Nueva York.-El arresto de ex militares dominicanos investigados por sobornos internacionales, podría llegar al más alto nivel político posible.
Esto no sale de las autoridades dominicanas, viene de Washington.
La industria armamentista estadounidense le ofertó al Gobierno Dominicano 10 aviones por $25.0 millones, los dominicanos compraron 8 Súper Tucanos por $93 millones en Brasil.
La empresa estadounidense denunció ante el Departamento de Justicia que en la operación los brasileños pagaron sobornos. El Departamento de Justicia investigó y envió pruebas a Brasil, donde cayeron presos varios ejecutivos privados y funcionarios públicos.
Quienes perdieron la venta de $25 millones, traen ahora el caso ante las cortes de República Dominicana, que perdió $68 millones y dos aviones en la operación.
Esto recién empieza y guarda mucha similitud con el caso de Salvador Jorge Blanco.
Ayer arrestaron oficiales, ellos alegaron cumplir “órdenes superiores”, la investigación subió la cadena de mando; el Comandante en Jefe terminó preso.
Las declaraciones de un ex general preso sugiere que otros caerán.
“Un trato igualitario, eso es lo único que queremos”, dijo el arrestado ex ministro de Defensa, mayor general Pedro Rafael Peña Antonio. Con claridad, pide que lo suelten, o arresten a otros implicados que están libres.
Como nada es más vulnerable e indiscreto que un guardia preso, la cárcel es inevitable para quienes dependan del silencio de un guardia preso para seguir libres.
“Despojaron” a una empresa estadounidense de dinero “legítimamente suyo”, eso no se hace; pondrán un ejemplo, para que a nadie nunca se le ocurra hacer nada igual.
Ningún poder insular salvará a los implicados, porque Washington, Brasil y la Organización Mundial del Comercio demandan sanciones.
Si no hay sanciones, la industria de la defensa estadounidense perderá el mercado de las Fuerzas Armadas latinoamericanas.
Eso sería “grave e inaceptable” para la “libre empresa”.