Vacunas: Facta non verba

Por Galileo Violini y Behrouz Pirouz

La última reunión de la Organización Mundial del Comercio (OMC) tampoco produjo ningún resultado. La propuesta de India y Sudáfrica de liberalizar las patentes contra la COVID-19 no fue aprobada a pesar del apoyo mayoritario de los países miembros de la Organización. Aunque se trataba de una propuesta que habría suspendido también otros derechos de propiedad intelectual, el principal motivo de discordia entre países ricos y pobres fueron las vacunas.

Entre noviembre y marzo, los países ricos han reconocido repetidamente (G20 en Abu Dhabi y G7 en Ginebra) la necesidad de garantizar el acceso a las vacunas para todos. Es muy popular la frase: "Nadie está seguro si todos no están seguros". Sin embargo, la estabilidad de los datos sobre el porcentaje de vacunaciones realizadas en los diez primeros países (el 75% del total de vacunas, que se eleva al 84% si se consideran los quince primeros) puede suscitar dudas al respecto, dudas confirmadas por la posición de los países ricos en el debate en la OMC.

En este debate los países ricos se han atrincherado detrás de dos argumentos: uno general, afirmando que la investigación y la innovación suponen que los derechos de propiedad intelectual estén garantizados y protegidos, y otro específico, afirmando que una posible suspensión no provocaría una oleada repentina de suministro de vacunas.

Este último argumento, que ignora descaradamente los problemas de acaparamiento de vacunas y las gigantescas opciones de compra de los países ricos, también fue recogido por la prensa favorable de un país productor, que utilizó su autoridad científica para argumentar que sólo los países ricos podrían producir vacunas. En realidad, éste no es el caso. Basta recordar que, en América Latina, además de Brasil, que se opone a la liberalización, las vacunas son producidas por Cuba y por una alianza entre Argentina y México, y que República Dominicana ha afirmado poder producirlas, pero su solicitud fue ignorada. En Asia, pues, hay dos grandes países productores, uno de los cuales es promotor de la liberalización.

Así, la petición de Médicos sin Fronteras, previa a la reunión de marzo, que recordamos en los días en que se reunió la OMC, y la declaración del director de políticas sanitarias de Oxfam Internacional, según la cual los países ricos están vacunando a una persona por segundo (en realidad más, pero la imagen es llamativa), mientras que los que tienen menos recursos reciben unas decenas de miles de dosis, fueron ignoradas.

De hecho, la comparación entre los países que vacunan y los que no lo hacen sigue confirmando las desigualdades iniciales. Las dosis aplicadas en los cinco primeros países son el 75% del total, y en los cinco siguientes la cifra se eleva al 84%.

El tema volverá a ser discutido por la OMC en abril, pero es difícil compartir el optimismo de la nueva directora general sobre la posibilidad de que los fabricantes se sienten con la Organización Mundial de la Salud (OMS) o con la Alianza de Vacunas GAVI, de la que era presidenta antes de ser nombrada directora general de la OMC, y lleguen a un acuerdo que permita a los millones de personas que esperan con ansia saber que esas discusiones han desembocado por fin en una solución.

Algo similar ya había propuesto el Secretario General de las Naciones Unidas, incluyendo a los gobiernos, que podrían imponer la liberalización.

Los gobiernos de los países ricos se enfrentan a un dilema: privilegiar los intereses de las empresas farmacéuticas, que a menudo tienen sus sedes o centros de producción en sus propios países, o actuar para frenar la pandemia en los países menos ricos, con el fin de evitar tanto un daño económico indirecto a medio plazo, cuya magnitud haría conveniente la suspensión de los derechos de propiedad intelectual, como la propagación de nuevas mutaciones del virus, lo que, por otra parte, quizá agradecerían los productores, ya que requeriría nuevos estudios y la creación de nuevas vacunas.

El efecto económico negativo producido por las interrupciones en las cadenas de suministro empezará a afectar, sin duda, a algunos sectores, pero por el momento esto está ocurriendo de forma limitada, aunque sería interesante saber si las frecuentes reducciones en la producción de vacunas, atribuidas a problemas en el suministro de componentes esenciales para su producción, no son una primera señal de tales efectos.

En este contexto, el interés de los países ricos, en lugar de evitar estas consecuencias, cuyo costo es mayor que la ganancia que pueden esperar las industrias farmacéuticas, parece ser el de proteger los intereses de estas últimas, aunque sea de forma indirecta, afirmando la prioridad de vacunar a sus propios ciudadanos.

