Vivimos en tiempos de indignación y la forma de hacer política representa la máxima cuota de irritación, porque ésta afecta la vida social para bien o para mal. En la sociedad dominicana, en los últimos 12 años, la involución y deterioro de la política alcanza su máxima clímax. El Estado como piñata, como fuente primigenia de acumulación, ha desbordado los límites. El Estado no logra desdibujarse, desprenderse, del entramado estructural faccioso con que lo han configurado para articularse como la vía más expedita para la riqueza. El Estado es hoy, poder económico, poder político y poder social. El Estado es negocios, en todas sus dimensiones y modalidades: Rentistas, patrimonialista, clientelista; verificándose todas las peculiaridades, características de la corrupción: Burocrática o Administrativa, Nepotismo y Captura del Estado.
La Política requiere urgentemente en Dominicana un nuevo rumbo, una nueva mirada, repensarla y encausarla hacia su verdadera razón de ser: la búsqueda del bien común y el bienestar colectivo. El deterioro institucional nos acusa y nos exige y convoca a un alto, a un basta ya. La Clase política podría remozarse ella misma, comenzando por producir conjuntamente con la sociedad civil, un cuerpo de leyes: Partidos Políticos y Régimen Electoral, que les permita un camino más cierto y menos pedregoso de lo que podría sobrevenir, frente a esta anomia social, ocasionada en gran medida por su praxis. ¡El tiempo de ellos es ahora!
Desde 1993 la sociedad dominicana viene hablando de la necesidad de una Ley de Partidos Políticos. En el 1999, la Comisión de Reforma y Modernización del Estado, elaboró un Anteproyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas con participación de los partidos políticos y la sociedad civil. Dos años antes, se había aprobado la Ley 275-97 del Régimen Electoral. Para el 2001, CONARE, la misma institución, produciría otro anteproyecto de ley de Partidos Políticos. Ninguno de los dos llegó al Congreso.
Es en el 2002, que la entonces Diputada, doctora Licelott Marte de Barrios, introduce a la Cámara de Diputados por primera vez el Anteproyecto de la COPRIME. Desde el 2002 hasta hoy lunes 24 de abril, han pasado por el Congreso 8 anteproyectos, ninguno aprobado por las dos cámaras. ¡15 años y nada de legislación con todo lo que eso implica para una democracia más decente y menos corrupta! Somos actualmente de los pocos países de la Región que adolecen de una Ley de Partidos Políticos, a pesar de que formamos parte “del liderazgo” en el ranking con más partidos políticos (26 reconocidos).
Las leyes de Partidos Políticos y del Régimen Electoral deben crearse bajo la sombrilla de la Ley de Leyes, que tipifica de manera meridiana como deben ser. Los Artículos 211, 212 y 216 no permiten exegesis, de manera taxativa señala los principios de: Libertad, Transparencia, Equidad, Objetividad. El 212, Párrafo IV, establece: “La Junta Central Electoral velará porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento. En consecuencia, tendrá facultad para reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación”.
El Artículo 216 relativo a los Partidos Políticos, aborda “… Su conformación y funcionamiento deben sustentarse en el respeto a la democracia interna y la transparencia”. El numeral I señala que los partidos deben contribuir al fortalecimiento de la democracia; y, el numeral 3: Servir al interés nacional, al bienestar colectivo y al desarrollo integral de la sociedad dominicana.
Desde 1998 hasta agosto de 2006, esto es 8 años, el PRD dirigió ambas cámaras del Congreso y no hizo nada al respecto. El PLD, tiene actualmente, y desde hace 11 años, una hegemonía en ese poder del Estado. Desde 1996 en República Dominicana se han producido más de dos docenas de leyes, para organizar, controlar, fiscalizar, en vías a orquestar el buen funcionamiento, eficiencia y eficacia del Estado. Las leyes han demostrado que por sí misma no son suficientes. Son necesarias, pero no bastan. La institucionalidad no deriva, no deviene como consecuencia per se de las normativas, de todo el tejido jurídico. Eso es lo externo, primordial, empero no nodal.
Hay la necesidad de conjugar lo externo con lo interno (codicia, avaricia, anhelo de poder y vacío existencial) de los actores políticos; dicho de otra manera, se requiere una revolución socio-cultural (mental), donde la dinámica social, vía la presión social en que actúan esas personas, delincuentes políticos, sea visto mal, a través del ostracismo social. La sociedad debe de empujar para que los partidos sean más transparentes; que el costo de la política no sea tan demencial; que existan límites en los gastos y el tiempo de la campaña; democracia interna; circulación de las elites partidarias; verdadera competencia electoral vía la equidad; rendición de cuentas. Si no son capaces de generar ese mínimo, a todos aquellos que han propiciado esta desgarrante descomposición institucional-social, que se vayan.
Por eso hoy por hoy, son los miembros de las cúpulas políticas, la casta más privilegiada de la sociedad: tienen sistema de protección especiales; se aumentan los sueldos cuando quieren; ganan 100, 200 veces más que el salario mínimo en la Administración Pública y constituyen la cuota mayor de los que en los últimos años se han movilizado más socialmente y económicamente. ¡Seres estratosféricos en una sociedad donde la desigualdad social en el año 2016 creció; donde hay un 32 % de pobreza, según las estadísticas del mismo Gobierno y donde el 80% de los que trabajan en la economía formal devengan un salario de menos de RD$21,000.00 pesos. Solo el 14% de los que recibimos ingresos por sueldos, pagamos Impuestos sobre la Renta.
En esta degradación del poder político, que ha derramado su putrefacción al conjunto de la sociedad banalizándolo todo, se precisa de un alto, de un torniquete, que vendría a ser las leyes de Partidos Políticos y del Régimen electoral. Como diría Daniel Innerarity en su libro La Política en tiempos de Indignación “Como ocurrió con la nobleza, los políticos tienen hoy grandes dificultades a la hora de justificar sus privilegios en un momento en el que cumplen cada vez funciones menos importantes (o a duras penas consiguen cumplir las que tienen asignadas)”.