A muchos de los turistas que han visitado nuestros resorts de lujo les costará pensar que compartimos con nuestros vecinos haitianos los primeros lugares de América Latina en muertes neo natales, un promedio de 13 muertes al día, cuando el 80 por ciento de éstas son evitables. Quizás se ofuscarán también al saber que este país sonriente que los recibe con su calor tropical y su alegre merengue ostenta otro triste record: el de las adolescentes embarazadas, con el segundo lugar de la región latinoamericana; es también uno de los 20 países en el mundo con alta prevalencia de matrimonio infantil. Un país donde, además, ni el incesto ni el embarazo de niñas menores de 12 años son una causal adecuada para el aborto.
Sin embargo, todo va de la mano. El derecho al aborto, los embarazos en niñas y adolescentes, los matrimonios infantiles, y las muertes neo natales, frutos todos ellos del bajo índice de desarrollo humano y de la alta inequidad que padecen nuestros sectores más vulnerables. Estas situaciones apuntan hacia la evidente responsabilidad del Estado con políticas públicas incumplidas, insuficiente preparación sanitaria, ausencia de políticas de prevención y pobre equipamiento de muchas maternidades; equipamiento que, dicho sea de paso, da a veces vergüenza hasta en renombradas clínicas privadas de la capital.
La correlación está clara: la pobreza permite todo tipo de abusos; entre ellos, la falta de una educación de calidad que genera más embarazos infantiles y más muertes neonatales.
Además, en la era del ciberespacio las mujeres deben todavía pagar el precio del “pecado original” que fue, sin embargo, consumado por un hombre y una mujer, y que quedó enraizado en mentes arcaicas y machistas como un tropiezo únicamente femenino. Así, las mujeres, sobretodo las de escasos recursos, deben todavía cargar con obstáculos para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva, con el ensañamiento contra el aborto de manera general y, de manera más aterradora, contra las tres causales, que a todas luces son una cuestión humanitaria y humana básica.
Llama poderosamente la atención que a estas alturas del juego, después de tantos análisis, estadísticas y mediciones, el gobierno haya descubierto que debe implementar una nueva herramienta: el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), desarrollado por la Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI), que en el país se desarrollará a partir de un modelo ajustado por el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN), que en palabras de la vicepresidenta de la República será la herramienta más importante para construir la próxima generación de políticas sociales. Le quisiera solamente recordar que en 17 años de gobierno del PLD, y a pesar que esta corriente de pobreza multidimensional ya existiera, nos han impuesto políticas focalizadas como la solución a todas las desigualdades, pero solo han dado como resultado más muertes neonatales y más embarazos en adolescentes, justamente en los quintiles más pobres.
Mientras nuestro gobierno y nuestros legisladores conserven una lógica religiosa y no de derechos mantendremos un triste liderazgo en las estadísticas negativas, perpetuando la injusticia contra las niñas, las adolescentes y las mujeres más vulnerables.