En la realidad dominicana hay muchos actos reñidos con la ética: robos, malversación de fondos públicos, crímenes y abusos contra las personas más débiles, pendientes de ser sancionados. En muchos de estos casos simplemente la justicia dominicana no se da por enterada; otros hechos son olvidados con el propósito de mantener la impunidad de quienes los cometen; en otras ocasiones después de someter los casos y comenzar a presentar pruebas irrefutables de la acusación, los expedientes son archivados por el ministerio público. En otras oportunidades se aprovecha la presencia de jueces interinos –que tienen que ganarse la buena voluntad de los jerarcas de las cortes de apelación y de las altas cortes- para emitir sentencias que favorecen a los que comenten los delitos.
Uno de los temas pendientes en la sociedad dominicana es el juicio y sanción a líderes de las iglesias católica y evangélica, que incluye a laicos, sacerdotes, pastores y obispos, que han abusado sexualmente de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Esta impunidad de la que han gozado estos líderes religiosos, está fundamentada en la alianza tradicional que tienen las cúpulas de las iglesias con los sectores del poder económico, partidario y judicial.
Uno de los casos más significativos ha sido el de la violación de niños, niñas y adolescentes en una casa de acogida en Higüey. Ahí había una banda compuesta por una asociación de abusadores y abusadoras que sin ningún tipo de piedad y compasión violaron a los niños y las niñas. La mayor parte de las personas que cometieron esos hechos se escondieron bajo el manto de la impunidad. Otro caso significativo fue el caso del convicto Domingo Espinal, ex-sacerdote quien fue sentenciado a 15 años por violación de menores y que –sin que se haya explicado el motivo- fue dejado en libertad, hasta que fue re-apresado de nuevo año pasado. Otro caso no menos significativo ha sido el del Padre Jhonny (Juan Manuel Mota de Jesús), acusado de violación de menores a quien la fiscalía de Constanza le archivó el expediente recientemente. Últimamente, dos de los casos de pederastia más sonados y pendientes de justicia hacen referencia a dos religiosos polacos: el caso del nuncio Josef Wesolowsky y el del Padre Wojciech Gil (conocido en el país como Alberto Gil), cuyos procesos penales han sido abiertos por la fiscalía de Varsovia, la capital de Polonia.
Al tema de la violación sexual y psicológica de niños, niñas y adolescentes se une el hecho de la paternidad irresponsable de algunos sacerdotes, pastores y –obispos- que tienen hijos e hijas a quienes abandonan a su suerte. Son capaces de estar predicando la responsabilidad social y personal, sin embargo ellos mantienen una conducta de irresponsabilidad ante la alimentación, estudio, salud de niños, niñas y adolescentes que han generado en relaciones furtivas, temporales o permanentes.
Aunque estos casos de impunidad relacionados con abusos sexuales cometidos por gente de las iglesias católica y protestante no son nuevos, pues hay casos de esos desde la fundación de la República Dominicana, la situación se agravó en los últimos 30 años; no sólo en nuestro país, sino en varios países de los diferentes continentes. Por eso la jerarquía de la Iglesia Católica ha tenido que pagar millones de dólares en indemnización a las personas que han sido violadas por sacerdotes y obispos.
Estos casos de pederastia y de abuso sexual se han desarrollado mucho más en las últimas décadas, en las administraciones de los dos papas anteriores al actual; las administraciones vaticanas Wojtyla-Ratzinger (1978-2013). Ambos papas representaron al sector eclesial más conservador. En torno a ambos se desarrolló una política de persecución a los sectores progresistas de la Iglesia Católica y se instaló en el Vaticano una corriente ligada a los sectores representantes del capitalismo salvaje, en su versión neoliberal; un número significativo de eclesiásticos y feligreses cercanos a la jerarquía utilizaron sus puestos y funciones para hacer negocios turbios, e incluso utilizaron el Banco Vaticano para realizar transacciones y acciones poco transparentes. Esta situación habría causado, según la opinión de algunos analistas, la renuncia del Papa J. Ratzinger (Benedicto XVI) el año pasado.
A partir de la administración del primer papa latinoamericano, Jorge Mario Bergoglio (Papa Francisco), soplan nuevos aires en el Vaticano. Es por eso que el Vaticano ha despojado de su condición de diplomático y de sacerdote al ex – nuncio del Vaticano en República Dominicana (2008-2013), Josef Wesolowski. Ahora se encuentra esperando un juicio de fondo. Lo mismo ha sucedido con el caso del padre Wojciech Gil (conocido en el país como Alberto Gil). Ambos casos están siendo investigados por la fiscalía de Varsovia, a solicitud de la procuraduría de República Dominicana.
No sabemos cuánto tiempo permanecerá en el Vaticano Jorge Mario Bergoglio. No obstante él parece ser una persona coherente y bien intencionada y decidida a sancionar los abusos sexuales de los líderes eclesiásticos. La duda es si logrará influir significativamente en el tema del cambio de actitud ante estos problemas de abusos sexuales a niños, niñas y adolescentes.
Aprovechando la voluntad política que viene de la actual administración vaticana la justicia dominicana tiene la oportunidad de des-archivar varios expedientes de gente ligada a la iglesia católica y evangélica que tiene asuntos pendientes con el pueblo dominicano y con la justicia por cometer actos de abuso sexual y psicológico contra una población indefensa.
¿Será capaz la justicia dominicana de aplicar todo el peso de la ley contra estas personas? ¿Seguirá la impunidad? ¿Seguirán siendo las y los líderes de las iglesias gente intocable igual que las élites económicas, partidarias y judiciales? ¿Cuál es el precio de tal impunidad? ¿Están los líderes religiosos, católicos y protestantes y de otras experiencias religiosas dispuestos a asumir un cambio de actitud y de conducta? Ojalá que pudieran asumir la propuesta del Papa Francisco cuando señaló: "Quisiera subrayar con fuerza que debemos comprometernos todos para que todas las personas, y en particular los niños, niñas y adolescentes, que son uno de los grupos más vulnerables, sean siempre protegidos y defendidos".
El cuidado y la protección de los niños, niñas y adolescentes ante cualquier persona adulta que los pueda agredir o abusar sexualmente –ya sea familiar o particular- exige, además, que no queden impunes los casos de violación, que siga habiendo voces proféticas que los denuncie y que promuevan proyectos e iniciativas que ayuden a sanar las heridas de quienes han sido violados/as, violentados/as y les ofrezcan la posibilidad de convivir en ambientes sanos, llenos de amor, afecto, cariño y solidaridad.