Desde el comienzo de la pandemia, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos “instó a los Estados a que tomen medidas extraordinarias para garantizar el derecho a la vivienda … [a través de]… buenas prácticas …, que incluyen: moratorias de desalojos debido a atrasos en alquileres e hipotecas; aplazamientos de pagos de hipotecas para los afectados por el virus; extensión de las moratorias de invierno sobre los desalojos forzosos de asentamientos informales; y mayor acceso a saneamiento y refugios de emergencia para personas sin hogar”.1

Una búsqueda en Google sobre “moratoria desalojos República Dominicana” arroja 36700 resultados.

En su casi totalidad estos resultados se refieren a Estados Unidos, donde el presidente Biden acaba de prorrogar hasta junio la moratoria que iba a vencer.

¿Será que este problema no existe en República Dominicana?

No parece probable que la respuesta a esta pregunta sea afirmativa.

Hace un año, la CEPAL estimó que en 2020 la pobreza en República Dominicana aumentaría en un

4.4 % y la pobreza extrema en un 2.2%.2 La realidad ha sido mejor, como muestran los datos del MEPyD de hace quince días, 2.4% y 0.8%.

Una posible razón la puede ofrecer el andamiento de las remesas. Según un estudio del PNUD, éstas son fuentes de ingreso para el 8% de los hogares dominicanos y contribuyen por el 6% a los ingresos de aquellos que se encuentran en el 20% de menores recursos.3

Previsiones de que las remesas bajarían, dados el antecedente de la crisis de 2008-2009 y su disminución del 26.8% en marzo-abril del año pasado, no han sido confirmadas. Al contrario, el balance del 2020 fue de un crecimiento del 16%.

Hace un año, un decreto del Gobierno Medina tomó 13 medidas económicas. Solamente una era de apoyo económico directo, el FASE, dirigido a trabajadores .de empresa formalizadas en regla con los impuestos. Dos otros programas, PA’TI y Quédate en casa han sido establecidos para categorías que no calificaban para el FASE.

A finales de diciembre, el Gobierno Abinader extendió la duración de estos programas con pequeñas modificaciones, y el 28 de enero anunció el Plan para la Reactivación de las Mipymes.

Estos programas son importantes, pero en un país donde la economía informal representa más del 50 % del mercado laboral, son insuficientes. Es cierto que en el decreto que instituyó el FASE había también medidas finalizadas a facilitar préstamos a hogares y sectores productivos, pero, aun no teniendo datos sobre su impacto, dudamos que esos préstamos hayan podido ser otorgados a los dos quintiles de la población de menores recursos. De todos modos, el de diciembre se refiere solamente a empresas.

Todos estos programas son de subsistencia y dejan irresuelto el problema de la vivienda que requiere un programa dedicado.

Programas como el plan nacional de viviendas “Familia feliz” pueden representar una solución a mediano plazo, pero no en el corto plazo y no hacen menos urgente una moratoria de los desalojos porque las familias amenazadas de desalojo no pueden esperar beneficiarse eventualmente de la construcción de esas viviendas.

Por supuesto, hay que definir un umbral, que obviamente no será los 6 millones de pesos de ingreso previstos por la moratoria de Estados Unidos. Una búsqueda web en los sitios de oferta de alquiler muestra que el mercado dominicano es dicotómico. Una moratoria para alquileres de menos de 12000-15000 pesos probablemente sea lo adecuado para las capas sociales de menores recursos. En alternativa préstamos. Serían tal vez préstamos de dudoso recaudo, pero la estabilidad social puede requerir que se pague este precio, si no fuera por otra razón (y las hay), para impedir que la usura ocupe espacios dejados abiertos por políticas públicas que subestimen la situación creada por el COVID-19.

pnud_do_informe%2520impacto%2520economico%2520del%2520covid%2520RD%20(2).pdf

Galileo Violini Urge una moratoria de desalojos