Muchos de los problemas que tenemos como país son consecuencia de la mala práctica que nuestras autoridades históricamente han tenido de creerse las dueñas y señoras del país o de las instituciones que manejan, habiendo fomentado una cultura de que contra la autoridad nada se puede.
A pesar de que han transcurrido varias décadas de democracia luego de la caída del último dictador, la ciudadanía no se ha desapegado de estos atavismos herencia de la dictadura en gran medida porque hemos seguido teniendo caudillos.
Lo que ciertamente se ha agravado por las políticas asistencialistas populistas que envían a la población, sobre todo a la más vulnerable, el mensaje equivocado de que el Estado debe ser un benefactor y los gobernantes padres que están llamados a suplir las necesidades de sus hijos.
Por eso uno de los retos más importantes que tenemos como Nación, es lograr revertir esta perniciosa cultura logrando crear conciencia en la población de que las autoridades no son ni padres, ni benefactores, ni mucho menos dueños de los fondos públicos y las instituciones. Por el contrario son meros gestores de los mismos gracias a la designación que directa o indirectamente hemos efectuado los ciudadanos mediante nuestro voto.
Cambiar esta concepción nos hará darnos cuenta de que debemos exigir a los funcionarios tanto o más de lo que exigimos a nuestros gerentes o proveedores de bienes y servicios, porque no solo administran nuestros bienes y por eso deben hacerlo con la mayor transparencia, honestidad y eficiencia, estando obligados a rendir cuentas a sus dueños, que somos todos los ciudadanos; sino que tienen el poder delegado de tomar decisiones que afectan la vida de millones de ciudadanos y la suerte de todo un país, las cuales deben consultarnos.
Desafortunadamente el temor a la autoridad, un exceso de tolerancia, el apetito por compartir las mieles del poder o de no sufrir las inclemencias de su desafecto y la escasa vocación de acción colectiva, han permitido que estas malas prácticas no solo se hayan arraigado en la vida política sino que se hayan expandido a otros espacios en el que otros entienden que también son dueños, como los gremios del transporte, cuando simplemente son proveedores de servicios que debieran poder ser seleccionados o desechados en libre competencia.
Así las cosas hemos permitido que por intereses particulares y hasta caprichos de algunos funcionarios, se tomen decisiones sin importar sus consecuencias. Desde la construcción de un metro aunque fuera la solución de transporte más costosa y no hiciera sentido costo-efectividad, la agresión a las ciudades mediante demoliciones, construcciones y celebración de actividades en los espacios inadecuados hasta el archivo de expedientes acusatorios por la voluntad amañada de un mal funcionario carente de todo fundamento.
Por eso debemos hacer ver a los que se creen dueños de nuestro país, instituciones, ciudades y recursos, que no son más que administradores que ejercen sus funciones gracias a nuestra elección y que deben estar sometidos al permanente escrutinio público dando cuenta de todo cuanto hacen, así como escuchando nuestros reclamos y debiendo consultar a la sociedad todas las decisiones fundamentales, utilizando los mecanismos de participación y consulta ciudadanas que ya están establecidos en nuestra Constitución y leyes, pero que tristemente son letra muerta.