El asesinato de Ubrí Boció, Coronel  de la PN , cometido alrededor de la forma de operación de un taller donde se desguazan  automóviles robados con la participación agentes de esa y de otras instituciones supuestamente del orden  público, coincidió con el incremento de la sostenida acción de sectores de la clase política, tendente a desguazar el territorio nacional, a través de innecesarias creación de nuevos municipios o distritos municipales  o elevando estos últimos a la categoría de los primeros.

Los unos desguazan automóviles robados para venderlos por partes, los otros desguazan el territorio para apropiarse del dinero que se le asignaría a esas nuevas instancias territoriales. Ni los unos ni los otros actúan al margen de una estructura protectora de sus acciones, pues como se sabe, diversos estudios han demostrado que no existe ninguna estructura criminal, delincuencial y de corrupción política que no esté incrustada en las diversas instancias de las estructuras de los poderes institucionales y fácticos de la sociedad de que se trate.

En efecto, muchas comunidades, algunas con un número de habitantes relativamente  significativo, claman porque les sea concedido la categoría de municipios o de distritos municipales, con la esperanza de que de esa manera se les asignarían los recursos para financiar los servicios y las obras de infraestructuras básicas para un mejor discurrir de la vida cotidiana. Con esa esperanza especulan algunos políticos que en los momentos de campaña prometen la obtención de las referidas categorías   territoriales.

Si bien con esa esperanza se especula, en el fondo esta no es más que un reflejo de la incapacidad de los ayuntamientos de dar servicios a las comunidades que circundan los cascos urbanos de sus municipios, debido, en general, a la conjugación de la ineficiencia de esos entes locales para generar recursos por cuenta propia para ofrecer los servicios mínimos propios de sus competencia y a la corrupción en el manejo de los fondos que administran.

En la creación de la figura de distrito municipal, con las funciones que se le dio, subyace la idea de que la mera descentralización hace más eficientes y más democráticos los poderes locales. Ese equívoco condujo a algunos municipalistas a subestimar el marcado interés de la mayoría de las direcciones de los partidos en crear nuevas estructuras territoriales como nuevas fuentes de empleos y de poder.

En esencia, por las competencias que se les dio a los distritos municipales, que son básicamente las mismas de los municipios, se hizo una creación masiva de nuevos municipios. Esta circunstancia, complica seriamente el tratamiento y retrasa sustancialmente el avance en los temas de ordenamiento y planificación territorial y obliga a un replanteamiento de las competencias de los gobiernos locales, en un contexto de debilidad de las organizaciones de la sociedad civil y de fortaleza de un sistema de partidos fundamentalmente clientelar y corporativo.

De hecho, ahora tenemos  387 municipios, que es la  suma de 232 distritos municipales y 155 municipios formales, la mayoría con extremas deficiencias administrativas e institucionales y con altos niveles de corrupción, que discurren en un sistema complicidades para desguazar y repartirse el territorio.

Este tollo institucional no puede ser ignorado por los candidatos presidenciales para los próximos comicios, pues ningún plan de desarrollo nacional puede ser viable sin un claro establecimiento de los ámbitos de competencias de los gobiernos nacional y local y con comunidades secuestradas por los intereses de las estructuras partidarios en las sociedades locales.

Sin una ruptura con ese sistema de complicidades para desguazar el territorio este país resulta inviable. Esa es la cuestión y no otra..