La semana pasada me atreví a plantear la puesta en marcha de un “Sistema Nacional de Prácticas Formativas” que, impulsado por el Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación Superior y el INFOTEP, incorpore al sector productivo en la actividad de formar personas para el empleo.

 

Mencioné que, en nuestros sistemas de educación y formación, cada año más de 81 mil estudiantes necesitan obtener una experiencia en un lugar de trabajo antes de graduarse, y que estas experiencias, a pesar de que comparten objetivos, son “diligenciadas” bajo formatos y mecanismos diversos. También comenté que el Ministerio de Trabajo está trabajando en una resolución para aportar claridad sobre las condiciones que aplican para que una práctica sea considerada como formativa, así como sobre los deberes y derechos que derivan de las mismas.

 

Hoy, quiero utilizar este espacio para reflexionar sobre las ventajas que derivan de fortalecer mecanismos que incorporen al sector productivo a la actividad docente.

 

Me parece que el sector productivo todavía necesita asimilar el valor que tiene darles cabida a estudiantes en su ambiente laboral, aunque esto altere su dinámica. Así mismo, siento que hay que insistir con el sector educativo para desarrollar de forma articulada y estandarizada nuevos mecanismos de vinculación con empresas de los que se obtenga, además de los espacios de formación para estudiantes, información que permita fortalecer continuamente los planes y programas de estudio.

 

En teoría, cuando una persona adquiere un certificado o título por haber completado un programa de estudios, se le abren nuevas oportunidades de realizar más actividades y ¿por qué no?, de ganar más dinero realizándolas. Eso en teoría.

 

La experiencia nos ha demostrado que esto no siempre funciona así y que no podemos confiar en que, si una persona ha completado un programa que dice, por ejemplo, que “es capaz de realizar un cierre contable”, realmente sabrá asumir una tarea en que tenga que hacer un cuadre para una empresa. En la práctica solo confiamos en quienes han tenido la experiencia de realizar la labor antes de presentarse a la búsqueda de un nuevo trabajo o posición.

 

También es probable que sepamos, al momento de contratar, que el hecho de que una persona porte un certificado que lo cualifica como vendedor o vendedora, no nos permite asumir que domina, por ejemplo, las implicaciones de la Ley de Lavado de Activos. Ahora bien, si se ha desempeñado como vendedor, asumimos que conoce las porciones de dicha ley aplicables a la actividad comercial de la que procede.

 

Estos ejemplos retratan la desconexión entre el sector productivo y el sector educativo, y la desconfianza que provoca esta desconexión. El resultado, a mi juicio, es un juego del escondite perverso: empresas que buscan empleados que no encuentran y personas que buscan trabajo para lo que las empresas sienten que no están capacitados. Esta retranca para el mercado de trabajo se traduce en ineficiencia por mala asignación de los recursos y en un enorme costo de oportunidad.

 

Hacen falta nuevas y mejores formas de acercar las empresas y los centros e instituciones educativas. Necesitamos procesos, diseñados a partir de una visión sistémica, que permitan una articulación eficiente y que incidan en la mejora continua de la oferta educativa. Estos procesos deben ser medibles, tanto en su desempeño como en el impacto de su ejecución consistente.

 

Se necesitan mecanismos para monitorear estos indicadores y volverlos información relevante que retroalimente a todas las partes y contribuyan a alimentar los planes operativos del sistema de educación y formación.

 

La tecnología hoy nos permite integrar más fácilmente las operaciones de los sistemas de educación y formación. Es buen momento para impulsar iniciativas en esta dirección que permitan la toma de decisiones mejor sustentadas. Tenemos la oportunidad de reducir las duplicidades de esfuerzos entre sistemas y organismos gubernamentales en cuanto a las prácticas formativas, a través de espacios de sinergia entre todos los actores.

 

Cuando logremos esto, los esfuerzos de colocar personas en un primer empleo podrán funcionar mejor, sin que las partes involucradas se sientan forzadas a participar de iniciativas de las que no logran percibir valor.

 

Si me permitieran formular una propuesta, sería esta: que en la agenda gubernamental se incluya la creación de un Sistema Nacional de Practicas Formativas, coordinado por un comité en el que todas las partes interesadas estén representadas, y en el que se aborden los pendientes que no nos han permitido la colocación efectiva de los egresados de nuestros sistemas de educación y formación en prácticas de aprendizaje y luego en un primer empleo.