Ha ocurrido una segunda vez. Y no es posible volver a permitirlo. El sistema jurídico dominicano hace mucho tiempo que es una jauría de delincuentes, una grandiosa masa de malhechores que usan su conocimiento y manejo de las leyes para violentar los derechos ciudadanos y humanos a favor de personas o grupos dispuestos a pagarles por sus diligentes diligencias, valga la redundancia. Pero NO ESTA VEZ. NO CON LA VIDA DE LAS MUJERES!
Lo que escribo hoy es una enérgica denuncia a lo que está sucediendo con el sistema jurídico dominicano. Qué bueno y conveniente es conocer los intríngulis de las leyes, procesos y procedimientos judiciales. Conocer las estructuras y niveles de mandos. Yo no los conozco, lo confieso. Pero sí soy víctima de ellos desde hace más de 20 años, específicamente, del sistema jurídico inmobiliario, que funciona a conveniencia del que pague dinero para falsificar contratos de venta, notarizarlos y registrarlos, sin que dichos actos terminen su procedimiento de traspaso de propiedad debido a su falsedad.
Hemos sido testigos del caso de Navarrete, donde una fiscal, mediante la implantación de pruebas falsas, quiso inculpar a jóvenes barberos en el negocio del narcotráfico. Pero este y otros casos se analizan por el Ministerio Público como hechos aislados, cuando la realidad es que no lo son. Prueba de ello puede considerarse el reciente conflicto en el Colegio de Abogados, donde se escenificaron trifulcas por motivos de la preparación del próximo proceso electoral del gremio.
Ya sabemos que nuestra sociedad se encuentra en franca decadencia, la inversión de valores, la falta de ética y la inmoralidad para cualquier accionar es lo oportuno para resultar ganancioso en cualquier actividad social en que participamos. Esto así porque tenemos una sociedad cuyos miembros no comprenden la hilaridad e interdependencia de todos los procesos y fenómenos que estamos viviendo, como lo son la formación en valores familiares, la estabilidad familiar, la formación integral en la escuela y/o colegios, la educación, la cultura machista. No estudiamos en la escuela filosofía, ni historia de una manera seria y responsable, no estudiamos sociología, ni historia de las culturas, sean locales o foráneas.
Ya ven que ahora debe intervenir la Ministra de la Mujer para solicitar que el Código Procesal Penal no contemple la formulación de acuerdos en los casos de violencia machista, de género e intrafamiliar. Me gustaría saber cuántos psicólogos, psiquiatras, antropólogos y sociólogos participan, además de abogados, en la formulación de estas leyes y procedimientos que involucran casos de violencia familiar. Seguramente que ninguno. Estos problemas sociales no son del dominio de los abogados, o es mejor, preferiblemente, promover una formación holística desde la educación inicial para que los ciudadanos no se encuentren con semejantes lagunas en su desempeño profesional, para que no tengan que contar con 4 o 5 instituciones para atender cada caso de su competencia.
Según los reportes de prensa consultados, en San Pedro de Macorís es un secreto a voces la emisión de acuerdos en casos de violencia machista, algo inaudito, si se toma en cuenta que se está liberando a un asesino en potencia, lo que acarrea una responsabilidad institucional sobre la muerte de esas mujeres que son asesinadas luego de la consecución de dichos acuerdos.
La sociedad tiene que hacer algo. Se ha aceptado pura y simplemente la inversión de valores y el principio de que el fin justifica los medios para llevar a cabo nuestra vida futura. Pero constituirse en asociaciones de malhechores para propiciar el asesinato machista es algo que debemos combatir enérgicamente. Esa estructura delictiva debe ser desmontada inmediatamente.