En su discurso de toma de posesión como presidente, agosto del 2012, Danilo Medina señaló sobre el sector eléctrico lo siguiente: “Nos proponemos firmar un pacto de largo plazo y cambiar radicalmente el esquema actual del subsidio”.
Sin embargo, fue dos años y dos meses después, el 13 de octubre del 2014, mediante el Decreto 389-14, que el presidente hizo formal convocatoria a los sectores nacionales para las discusiones del pacto eléctrico.
Ahora bien, para octubre del 2014 ya el Gobierno había firmado un contrato por dos mil 40 millones de dólares ($US 2, 040, 000,000) con un consorcio empresarial privado (9 de diciembre 2013) encabezado por Odebrecht para la construcción de dos plantas de carbón en Punta Catalina.
Además, también para octubre 2014 ya el Gobierno había concedido – en sospechoso silencio – otro contrato, esta vez de grado a grado, sin concurso público, a la desconocida empresa Pinergy, para construir otra planta eléctrica de carbón de 600 MW en Paya, Peravia. Este último contrato fue concedido el 27 de diciembre 2013 y dejado sin efecto año y medio después, en mayo 2015, por “incumplimiento de la Pinergy”, dijo Bichara.
En otras palabras, cuando el presidente Medina convocó al pacto, ya el Gobierno se había comprometido en la instalación de 1300 MW de carbón en un solo rincón: Paya y Punta Catalina. Esa cantidad de potencia era más que suficiente para la modificación radical de la matriz de generación y para trastocar profunda y temerariamente el mercado mayorista de electricidad, incluyendo el spot.
Por otro lado, el 13 de octubre del 2015, Monseñor Agripino Núñez hizo formal solicitud al Gobierno de informaciones y datos oficiales sobre el desempeño de instituciones y empresas del sector eléctrico. Esas informaciones habían sido previamente requeridas por el CONEP y los representantes de la UASD en las discusiones por considerarlas imprescindibles para proponer o aceptar propuestas de reformas que sean técnica y financieramente sostenibles.
Hasta la fecha el Gobierno no ha entregado las informaciones solicitadas, excepto los estados financieros de las distribuidoras correspondientes al año 2011, lo que ha sido percibido como una falta elemental de respeto.
Además, en paralelo con los trabajos en búsqueda de consenso que se realizan en la PCMM, el Gobierno mantiene la aplicación arbitraria e ilegal de una tarifa eléctrica sobrevaluada en casi un 30%, y ha profundizado las distorsiones del subsidio eléctrico, incluyendo el mal llamado Fondo para la Estabilización de la Tarifa Eléctrica (FETE) que históricamente ha sido utilizado para transferencias poco transparentes de miles de millones de pesos mensuales a las empresas distribuidoras dizque como “subsidio a la tarifa”.
Nadie debería esperar que un partido político u organización empresarial o social responsable firme un supuesto pacto nacional en condiciones de tan flagrante irrespeto y escasa seriedad por parte de las autoridades del Estado.
Así las cosas, “speaker” Marchena y Don Bichara, el que boicotea el pacto eléctrico es su jefe, Danilo Medina, no el PRM.