El informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre la trata de personas en la República Dominicana para el año 2017 acaba de ser publicado y arroja datos interesantes.
Este informe reconoce “esfuerzos significativos contra la trata de personas comparados con periodos anteriores”, pero señala que el gobierno dominicano no cumple todavía “con los estándares mínimos en varias áreas clave”.
Los datos que arroja el informe se refieren a casos correspondientes al periodo 2015/2016, en el que se identificaron 157 víctimas de tráfico sexual, de las cuales 83 fueron menores y 74 adultos; 137 mujeres y 20 hombres. Las formas de explotación más comunes son la explotación por prostitución ajena, por mendicidad, por pornografía infantil o por trabajo forzado.
Las poblaciones más vulnerables a la trata son las mujeres, las niñas y niños trabajadores, los niños de la calle, los migrantes, los indocumentados o los apátridas de ascendencia haitiana. Se identificaron casos de niños forzados a trabajar en servicios domésticos, como vendedores ambulantes, mendigos, en trabajos de agricultura y construcción, y en el transporte de drogas.
Del informe se desprende que la limitación de los fondos dedicados a una lucha que debería extenderse a todos los rincones del territorio nacional, con énfasis en lugares específicos como la frontera, los centros turísticos, mercados y barrios conocidos por la presencia de moteles y de bares, es uno de los principales escollos de la lucha contra la trata.
La falta de presupuesto se traduce en la escasa capacitación del personal y de los funcionarios que deben trabajar el tema de manera transversal. De ahí, también, la pobre coordinación interinstitucional sobre este tema entre los diferentes organismos del Estado: los ministerios del Interior, de la Mujer, de la Salud, la Procuraduría General, CONANI, las Fuerzas Armadas, particularmente sus efectivos destacados en la frontera, y la Policía Nacional, entre otros.
Según observadores y fiscales la aplicación de la ley se ve también menoscabada por limitaciones económicas que provocan lagunas en las investigaciones judiciales. Estos fallos acarrean, a su vez, falta de pruebas y no presentación de testigos y familiares en los juicios; lo que conlleva a menudo el descargo de los imputados.
Las víctimas, una vez detectadas y separadas de su situación de explotación, deben ser acompañadas con vistas a su reinserción. De manera general, el gobierno proporcionó solamente servicios de corto plazo a las 157 víctimas de la trata.
A pesar de que hay protocolos, la falta de fondos los hacen inoperantes. En los casos de los menores, el gobierno devuelve a menudo a los niños victimas de explotación a sus familias, sin tomar en cuenta que muchas veces es en las mismas situaciones de vulnerabilidad extrema de las familias donde se encuentra la raíz de las situaciones de trata en las que se han visto envueltos los menores.
El desmantelamiento del mercado informal, principalmente compuesto por mujeres haitianas, que había en la esquina de la Máximo Gómez con la San Juan de la Maguana, ha precipitado varias familias haitianas en el hambre y la desgracia forzando muchas menores escolares a vender su cuerpo para sobrevivir y cooperar con la economía familiar, haciendo de ellas presas más fáciles para la trata de menores.
Mi marchanta de víveres me decía antes del desguace de su cuchitril y del de su esposo: “Llévate a una de mis chicas pa’ Francia, te la regalo”. ¿No oirá la madre, en medio de su desesperación, el canto de otra sirena?
Son las ONGs las que, en la generalidad de los casos con muy pocos recursos, entran en juego para proporcionar asistencia a las víctimas de la trata en cuanto a alojamiento, asistencia judicial y psicológica, y reinserción.
La reintegración social, la asistencia médica, jurídica y psicológica, con profesionales formados en brindar asistencia adecuada a las víctimas y orientarlos en todos los pasos que preparan un ser humano a la resiliencia, deben ir a la par de la alfabetización y la capacitación para un empleo digno.
Poco se hace todavía en materia de prevención. Las estrategias deberían ser adaptadas a la población y a los sectores vulnerables . Convendría realizar campañas de sensibilización sobre el trabajo forzoso y la explotación sexual, sobre la hiper sexualización de las niñitas desde su más tierna edad y sus peligros, tanto en español como en creole.
Como en muchas otras asignaturas, en la República Dominicana chocamos con el escollo del crecimiento económico con inequidad social, que es el modelo imperante en un país tan desigual como el nuestro.
Este freno va a la par con el cáncer de la corrupción que corroe todos los estamentos de la sociedad, alejándonos de los valores cuya restauración reclamamos, sin darnos cuenta que no se revierte una situación tan grave como la que vivimos sin una buena dosis de sacrificio colectivo.