Este pasado 7 de enero conmemorábamos el Día del Poder Judicial. Dicha conmemoración se encuentra ordenada en un pequeño párrafo del artículo 40 de la Ley 327 del año 1998 de Carrera Judicial en el capítulo V que trata sobre Licencias, Permisos, Abandono del Cargo, Día del Poder Judicial. Yo llegué a pensar, cuando vi lo de la conmemoración, que se trataba de algún mérito que dicho poder del Estado puede esgrimir, para que se le confiera tal festividad.
Organizaciones sociales aprovecharon en este año esa conmemoración para dar a conocer públicamente la indignación de la mayor parte de la sociedad dominicana, precisamente por el hecho de que no tiene el Poder Judicial, muchos méritos que mostrar a nuestra sociedad en los últimos tiempos. Dicha manifestación ha causado indignación en círculos gubernamentales, pero entre la población ha sido mayoritariamente valorado el acto simbólico que representa la indignación antes mencionada.
El artículo 1 de la mencionada Ley 327-98 regula los "derechos y deberes de los magistrados del orden judicial en el ejercicio de la función jurisdiccional del Estado, estableciendo las normas de trabajo entre éstos, para garantizar LA IDONEIDAD, LA ESTABILIDAD E INDEPENDENCIA de los mismos" para que se estructure según los méritos la carrera judicial sin discriminación basada en "motivos POLÍTICOS, SOCIALES, RELIGIOSOS O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE".
Otra ley, la número 194-04 es la que otorga AUTONOMÍA FUNCIONAL al Poder Judicial, lo que significa que sus actos DEBERÍAN SER autónomos o independientes de cualquier otro Poder Público o influencia. En realidad sabemos que esto no es así, que el propio Poder Judicial viola hasta la ley que le otorga su esencia. Si leyéramos concienzudamente las leyes pudiéramos percatarnos del espíritu que las moviliza. ¿Por qué esto es así? Porque las leyes están hechas no para hacer justicia, sino para defender al que tiene poder en cualquier caso que deba ventilar dicho estamento estatal. Otra razón por la cual el Poder Judicial viola sus propios preceptos es el de autonomía e independencia, caso que hemos visto con lo ocurrido a los acusados por el mentado Odebrecht.
Los ejemplos abundan en la vida cotidiana de cualquier ciudadano. Y éste es el caso de la mía. Según tengo entendido, una propiedad compartida por dos propietarios puede ser usufructuada por uno solo de ellos en su totalidad, tan solo por el hecho de que no existe el deslinde realizado, sin que la ley OBLIGUE a cualquiera de los propietarios a deslindar su porción de la propiedad antes de violar el derecho del otro propietario. Es entonces cuando el propietario que ha sido violentado en su derecho debe hacer uso del CALVARIO que significa someter a la justicia al violador, esto sin tomar en consideración con cuántos AMIGOS cuenta dicha persona para apoyarlo en la violación del derecho mencionado. He ahí la muestra más fehaciente de la independencia y autonomía del ejercicio del Poder Judicial.
En este sentido, este escrito no constituye un artículo de opinión, es más bien una denuncia sobre el flaco ejercicio de defensa de los derechos ciudadanos, en este caso el del derecho de la propiedad privada, que lleva a cabo el Excremento Institucional que tiene nuestro país como Sistema Judicial. La denuncia es por la violación a mi derecho de propiedad sobre parcelas invadidas y a cuyos invasores la Dirección Provincial de Medio Ambiente de la Provincia Monseñor Nouel les concede permiso para cortar pinos sembrados violentando mi derecho de propiedad, derecho que había sido cancelado con la presentación de mis títulos correspondientes, y a un año de haber solicitado yo el permiso para dicho corte se me niega, con la excusa de una supuesta litis, y estando casualmente de visita en la propiedad nos encontramos con la maravillosa sorpresa de que el Ingeniero Ricardo Abreu se ha apurado en otorgar permiso de corte, luego de que a finales de diciembre le recordáramos que aun seguíamos esperando su decisión sobre el permiso al usufructo de mi propiedad, lo cual no es posible porque el derecho en este país NO SE TIENE, sino que SE COMPRA.
Existe toda una red dentro del Ministerio Público de esa provincia donde los abogados se dedican a hacer contratos de compra venta de terrenos en propiedades privadas lo cual hace que violadores de una propiedad se abroguen derecho sobre la misma por el hecho de haberla "comprado" muchas veces a sabiendas, porque no son tontos, de que los terrenos que pretenden adquirir son de propiedad privada. Uno de estos abogados, apellido Núñez, es un reconocido estafador en dicha demarcación geográfica nacional. Otro estafador lo es apellido Henríquez, que incluso últimamente usa el título de abogado, sin que haya cumplido los requisitos académicos para la ostentación de tal título.
La red costumbrista y consuetudinaria que sostiene la violación de los derechos de las personas de manera flagrante sin que el Poder Judicial pueda hacer nada para impartir JUSTICIA, porque forma parte de dicho sistema cultural que responde al paternalismo y al compadrazgo, más que al cumplimiento de lo que en realidad a JUSTICIA corresponde, es lo que impide que se establezca en esta sociedad un sistema de Justicia claro, eficiente, efectivo y JUSTO, que es lo que siempre ha faltado. Cuando debo dar mil explicaciones sobre las circunstancias en que se me violan mis derechos de propiedad, sin que a los violadores de tales derechos se les toque ni a la puerta para consultar sus razones y se les haga respetar lo que han violado, el Poder Judicial demuestra que la manifestación del lunes en la Palacio de la Procuraduría tiene todo el peso de la razón simbólica de que la Justicia no sirve en este país, de que los que la deben impartir no están cumpliendo con su rol y de que los procedimientos que se inventan no son más que una justificación para dar vida material a quienes viven de la violación de los derechos ciudadanos.
Sobre esta violación por el tema de la siembra ilegal de pinos en mi propiedad fui a la Dirección Jurídica del Ministerio de Medio Ambiente en la capital dominicana y la respuesta fue la misma, el silencio cómplice ante el involucramiento de todos los niveles de autoridad, desde el alcalde pedáneo, pasando por los técnicos ambientales, el abogado de la Dirección Provincial, así como los directores que ahora representa el Ingeniero Ricardo Abreu.
De manera que sí, tiene razón la población en echar excremento al edificio de la Procuraduría, porque no cumple con su trabajo, no imparte la Justicia como se debe. Pero lo estaremos obligando a hacerlo, que no lo duden.