Ágora

Una polémica y muchos equívocos

Por César Pérez

En la discusión sobre la sentencia 168/13 del TC se incurre en varios dislates, frutos de la pasión e ignorancia de muchos y de inexplicables equívocos de otros. Quienes condenamos la sentencia nos referimos al contenido y consecuencias de esta, quienes la apoyan, en general, parecería que discuten con fantasmas, pues nadie dice lo que ellos dicen que decimos.

Entre quienes la condenamos, se encuentran los intelectuales que han escrito las más sólidas propuestas regulatorias de las migraciones, los más empeñados en que se termine la corrupción en el tráfico ilegal de la mano de obra haitiana y el abuso contra ese recurso productor de riqueza principalmente para unos pocos de aquí y de allá. Jamás hemos negado la necesidad de esa regulación.

Algunos, como Flavio Darío Espinal, dicen que el gran valor de la sentencia es que establece el derecho del Estado Dominicano de determinar la nacionalidad. Nadie ha negado ese derecho, lo que decimos es que este ni ningún estado puede negar derechos adquiridos, como él honestamente lo reconoce al admitir el carácter retroactivo de una sentencia que afecta a miles de personas registradas como nacionales dominicanos por ese mismo estado.

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El tema ha tomado un cauce de extremo peligro, de profunda ruptura social y sus implicaciones institucionales, constitucionales y de derechos humanos no pueden ser enfrentadas en otro ámbito que no sea el ámbito político

Algunos con insania, otros por ignorancia, sin que falten ingenuos, dicen que a quienes se les quiere arrebatar su nacionalidad legalmente obtenida, en definitiva no serán apátridas, porque la constitución haitiana se les "reserva las suyas". Un error, ese argumento no repara que nacionalidad e identidad son inseparables, que un documento legal es menos importante que un sentimiento de pertenencia. Se es nacional por sentido de pertenencia a un entramado de valores, vivencias y experiencias adquiridas en el tiempo. Ya lo dijo Marc Bloch "los hombres son más hijos de sus tiempos que de sus padres".

Otros de buena fe y de mala fe la mayoría, incurren el equívoco de decir que no es propio de un demócrata pedir una intervención del Ejecutivo para que de alguna manera corrija el carácter inconstitucional e inhumano de la sentencia. Los bien intencionados se basan en la vieja idea  de que es preferible la dictadura de las leyes a la dictadura de los hombres, un antiguo e inconcluso debate. Sin decantarse, Weber establece que las circunstancias determinan el predominio de uno o del otro, Gramsci se decanta por el cesarismo progresivo, no regresivo, vale decir, en determinadas circunstancias debe prevalecer el interés político que corrige una coyuntural arbitrariedad de la ley.

La observación de los procedimientos es de suma importancia en el manejo de la cosa pública, pero cuando un procedimiento se torna contrario al interés colectivo, incluso contrario al interés de una singular persona, se plantea la necesidad de revisar ese procedimiento. A ese propósito, Maalouf, nos dice que "en la democracia lo que es sagrado son los valores, no los mecanismos". Lo contrario sería dogmatismo infecundo, o rendirnos ante circunstancias negadoras de la esencia de la democracia: el respeto a la dignidad humana, que es lo que está en juego con la desnacionalización de un cuarto de millón de seres humanos.

Las leyes se hacen para las circunstancias y en su momento, éstas también las modifican. La esencia de la sentencia es inhumana, esa es la cuestión. Aceptarla, como dice, el Cardenal, porque el TC está “por encima de todas las personas e instituciones”, incluyendo su iglesia y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, agrego yo, significaría un culto desalmado a lo procedimental, un retroceso al siglo XVII cuando el ser humano estaba subordinado a la despótica ley del monarca…y de la Iglesia.

Discutir estos temas es necesario, pero difícilmente podamos hacerlo de manera civilizada si los argumentos de quienes apoyan la referida sentencia se limitan a la simplificación de los hechos y a la incitación al linchamiento de quienes nos oponemos a la sentencia 168/13, a través de pasquines y documentos difamatorios, como los que están haciendo circular a través de la red y de llamadas telefónicas. Esos hechos, más el acto del lunes pasado, nos recuerdan al clima vivido por los judíos y los gitanos en la Alemania nazi, sin que con ello ofendamos la memoria de los millones de estas colectividades que fueron llevados a los crematorios.

El tema ha tomado un cauce de extremo peligro, de profunda ruptura social y sus implicaciones institucionales, constitucionales y de derechos humanos no pueden ser enfrentadas en otro ámbito que no sea el ámbito político, allí han de encontrarse los inevitables correctivos. En esta circunstancia, la actitud del Ejecutivo será determinante.

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