La territorialización de las políticas públicas pasa por el reconocimiento de que las personas y su bienestar o no se encuentran geográficamente localizadas en puntos específicos y enlazadas por redes locales y subnacionales. Cada punto geográfico, comunidad o territorio es un nodo que se conecta en la red-pública (República Dominicana) a través de flujos de bienes, obras y servicios.
El territorio es una construcción social, es más que un sustrato biológico. Es la gente que levanta en su origen la comunidad, el municipio o ciudad. El mercado y la cultura ponen ritmos a la interacción social. El territorio es un cuerpo dinámico, articulado y cuyo emprendimiento de interacción del funcionamiento democrático la pone el Estado y sus instituciones, a través de leyes, normas y recursos presupuestarios para la sostenibilidad humana y la resiliencia.
La territorialización de las políticas públicas es la estrategia madre para invertir cada centavo en la geografía humana, donde está el problema socioeconómico identificado como prioritario. El problema o los problemas están en el territorio, pero de modo diferenciados. Las cargas de los problemas sociales, económicos, políticos y culturales no son homogéneas para todos los territorios. La desigualdad, su superación, tiene raíces multivariables cuyos efectos se ralentizan cuando se alcanzan altos niveles de cohesión social y territorial.
La lógica de la inversión mediante el modelo de territorialización de políticas públicas aporta a identificar dónde está el problema, quienes lo padecen, en qué sitio o nodo necesitan más flujos de capitales económicos, sociales, públicos y políticos. No todas las personas sufren los mismos problemas de salud, educación, desempleo, violencia social, desequilibrios ambientales, Etc. No todos los territorios disponen de las mismas capacidades institucionales para dar respuesta efectiva a la superación de la pobreza material, monetaria, estructural.
El buen gobierno es aquel cuyo liderazgo asume la inversión pública bajo principios de distribución horizontal de la riqueza pública en las diferentes escalas territoriales y de localización de dónde hay menos bienestar. Bajo enfoque de igualdad de oportunidades para todos los territorios es muchísimo más fácil de superar las desigualdades sociales.
El dinero, su inversión, debe sembrarse donde está la gente y prioritariamente en los territorios con índices de pobreza y vulnerabilidades superiores a otros territorios. La inversión orientada para que las personas sean más iguales en las oportunidades de acceder a servicios, a riquezas y a las libertades de disfrute de bienestar. Cuando se siembra dónde está la gente el Estado es más social, el desarrollo humano es sostenible y el acceso al poder público fortalece la institucionalidad democrática.
La territorialización de las políticas es la que da consistencia, coherencia y alineamiento a los planes regionales, provinciales y municipales con la Estrategia Nacional de Desarrollo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el programa de gobierno. Las metas del Gobierno únicamente serán viables, alcanzables, eficientes, eficaces y pertinentes si operan bajo el enfoque de territorialización. El enfoque de la descentralización territorial de la inversión pública es el modelo de compartir y transferir poder desde arriba hacia abajo y el ejercicio de la democracia desde abajo hacia arriba.
El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD) es el órgano rector de la planificación de la Administración Pública dominicana. Es su desafío misional el conducir el proceso de la territorialización de las políticas públicas mediante la articulación de los actores públicos, privados y de la sociedad civil en las regiones, provincias y municipios, para garantizar calidad de vida fundamentada en derechos, inclusión y el buen vivir en democracia. El MEPYD cuenta con capital humano, medios, herramientas, instrumentos y experiencia en el carácter científico de sus acciones para conducir o coordinar la articulación de la territorialización de las políticas. Y decidido hacerlo.
Por su lado, el consejo de desarrollo en las tres escalas (regional, provincial y municipal) es el instrumento especial, concreto, efectivo y articulador para revestir de legitimidad las mejores decisiones que producirán impactos medibles de indicadores de bienestar y satisfacción con las políticas públicas. Los planes de desarrollo, que integran el Sistema Nacional de Planificación, que nacen desde los consejos, son o deberían ser la razón de ser de los presupuestos municipales y del gobierno nacional en el territorio. En contrario, sin la gestión del instrumento plan-presupuesto, la política pública tomaría el camino de la centralización. Es universalmente reconocible que la democratización territorial del presupuesto atraviesa por la superación del caciquismo, alcaldismo, presidencialismo o palacionismo. Variables que son dominantes en la tradición pública. Un gran desafío a mediano y largo plazo es producir ruptura con esta cultura para avanzar en la territorialización.
El camino recorrido en la historia de la Administración Pública dominicana ha sido el de las decisiones desde despachos y desde las direcciones y ministerios asentados en Santo Domingo más que desde la coordinación en el territorio o con la gente. Camino que es necesario revertir. La apuesta del cambio de paradigma se está haciendo desde MEPYD, y hay voluntad política para hacerlo.