De este modo, se desplaza la atención a la cuestión de la seguridad de las vacunas, y se deja de lado el hecho de que las desigualdades en la vacunación y el retraso con el que se realiza en los países menos ricos contribuirán a aumentar la inseguridad y el riesgo de futuras infecciones.

Un ejemplo de este cambio es el caso de las recientes suspensiones de la vacuna de AstraZeneca en muchos países europeos. Los hechos son conocidos. Algunas muertes y trombosis, en algunos casos de tipo raro, han llevado a varios países europeos a suspender la aplicación de las vacunas de AstraZeneca. Estas decisiones se tomaron a pesar de que, como han recordado repetidamente la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y la OMS, no existían pruebas de la relación entre las vacunas recibidas y, sobre todo, a pesar de la absoluta irrelevancia estadística de los datos, que, incluso suponiendo la confirmación de la existencia de dicha relación, seguirían confirmando que el riesgo de morir por un caso adverso de vacunación es menor que el de morir por COVID-19. Esta conclusión, incontrovertible a nivel global, no se modifica, salvo en la diferente valoración de cuánto sería menor el riesgo, si se hacen distinciones según la edad y el sexo.

La EMA ha reiterado hoy que no existe ninguna correlación probada entre los casos adversos observados y las vacunaciones, en particular las que utilizaron vacunas de AstraZeneca, y lo mismo ha confirmado la Sociedad Internacional de Trombosis. Esto demuestra la irracionalidad de decisiones precipitadas que pueden generar reacciones emocionales en la población.

En el caso concreto de la trombosis, según los datos de Gran Bretaña, donde el número de vacunas de Pfizer y AstraZeneca es comparable (alrededor de 10 millones, siendo Pfizer más, por un 10% aproximadamente), los casos observados de embolia pulmonar y falta de plaquetas (una de las características extrañas encontradas en Alemania) están en el mismo número, mientras que los de trombosis venosa profunda son mayores en el caso de AstraZeneca, pero ni uno ni otro son mayores que la incidencia normal.

Por lo tanto, bienvenidos más estudios, por ejemplo para entender si hay una explicación de los efectos de género y edad en los casos alemanes, pero la campaña de vacunación debe continuar y la población debe recibir mensajes tranquilizadores.

Pero, si la base de estas suspensiones no era una precaución necesaria, ¿cómo se pueden explicar?

Una primera explicación podría ser que se haya tratado de una reacción de los principales países europeos a los retrasos de AstraZeneca en la entrega de las dosis adquiridas, pero también se han anunciado retrasos y cortes de suministros por parte de otros fabricantes.

Parece más probable buscar las raíces o al menos un catalizador de estas decisiones en la guerra de las vacunas y la diplomacia de las mismas.

Las reacciones emocionales de las que hablábamos, si estimuladas por los medios sociales y una sabia distribución de las noticias, pueden dar lugar a distinciones entre las vacunas, favoreciendo a unas sobre otras, creando así las condiciones para tomar ese tipo de decisiones.

La aceptación a priori de la decisión de la EMA anunciada en Bérgamo por el primer ministro italiano Draghi es una garantía de que Italia no se dejará influir en sus decisiones por otras valoraciones que no sean las científicas. Sin embargo, conviene hacer algunas reflexiones.

AstraZeneca es una empresa británica y las investigaciones que dieron lugar a la vacuna son de la Universidad de Oxford. Por lo tanto, tras el Brexit, no son europeas, mientras que la empresa alemana BioNTech, asociada a la vacuna de Pfizer, sí lo es, al igual que la francesa Sanofi, que, tras suspender sus investigaciones, recibió una licencia para producir la vacuna de Pfizer. Es cierto que varios laboratorios de producción de AstraZeneca, como el de Pomezia (Italia), se encuentran en Europa, pero se están realizando acuerdos para que la producción de Pfizer sea posible en países europeos que hasta ahora no lo han hecho.

Por lo tanto, aun reconociendo que los casos adversos registrados en Europa pueden haber contribuido a la decisión de suspender el uso de las vacunas de AstraZeneca, no se puede excluir que la lucha comercial haya hecho, en cierta medida, más atractiva una decisión que podría ser indicativa de un cambio en las políticas de vacunación europeas. Entre estos posibles cambios, sin embargo, no debe incluirse la posible producción en Italia de la vacuna rusa Sputnik V, si, como se ha declarado, se producirá para su exportación a terceros países.

