El debate político dominicano se nutre de trivialidades dichas con potencia y tozudez, enredada, como la cizaña al grano puro, con hechos y propuestas de significativo peso social. Por ejemplo, habilitar una mesa para buscar un pacto nacional político institucional es, sin dudas, una gran cosa, pero levantar un estruendoso valladar contra la sociedad civil para que esta permanezca aislada e ignorada de tal discusión es una peligrosa tontería. Porque, mirándolo bien, ¿de qué se va a hablar en ese dialogo político en la PUCMM, que los representantes de la sociedad civil no pueden saber ni opinar? ¿Será algo estrictamente privado, íntimo, de los partidos políticos?
Resulta que no, que la convocatoria es para buscar vías de consenso para la renovación de las directivas del Tribunal Superior Electoral, de la Junta Central Electoral y de la Cámara de Cuentas. Se debatirán también, los proyectos de ley de partidos y organizaciones políticas y de una ley electoral.
¿Son los partidos políticos, los únicos interesados – y eventualmente afectados – por esos temas? ¿No tienen los cambios institucionales y de legitimidad electoral consecuencias en la economía general? Los partidos políticos no deben permitir que la sociedad civil los sustituya, ni esta debería pretenderlo nunca – so pena de caer en una versión de lo que Lenin denominaba “anarcosindicalismo”-, pero dialogar y escuchar sus sugerencias, y en ocasiones asumirlas, sigue siendo parte esencial de la mecánica de la democracia liberal.
Esas son cuestiones muy bien conocidas por los líderes del PLD, comenzando por Rafael Alburquerque que, según testimonios, fue el primero que se opuso a la participación de la sociedad civil, no ya por ignorancia, sino por egoísmo político.
¿Qué la sociedad civil tiene su propia agenda e intereses?, perfecto, señal de que avanzamos, por y para eso se organizan.
Otro absurdo es la defensa que hacen algunos de que miembros de un partido político sigan dirigiendo la JCE y el TSE. La principal fuente de conflictos pre y post electorales de los últimos procesos ha sido la falta de confianza de los partidos de la oposición en la autoridad electoral, precisamente por la conocida militancia política de sus titulares. ¿Confiaría el PLD en una JCE dirigida por Andrés Bautista, Guillermo Moreno y Minou Tavares?. La respuesta es NO, y, entonces, ¿porque pretender imponerle a la oposición que acepte lo que el PLD no aceptaría?.