Los peligros que confrontan nuestras Fuerzas Armadas no son ni por asomo de naturaleza militar. Ese tipo de peligro no existe mientras Haití no tenga un fuerte poderío militar. Pero hay otros dos peligros que implicarían consecuencias funestas. El descrédito y/o la abolición de nuestros cuerpos castrenses podrían ser el resultado de 1) su posible corrupción y 2) la ineficiencia para lograr un control efectivo de la frontera. Si esos desafíos no se enfrentan y corrigen con firmeza la sociedad no podrá mantener su confianza en esas instituciones.
Tal conclusión se deriva de las recientes y alarmantes denuncias de algunos legisladores sobre el fracaso total del control fronterizo. Puesto que ese control está en manos de las Fuerzas Armadas no hay otra alternativa que considerarlas culpables.
A saber, la denuncia del senador Dionis Sánchez de que en Pedernales no hay ningún control en la frontera y que por ahí “sigue entrando y saliendo de todo”. El senador de Dajabón David Sosa también denunció la corrupción de los militares: “mientras más soldados vigilen la frontera, mayor es el número de haitianos que entra al país de manera indocumentada”. Peor aún, ocho senadores también denunciaron que “en la frontera dominico-haitiana se ‘trafica de todo’, desde sustancias prohibidas (drogas), armas de fuego y vehículos hasta personas, debido a la falta de control de las autoridades correspondientes”. Es decir que las denuncias provienen de un 25% del Senado de la República.
Tales denuncias sugieren que de nada vale “reforzar la frontera” con un mayor número de soldados. A principios de noviembre la prensa reportó que, frente a la volátil situación en Haití, ya había unos 12,000 efectivos desplegados para “salvaguardar la soberanía”. A pesar de haber recibido el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza (Cesfront) incontables refuerzos de equipos y personal en los últimos años, este es el número más alto de militares que se ha desplegado en la frontera jamás.
Diariamente “Cesfront, en coordinación con inspectores de Migración, apresan entre 300 y 350 haitianos que tratan de ingresar al país en forma ilegal”. Pero la barrera militar no ha parado la migración ilegal y la frontera sigue porosa en tanto los encargados de sellarla no son efectivos en el cumplimiento de su tarea.
Recientemente el Ministerio de Defensa se negó a proporcionar información a la prensa sobre el costo del actual despliegue militar alegando razones de seguridad. Pero el periódico El Dinero en el 2018 si reportó que el costo diario de la vigilancia fronteriza ascendía a RD$49.1 millones, alrededor de RD$17,900.6 millones con una presencia de 7,000 soldados.
De manera que es dable estimar que actualmente el costo debe rondar, con 12,000 soldados, en los RD$80 millones diarios, unos RD$29 mil millones al año. Lo que está en juego, entonces, no es como para ignorarlo ni darle la espalda.
Hasta ahora las Fuerzas Armadas han gozado entre las instituciones del país de una alta valoración por parte de la población. Un análisis del 2017 por el Ministerio de Economía para el periodo 2009-2016 reveló un elevado sitial de confianza pública para nuestros institutos castrenses. Y en la encuesta Latinobarómetro 2018 las instituciones mejor valoradas en el país fueron “la Iglesia (de todas las denominaciones), con un 68%, seguido de las Fuerzas Armadas (40%), JCE (30%), y las ONG (35%)”.
El gráfico de Latinobarómetro del 2020 muestra que eso pasa en toda América Latina y el Caribe y el Latinobarómetro 2021 coloca a la RD entre los países de la región donde existe mayor confianza en las Fuerzas Armadas. Estamos pues a tiempo de corregir entuertos.
Con este marco de referencia queda claro que el prestigio de las Fuerzas Armadas podría desplomarse si los dos peligros señalados más arriba no se eliminan. Cualquiera de ellos podría conllevar una severa reprimenda pública y una enorme erosión de su prestigio. Y es que por décadas ha existido la percepción, basada en casos reales, de que la corrupción permea a todo el estamento militar dominicano. El mismo expresidente Fernández declaró alguna vez que si actuaba contra esa mafia “lo derrocaban”. Los recientes apresamientos de 14 altos oficiales por parte del Ministerio Publico –más específicamente en los casos Coral y Coral 5G– alimentan y refuerzan esa percepción.
Anunciada en febrero de 2021, todavía no se han reportado los hallazgos de una auditoría financiera de las 45 instituciones del Ministerio de Defensa por parte de la Contraloría General de la República. La misma se emprendió “en procura de posibles irregularidades en las ejecuciones presupuestarias”. Independientemente de sus resultados, los rumores y denuncias abundan acerca de la corrupción de los militares en la frontera junto a los inspectores de Migración. El pueblo llano y sus voceros culpan al estamento militar de la apabullante migración ilegal haitiana.
