No hay dudas que atravesamos por una coyuntura política global un tanto desfavorable a la protección del medio ambiente, con el surgimiento de presidentes negacionistas que se hacen la vista gorda frente a las alertas y pruebas crecientes sobre los estragos del calentamiento global.
Esta situación no impide que, por otro lado, en sociedades como la norteamericana, se amplíe el convencimiento que el cambio climático tiene un origen humano y hay que buscar alternativas rápidamente.
Así, frente a cierta indiferencia política, crece paulatinamente una movilización ciudadana a nivel global que empieza a hacerse sentir en la República Dominicana.
Esta movilización es de suma importancia en un país como el nuestro, donde no podemos perder de vista que la disponibilidad de agua ha ido disminuyendo de manera progresiva a lo largo de las últimas décadas, debido a su mala utilización, al crecimiento de la población y a la desigual distribución de los recursos hídricos.
Esto nos coloca, según un estudio del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), entre los países del continente americano con menor cantidad de agua renovable disponible por persona al año.
El acceso al agua no es solamente un tema de derecho y de acceso de la población a agua saludable, sino también un motor de crecimiento para el sector agropecuario y un tema que está en el centro de la agenda de desarrollo sostenible que reza en su ODS 2 “Hambre Cero para el 2030”.
Para mitigar estas pérdidas de agua tenemos la suerte de contar con uno de los sistemas de áreas protegidas más amplios del mundo, que ocupa cerca del 24% del territorio nacional. Estas áreas contribuyen a reducir las presiones causadas por las actividades humanas y están sujetas a un marco legal e institucional definido para garantizar su conservación.
Se trata de un recurso todavía más valioso para nosotros, que dependemos de nuestros recursos naturales como fundamento de nuestra industria turística que, con su crecimiento sostenido, ha ejercido una presion adversa sobre playas, manglares y corales. No pasa una semana sin que uno u otro científico anuncie que hemos perdido un tanto por ciento de nuestra barrera de coral u otro tanto por ciento de manglares.
No pasa tampoco una semana sin que la prensa se haga eco de intentos por de reducir de manera encubierta o a la franca nuestras áreas protegidas, sin las debidas apertura y discusión que estos casos ameriten.
La lista es larga y las modalidades diferentes: Valle Nuevo y la Sierra de Bahoruco con la agricultura, los Tres Ojos con la terminal de autobuses, la cueva de las Maravillas con la donación de las tierras del Estado a un patronato privado.
En este preciso momento nos encontramos frente a un cambio de reglas del juego que impactará de manera drástica el futuro de nuestra industria hotelera con el cambio del plan de ordenamiento de la región este, es decir, en el principal polo turístico.
Violentando la altura máxima permitida hasta ahora de cuatro (cinco) niveles para los edificios turísticos, se acaba de dar luz verde a la edificación de proyectos inmobiliarios con torres de hasta 22 niveles en Macao y Cap Cana.
Ahora se enfrentan opiniones e intereses diversos, muchos de ellos encubiertos. Es propicio recordar que, el turismo horizontal de la zona oriental ha resultado un modelo económicamente exitoso. Sin embargo, este ha sido en buena medida ambientalmente despredador, en parte por el pobre interés de nuestras más altas autoridades en cuanto a los impactos ambientales de la actividad turística, salvo el caso del polo Bayahibe-Romana, donde los hoteleros han hecho esfuerzos por crear un destino ambientablemente sostenible.
Lo que se acaba de señalar no significa que debamos ahora, de buenas a primeras, cambiar de estrategia atacando lo que se ha ensalzado, revirtiendo nuestra política para empezar a construir torres en nuestros litorales con un argumentario que queda totalmente por demostrar.
Al ser anunciadas por las mismas autoridades que han tenido una pobre gestión ambiental y han permitido el crecimiento de una industria turística sin verdadera protección de los recursos naturales, las explicaciones ofrecidas hoy en día no parecen verosímiles, generando suspicacias y desconfianzas.
Romper la barrera que prohíbe la construcción de torres en las playas del Este es una decisión de suma importancia que cambiará el paradigma del turismo en los años venideros.
La concentración de centenares de personas en un solo edificio no es anodina. Los riesgos del impacto negativo de una construccion masiva, inadaptada y que afea considerablemente un paisaje que percibimos como parte de un cierto equilibrio natural armonioso son inmensas. La mirada de los seres humanos es un dato que no se puede ignorar en toda operación de ordenamiento territorial.
Además, si voy de vacaciones a Dubai trataré de visitar el hotel más alto del mundo, salido del desierto al igual que todo el emirato que se eleva hacia al cielo. Si soy francesa y voy de vacaciones a un país tropical buscaré el confort, es cierto, pero envuelto en todo lo que me sugiere la idea mítica del paraíso de los trópicos.
Seguramente que los prorietarios del futuro complejo Moon han realizado estudios de mercado y recibido todos los incentivos necesarios para hacer crecer el número de llegadas y de empleos. Sin embargo, a más turistas mayor presión sobre los recursos naturales, a más empleados en una zona sin servicios más arrabalización y más contaminación. En todo esto estamos graduados.
¿Adónde va el futuro de la industria hotelera dominicana? ¿Cuáles son los grandes debates a nivel internacional sobre estos temas? ¿Cuáles son nuestros nichos? ¿Cuánto gasta promedio un turista en nuestro país y cuánto nos cuesta en impacto ambiental esta industria sin chimenea?
Mientras se discuta este tema, la República Dominicana ha sido galardonada en los National Geographic Traveler Awards 2018, sin torres en su litoral, con el mejor destino de playa rebasando a España y Montenegro.