La Ley General de Educación Nº 66-97 de la República Dominicana será sometida a un proceso de revisión y actualización por el Ministerio de Educación y por la Asociación Dominicana de Profesores-ADP. Consideramos que este proceso de revisión y actualización es pertinente y necesario en este momento histórico. Las razones que sustentan nuestra posición reconocen que la Ley General de Educación 66-97 ronda los 21 años; y en este período los cambios mundiales, regionales y locales son múltiples, tanto en el campo educativo como en los ámbitos socioeconómico, tecnológico y político. De otra parte, la realidad del sector educación de la República Dominicana también ha experimentado reformas diversas que han introducido aspectos que se están ejecutando y que no engarzan con lo que plantea la Ley General de Educación 66-97. En esta dirección ocurre, también, que hoy se presentan nuevas necesidades en los desarrollos curriculares, en la gestión de las instituciones educativas; y en la estructura y la organización del sistema educativo dominicano. Estas necesidades requieren soporte jurídico, regulación formal y una ejecución coherente con lo que se legisle.
La revisión y actualización de la Ley General de Educación 66-97 antes de su inicio está generando interrogantes y preocupaciones. Los interrogantes son nucleares: ¿Por qué el Ministerio de Educación de la República Dominicana y la Asociación Dominicana de Profesores están organizando este proceso sin comunicación ni articulación entre sí? ¿Tiene sentido y lógica que dos instituciones del sector educativo se lancen a reformar la Ley General de Educación 66-97 cada uno por su lado? ¿Se han dado cuenta estas dos instituciones educativas que le están negando validez práctica y estratégica al trabajo en equipo, al consenso y a la visión integral de los problemas y de la Ley General de Educación 66-97? ¿Con qué autoridad estas dos instituciones pueden decirles a los estudiantes y a los docentes que han de trabajar en equipo y articular intereses para mejorar su contexto educativo y social? Finalmente, ambas instituciones han de preguntarse: ¿Estamos interesados en la educación como bien colectivo o como recurso particular?
En el sector educación hay posturas que ya no tienen justificación alguna; y es hora de que los líderes del sector revisen a quién o a quiénes les están sirviendo y qué es lo que realmente buscan. Nuestras preocupaciones conectan con todos los que valoran el diálogo y la construcción compartida a pesar de las diferencias. Nos preocupa, también, que el proceso de revisión de la Ley General de Educación 66-97 acentúe tensiones. Si estas tensiones sustituyen la dimensión educativa de la revisión y actualización por una lucha abierta de intereses y de búsqueda de un reposicionamiento político, se le hace un grave daño a la educación y a la sociedad. Apelamos al sentido educativo que ha de caracterizar cualquier acción vinculada al proceso de revisión de la Ley General de Educación 66-97. Apelamos, también, a la sensatez y a una actuación inteligente. Estamos conscientes de que el Ministerio de Educación de República Dominicana tiene facultad para actuar por sí mismo; y de que la Asociación Dominicana de Profesores, como un colectivo de ciudadanos, puede tener esa iniciativa y otras más. Pero no nos parece razonable la afirmación individualista que exhiben estas instituciones. De igual modo, esperamos que establezcan una alianza fuerte y decidida a propiciar un proceso de reforma de la Ley indicada en un contexto amplio de información y de participación de los diferentes actores y sectores de la sociedad. Deseamos que en este proceso se tenga en cuenta el énfasis que la Ley General de Educación 66-97 pone sobre la participación, en el Título IX, capítulos I, II y III. Esta revisión no se puede hacer a puerta cerrada. No es aceptable presentarle hechos consumados a la sociedad. La sociedad en general ha de colaborar con todo lo que pueda garantizar calidad, pertinencia e innovación en los resultados de la reforma de la Ley. Asimismo, la sociedad ha de apoyar un proceso de revisión y actualización de la Ley General de Educación 66-97 que tenga una perspectiva de integralidad. Lo contrario se acerca a la involución; y, por tanto, coloca a la educación dominicana y a la sociedad a larga distancia de las necesidades sentidas del sistema educativo dominicano y de la modernización.