El 28 de febrero del 2014, mientras mi esposa y yo nos dirigíamos al Este para disfrutar con mis hijos y amigos el feriado del aniversario de la Independencia, un vehículo que rebasaba a alta velocidad nos embistió en el costado derecho trasero. Perdido el control por el impacto, el vehículo comenzó a girar sobre el pavimento hasta salir de la autopista. Allí dio varias vueltas hasta caer aplastado quedando con las llantas hacia arriba. El vehículo, un todo terreno, quedó totalmente destrozado. Testigos acudieron en auxilio ayudándonos a salir, por el espacio que quedaba entre el piso y el techo aplastado del vehículo.
Aturdidos por el impacto, no acertábamos qué hacer. Llamamos al seguro y tras de esperar por una interminable grabación, una empleada nos interrogó sobre la prima, el modelo y año del vehículo y las condiciones en que éste había quedado para enviarnos una grúa, que al fin de llegó hora y media después. Mientras esto ocurría, un testigo que nos auxilió llamó al Programa de Asistencia Vial del Ministerio de Obras Públicas y en pocos minutos acudió al lugar una camioneta con agentes que se hicieron cargo de nosotros.
Meses antes, de regreso del interior, al vehículo en que viajaban mi hija con su esposo, sus dos hijas y una pareja extranjera se le rompió un neumático. Después de varios intentos con la compañía de seguros, varias personas se le acercaron con evidente malas intenciones. La llegada rápida de los agentes del Ministerio les permitió salir del problema sin costo alguno, custodiándolos hasta un lugar poblado.
El viernes, el Ministerio informó que en los tres años del servicio han prestado auxilio a 250 mil casos similares en las diferentes carreteras y caminos del país. Se trata de un servicio de enorme contenido social que contribuye, sin duda alguna, a mejorar el clima de seguridad ciudadana y a reforzar la protección a los miles de turistas que se mueven a diario por esas vías.