Si bien muchos acontecimientos pueden poner nuestro temple a prueba ha sido sumamente alentador tener la oportunidad de asistir a un taller como el ofrecido en días pasados por Save the Children. Su propósito era el de mejorar las capacidades de la sociedad civil en cuanto a la promoción e incidencia en Derechos de la Niñez a través de la apropiación de marcos internacionales y la aplicación de herramientas de inversión pública.
Fue refrescante salir de nuestro entorno micro para recordarnos que, a nivel global, no estamos solos y que mucha gente trabaja sin tregua para que, en cada contexto regional, podamos adecuar nuestro quehacer como sociedad civil a los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030 y a la Agenda urbana 2030. Esto, en cuanto al segmento de población que nos interesa: los niños, niñas y adolescentes. Lo que significa también exigir al estado la adecuación de los presupuestos estatales para hacer efectivos los Derechos del Niño.
Es bueno recordar que los Objetivos del Desarrollo Sostenible (2015/2030) son 17 objetivos que sucedieron a los 8 Objetivos del Milenio (2000/2015). Si bien a nivel global no se pudo lograrlos todos, en República Dominicana nos quedamos cortos en la mayoría. La nueva hoja de ruta incluye las lecciones aprendidas en el proceso anterior y se propone llegar a millones de niños y niñas que se han quedado fuera del progreso y del desarrollo.
Ellos son los más afectados por la pobreza y por el incumplimiento de sus derechos, que todos los estados signatarios de la Convención de los Derechos del Niño se comprometieron a cumplir. Para acelerar el proceso de integración de derechos a las políticas estatales, el Comité de los Derechos del Niño ha producido la Observación General Nº 19, sobre la elaboración de los presupuestos públicos para hacer efectivos los Derechos del Niño, y la Observación General Nº 20, sobre la efectividad de los Derechos del Niño durante la adolescencia, periodo donde en un entorno difícil esta población se vuelve especialmente vulnerable.
Con estos insumos y orientaciones resultara más fácil a los estados y a las personas que trabajan a favor de los Derechos del Niño tomar decisiones acertadas, que vayan en el sentido de las directrices. Recordando siempre que invertir en la niñez es económicamente rentable, políticamente necesario, éticamente correcto y moralmente obligatorio para lograr el desarrollo sostenible de todos los países.
Las Observaciones parten de la constatación que no se ha avanzado suficiente y que en los diálogos siempre viene a relucir la falta de recursos, o se evidencia que los Estados no utilizan bien los que tienen, ya que es indispensable que la ejecución del gasto sea no solo eficiente y efectiva sino transparente.
La Observación General Nº 19 hace hincapié en la necesidad de promover un verdadero cambio en la forma en que los presupuestos se planifican, promulgan, ejecutan y supervisan, a fin de promover la aplicación de la Convención y sus Protocolos Facultativos y utilizar los presupuestos para garantizar los derechos de NNA en su elaboración.
Lo más luminoso del seminario de Save the Children es que ha aportado en la misma sesión un principio de respuestas a la eterna afirmación de los estados de que no tienen fondos para realizar los cambios necesarios y adecuar sus presupuestos a las obligaciones contraídas.
Con las informaciones que proporcionó Rafael Jovine, autor con Rosa Cañete del informe de OXFAM “Se buscan recursos para garantizar derechos”, se visibiliza para la República Dominicana, a partir de los mismos datos publicados por el Gobierno y de manera contundente, que en el presupuesto estatal hay fondos suficientes y malgastados por clientelismo, corrupción, propaganda descontrolada y duplicación de funciones de instituciones del Estado que se podrían fusionar. Este estudio indica que el gobierno dominicano malgasta el 2,5 % del PIB, equivalente a 13 % del presupuesto general del Estado del año 2017, y recalca que si seguimos con la misma dinámica cada año habrá menos recursos para garantizar derechos.
Para reorientar fondos para la garantía de los derechos, la eliminación de las botellas ahorraría 1,1% del PIB; 34 instituciones podrían fusionarse o eliminarse para reorientar estos fondos hacia derechos, ahorrando 13,000 millones; reduciendo las partidas para uso político o clientelar se realizaría un ahorro potencial de 0,1 % de PIB, etc.
Difundir este informe y las herramientas para garantizar políticas con inversión comprometida en toda la geografía dominicana es una tarea alentadora para todos los que laboran a favor de los niños, niñas y adolescentes en una perspectiva de derechos. A fin de cuentas, no estamos trabajando para que las limosnas del Estado lleguen a los más vulnerables sino para lo que les pertenece como ciudadanos sujetos de derechos les sea garantizado.