Con ese bajo nivel de efectividad por parte de nuestros guardianes fronterizos, las condiciones están dadas para que la migración ilegal perdure por mucho tiempo. Según Datosmacro.com, para el 2019 se estimaba que a los EEUU habían emigrado 737,058 haitianos, mientras a la RD unos 491,013 y a Canadá 99,564. Aunque según estos datos nuestro país no es el principal destino de la migración haitiana, los estimados más autorizados indican que ya tenemos un 5% de nuestra población que es de origen haitiano y una alta proporción no tiene permiso de residencia. Para 2018 el destacado economista José Lois Malkun estimó que “la cantidad total de haitianos que vive en el país, nacidos en Haití o República Dominicana, suman 751,080”. Hoy día muchos creen que exceden el millón.
Un reporte de BBC Mundo de septiembre pasado resumió el alcance del éxodo haitiano: “La ONU estima que casi 4 millones de haitianos, de cerca de 11,5 millones, padecen inseguridad alimentaria. Un quinto de la población, cerca de dos millones de personas, se ha visto forzado a emigrar”. “México registró la llegada de 147.000 indocumentados entre enero y agosto, el triple de 2020, mientras que las autoridades de EE.UU. detuvieron unos 212.000 migrantes solo en julio, la primera vez que se supera la barrera de los 200.000 en 21 años.” “Más de 940.000 indocumentados detenidos han sido expulsados desde el año pasado.”
¿Qué hacer entonces para evitar el desprestigio y/o la desaparición de nuestras fuerzas armadas? El problema de la corrupción podría ser parcialmente domeñado si nuestras agencias de control sobre el gasto público (Cámara de Cuentas, Contraloría) y la PGR continúan aplicando la misma vara a todos. Hay razones para pensar que la corrupción asociada a los sobornos y las comisiones ilícitas podría ser un desafío conquistable por esa vía. Lo que no sería tan domeñable es la corrupción asociada a la tarea de control fronterizo, la prioridad número uno en los actuales momentos. Erradicar las malas prácticas de los militares apostados en la frontera sería una tarea de responsabilidad directa de la oficialidad superior. Pero la vox populi le atribuye a ella ingresos cuantiosos que comparten con la soldadesca.
Si para parar la migración ilegal fuera suficiente un muro, ya el gobierno está tomando esa medida. Pero la mayor parte de los analistas sensatos creen que eso no podrá detener la porosidad de los 391 kilómetros de frontera y que el rol de los guardianes militares seguirá siendo imprescindible. En lo que todas las voces están de acuerdo es en que las oportunidades de empleo localizadas en ambos lados de la frontera serían la panacea. La solución no es militar para ninguno de los dos países y el desarrollo económico de Haití sería el mejor paliativo.
En ese sentido el mismo senador Sánchez ha señalado que “lo más oportuno es un muro industrial”. El senador Sosa, por su parte, ha advertido que ya en Dajabón esa solución tiene una base práctica. “Allí en Codevi hay una muestra en solitario de lo que propone Sánchez para toda la frontera. Codevi es una experiencia interesante. Opera bajo la sombra de la ley estadounidense Hope, que levanta las barreras para que Haití y los Estados Unidos puedan realizar intercambios comerciales libres, sin pagar derechos de aduanas en ningún lugar. Cuenta con 18,000 empleos, de los cuales 16,000 son de haitianos, 2,000 de dominicanos y otros 6,000 son empleos directos en República Dominicana por la cadena de suministro”. Adicionalmente, el empresario Fernando Capellán, presidente de Codevi, ha propuesto una alianza entre EEUU y Haití que podría ayudar a la creación masiva de empleos en Haití.
Nuestro país no debe seguir alimentando el mito de que la solución de la migración ilegal haitiana es un contingente militar en la frontera. La solución es de doble cabeza: por un lado, debe sanearse la gestión militar para que haya un verdadero control fronterizo y por el otro debe acometerse una estrategia de desarrollo que acabe con el oscuro destino de la población fronteriza.
Debemos admitir que la presente vigilancia militar, devenida según los senadores en un antro de corrupción, es un problema tan grave para nuestro desarrollo como lo son las limitaciones del sistema eléctrico y de nuestro sector educativo. Por eso el Ministerio de Defensa debe abocarse a redimir el prestigio del estamento militar para evitar su descrédito y eventual desaparición. Un diligente esfuerzo le permitiría levantar la tea del honor y seguir enarbolando su sagrado lema: “¡Todo por la Patria!”.