Se pueden sugerir observaciones análogas por lo que ocurre en el otro lado del Atlántico, donde la aprobación de AstraZeneca por parte de la FDA en los Estados Unidos, está experimentando grandes cambios en comparación con la rapidez con la que han sido autorizadas Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson.

Es cierto que hay una explicación técnica en la cuestión de las pruebas de media dosis, pero no parece excluirse que haya también razones políticas que reflejen un cambio en las prioridades de la política exterior estadounidense. La Administración anterior ha contribuido a financiar en gran medida la vacuna británica (1.200 millones de dólares), mientras que la nueva no se había planteado hasta ahora la posibilidad, que habría sido políticamente útil, de enviar a otros países, que las utilizarían sin ningún problema, las dosis de AstraZeneca ya compradas y no utilizadas por falta de autorización de la FDA. Mientras tanto, muchos de esos países están recurriendo a las vacunas chinas y rusas.

Es sin embargo de hace unas horas la noticia no oficial, pero confirmada por el Ministro de Asuntos Exteriores de México, que dijo que se anunciará el viernes por la mañana, que el presidente Biden habría aceptado la solicitud del Presidente de México de prestar 2,5 millones de dosis de AstraZeneca. La existencia del proyecto y las cantidades indicadas fueron confirmadas por la portavoz de la Casa Blanca. La justificación es el control de una pandemia que no conoce fronteras y, de hecho, informes no oficiales incluyen otro millón y medio de dosis, también prestadas, a Canadá. Sin embargo, a pesar de los desmentidos, la decisión sobre México no parece independiente de un compromiso de México para contrarrestar el flujo de inmigrantes centroamericanos y recibir a las familias deportadas bajo la orden de emergencia sanitaria de Estados Unidos.

El negocio de las vacunas es gigantesco y también está expuesto a la especulación de corto plazo por la discreta volatilidad de las acciones de las empresas productoras. A este respecto, puede ser interesante comparar el valor de las acciones de las empresas occidentales mencionadas y de una empresa india que ha participado activamente en las pruebas de la vacuna rusa.

La siguiente tabla muestra estos valores, con referencia a su valor de hace seis meses fijado en 1, en las fechas del 2 de noviembre y de hoy, además de indicar el valor máximo que han tenido durante estos seis meses.

Hasta la fecha, se han vacunado aproximadamente 400 millones de personas, y sólo estamos en la primera fase de la vacunación mundial. La reserva potencial es 20 veces mayor. AstraZeneca, cuya vacuna es menos costosa, es un competidor peligroso. Ante la inmensidad del mercado potencial, es comprensible que el primer ministro británico, Boris Johnson, se muestre tranquilizador y que los políticos europeos destaquen la calidad de las vacunas producidas en Europa, comentando a medias que AstraZeneca no sería segura para las personas mayores. Quizá sea menos comprensible que Estados Unidos esté subestimando (la decisión de prestar vacunas a México no cambia este juicio) una posible pérdida de influencia en América Latina y el fortalecimiento de la influencia china en África y rusa en Europa, a menos, claro está, que estos inconvenientes políticos se valoren menos que la promoción de las vacunas fabricadas en Estados Unidos frente a las de AstraZeneca.

El hecho de que la geopolítica sea la clave para interpretar muchos de estos problemas, y que el uso de datos ocasionales sobre casos adversos sea a menudo marginal o instrumental, parece confirmarse con el bloqueo, por parte de India, del suministro de 5 millones de dosis de AstraZeneca a Gran Bretaña y la amenaza del presidente Van der Leyden de utilizar el art. 122 de los Tratados europeos. No deja de sorprender el contraste entre esta amenaza de suspensión de los derechos de propiedad intelectual y la posición cerrada de los países europeos en la OMC.

¿Lograrán los países de menos recursos, con interrupciones en los suministros o mediante la presión en las organizaciones internacionales, influir en los países ricos y conseguir que se reconozca que la suspensión de los derechos de propiedad intelectual de las vacunas no se legitime sólo por problemas internos de la comunidad de países ricos? Lo sabremos en abril, cuando los países ricos tendrán una nueva oportunidad para concretar en hechos sus compromisos verbales, no sólo para responder a la demanda de los que tienen menos recursos, sino también para evitar que la confianza en los organismos internacionales se tambalee.

Luego, cuando la pandemia termine, veremos quién ganó y quién perdió en los enfrentamientos geopolíticos por la vacuna. Pero el precio de éstos no puede pagarse con las vidas de los ciudadanos de los países con menos recursos.