como en los primeros momentos, ningún actor puede negar su cuota de responsabilidad en esta catástrofe y en los acontecimientos subsecuentes. Ahora bien, la primera de las preguntas es saber si habrá consecuencias civiles y penales.
Las empresas, el gobierno, el ayuntamiento, el cuerpo de bomberos de Santo Domingo, los sindicatos y la sociedad civil han quedado mal parados por una razón u otra, lo que pone al desnudo nuestra incapacidad como país para gestionar desastres de esta magnitud y nos da escalofríos nada más de pensar en lo que podría ser el manejo de una catástrofe natural como un terremoto de cierta magnitud.
Si bien en República Dominicana tenemos un buen corpus legislativo: leyes y reglamentos de Industria y Comercio, Trabajo, Medio Ambiente, Salud, municipales el asunto sería saber, ¿en qué medida estas se aplican?
¿Tiene el gobierno la voluntad y la capacidad de hacer respetar las leyes? ¿Ha asignado el Estado los recursos necesarios para el funcionamiento efectivo de los cuerpos de inspección necesarios en cada ministerio? En un país donde la corrupción permea todos los estamentos de la sociedad, ¿cómo asegurar que los permisos y las inspecciones no sean objeto de sobornos?
Las historias de Polyplas y de Propagas están hoy en la palestra por lo acontecido y podrían ser casos emblemáticos de malas prácticas endémicas en nuestra sociedad, contra las cuales la ciudadanía y los partidos políticos, si fueran expresiones reales de los intereses de la ciudadanía, deberían movilizarse en vez de pasarse cuatro años en campañas electorales dañinas antes de la siguiente elección.
Polyplas se instala en 1966 en Villas Agrícolas, en un tiempo en que la compañía no manejaba combustibles peligrosos. La fábrica fue desarrollándose a la par de una zona que era ya de carácter urbano para entonces, si se toma en cuenta que la primera escuela de Villas Agrícolas fue construida en el año 1951 y se transformó en Palacio Escolar España en 1954.
En un país sin ningún tipo de ordenamiento territorial hábitats e industrialización han ido creciendo de manera totalmente desordenada, emburujados el uno con el otro. Las industrias, como fuentes de trabajo, ejerciendo una atracción sobre una población que migra a la capital en búsqueda de una mejoría económica.
Poco a poco se fue legislando sobre los combustibles. Con la ley 317, que reguló la instalación del servicio de venta de gasolina, se estableció en 1972 que, en Santo Domingo y Santiago, la distancia mínima del expendio a lugares públicos no debe ser menor a los 200 metros.
En 2001, el decreto 307-01 prohibió el depósito de hidrocarburos a una distancia menor de 700 metros de centros educativos.
¿Cómo, entonces, una compañía puede almacenar y usar combustible sin que ninguna autoridad se percate que el gas utilizado para fines energéticos, industriales y residenciales, tiene un poder explosivo 12 veces mayor que el de la dinamita?
Para poder almacenar gas natural, Polyplas debería estar forrada de autorizaciones otorgadas por el Ministerio de Medio Ambiente. También, por el Ministerio de Industria y Comercio, el Cuerpo de Bomberos, el Ministerio de Obras Públicas, la Defensa Civil y el ayuntamiento municipal. Entonces, ¿cómo es posible que estas autorizaciones hayan sido otorgadas contraviniendo el decreto 307-01?
Otra pregunta que reviste importancia: ¿está siendo respetado, por esta y por las demás empresas del país, el decreto 522-06 que regula la cuestión de la salud y la seguridad industrial?
El asunto central que se deriva del terrible y aleccionador acontecimiento de Villas Agrícolas nos conduce a fijar la atención sobre el irrespeto y la non fiscalización del cumplimiento de la ley, la inseguridad laboral, la falta de deslinde entre lo privado y lo público y la corrupción.
Además de justicia para los afectados y sus familias, no solo por las pérdidas de vida y los cuantiosos daños materiales, sino por los prejuicios morales que estos han sufrido, están sufriendo y pueden sufrir en el futuro, debemos exigir el cumplimiento de las leyes existentes y velar por la seguridad del sector.
Necesitamos desarrollar estrategias de resiliencia para la ciudad y para eso es imprescindible que haya una planificación integrada del territorio, no solo tomando en cuenta lo relacionado con la infraestructura, sino también todos los aspectos que tienen que ver con el medioambiente, lo social y lo económico, así como la gobernanza, ya que bregamos con bombas de tiempo y el tiempo apremia.
Iniciemos, pues, el año 2019 haciéndonos las buenas preguntas generadas por un evento trágico que, de esta manera, podría convertirse en una oportunidad, tanto a nivel local como nacional, para retomar el rumbo de una sociedad que presenta serios síntomas de descomposición.