En momentos en que nos preparamos para la recuperación económica es importante pensar en la formación y educación de toda la población, no solo de las generaciones más jóvenes.
Nadie discute la ventaja de que los niños y niñas se eduquen. Ya estaba consignado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y progresivamente todas las naciones han ido desarrollando más y mejores mecanismos para asegurar tanto la cobertura como la calidad de sus sistemas escolares.
Históricamente, los recursos y esfuerzos se han orientado a la formación de las personas en edad de escolaridad obligatoria, que para la mayoría de los países es de 6 a 15 años de edad, con el objetivo de que en primaria adquieran las habilidades básicas de comunicación oral y escrita, lectura y cálculo matemático y en secundaria (cuyas expectativas han aumentado significativamente con los años) desarrollen los fundamentos de la ciencia, el arte, la literatura, la tecnología, los idiomas, respondan responsablemente a los derechos y deberes ciudadanos y con ello se preparen para seguir estudiando e incluso en algunos casos para insertarse al mundo laboral.
Con el tiempo, en la mayoría de los países, se incorporó en esta agenda educativa el grupo de 15 a 24 años, rango de edad que desde 1985 Naciones Unidas denomina juventud, y en los últimos años la educación a la primera infancia que hasta hace poco tiempo era exclusiva de las élites.
Hasta aquí, queda clarísimo que para las edades comprendidas entre 0 y 24 años en todo el mundo (la República Dominicana no es la excepción) hemos estado incorporando acciones que aumentan el nivel educativo y con ello las oportunidades de que los jóvenes ingresen a la dinámica social y económica en la mejor de las condiciones.
Hoy quiero llamar la atención sobre la relevancia de que incluyamos en nuestros planes el que los adultos mayores de 25 años participen de los programas de formación y perfeccionamiento, sobre todo en estos momentos en que nos preparamos para la recuperación económica. Lamentablemente, no hay tiempo para esperar que las nuevas generaciones se incorporen a la vida productiva.
Según datos de la ONE de 2018 casi 4 millones de dominicanos, esto es más del 80% de la población económicamente activa, tiene más de 20 años de edad. De esta población, aproximadamente 2.2 millones tiene más de 40 años. Estas cifras apuntan a que el desempeño económico de nuestra nación y la rapidez de su recuperación postpandemia recae en buena medida sobre los adultos. Una razón clara para visualizar como estratégico e imprescindible mantener sus competencias vigentes.
Si miramos hacia el Gobierno, quedan claros cuáles sectores económicos están recibiendo mayor atención; entre ellos los que se ocupan del desarrollo de infraestructura, sobre todo en proyectos de agua, transporte y vivienda, los relacionados con el turismo, la industrialización tanto local como de zonas francas, la generación de energías renovables, la transformación digital, la agricultura y ganadería, así como las actividades de logística y transporte.
Si queremos asegurar productos y servicios que nos permitan dinamizar nuestra economía y participar de escenarios globales, la planificación de los programas de educación, formación, capacitación y entrenamiento, deben contemplar a toda la población económicamente activa y proponer mecanismos y estrategias que garanticen que no nos quedemos atrás ni los más ni los menos jóvenes. Solo incluyendo en nuestros planes todos los grupos que componen nuestra población económicamente activa y analizando las necesidades particulares de cada uno de estos grupos podremos mejorar la calidad de vida de todos los dominicanos a través de su participación en la dinámica económica.